Meade, el golpe definitivo al campo

En Hacienda retuvo pagos a productores aún pendientes desde 2015

Precandidato fue parte del “triángulo de las mentiras” contra maiceros

El precandidato presidencial José Antonio Meade Kuribreña acaba de hacer compromisos con el campo mexicano, que sólo son distractores para que el sector rural permanezca indefenso ante el golpe definitivo que prepara el régimen actual con la expedición de la nueva Ley General de Aguas, versión igualmente perversa que su antecedente frenado en 2015, llamada entonces Ley Korenfeld.

Las promesas recientes del aspirante priista no pueden ser tomadas como una oferta formal y digna de confianza, porque Meade sigue el mismo discurso de Enrique Peña Nieto en 2012, cuando el presidente en turno hizo un acto demagógico en Guasave firmando un acta notarial que señalaba la atención prioritaria que tendría el campo.

Este mensaje de Meade no es congruente con sus actos de secretario de Hacienda y Crédito Público, porque los productores de maíz aún no reciben los pagos que les debe el gobierno federal desde hace tres años.

El precandidato no menciona en sus actos de proselitismo los incumplimientos de la dependencia a su cargo y tampoco aborda el proyecto legislativo encargado a la fracción priista en la Cámara de Diputados, que se propone incluir en la agenda del presente periodo ordinaria el tema de la nueva ley, encaminada a otorgar las concesiones del agua a perpetuidad, comprometiendo los ríos y las infraestructuras de riego y de suministro de agua potable, para que sean operadas por grandes empresarios vinculados con el gobierno peñanietista. Entre los mencionados como favorecidos con el negocio del agua, asunto que empieza a encontrar espacios en los grandes medios nacionales, se encuentran Carlos Hank Rhon y Juan Armando Hinojosa, del grupo Higa.

DEL “RESCATE DEL CAMPO” DE EPN A “REFORMA PROFUNDA” DE MEADE

Entre la convocatoria notariada de Peña Nieto para el “rescate del campo” y la recién anunciada “reforma profunda” ofrecida por Meade, existe una similitud evidente.

El candidato de hace seis años y el actual precandidato en gira han coincidido en la oferta demagógica de ofrecer, ahora sí, la entrega de recursos oportunos y suficientes a los productores del campo. Ambos abordan el mismo tema de “hacer justicia” a los ejidatarios y de destrabar el financiamiento para capitalizarlos e incorporarlos al desarrollo.

Pero Peña no respetó su palabra empeñada y Meade no pasa la prueba para concederle al menos el beneficio de la duda en lo que promete.

Al frente de la SHyCP dispuso, del 7 de septiembre de 2016 al 27 de noviembre de 2017, de tiempo e influencia suficiente para regularizar los pagos pendientes a los campesinos, si es que sean verdad sus palabras de que siempre ha sentido y le preocupan los problemas de los productores de alimentos básicos.

Fue omiso o de plano cómplice en el “jineteo” o desvío de recursos para hacer la justicia tantas veces prometida por la élite del gobierno.

En este tramo histórico, la corrupción en el manejo de los dineros federales al campo encontró la mayor corrupción de su historia, de lo cual existen denuncias de hechos concretos en Sinaloa.

Como secretario de Hacienda, Meade desperdició la oportunidad histórica de anticipar con actos concretos su simpatía hacia los productores agrícolas. Sólo demostró su empatía con los que han “jineteado” el dinero del presupuesto destinado a pagarles los apoyos comprometidos.

ENÉSIMO ENGAÑO A MAICEROS EN SEPTIEMBRE DE 2017: MEADE-CALZADA-QUIRINO

Inaceptable la palabra del precandidato si los hechos del secretario no la avalan.

En septiembre pasado, cuando Meade ya platicaba en privado su segura postulación priista, no tuvo reparo alguno en ser parte de otras maniobras sin escrúpulos para apoyar a su colega José Calzada Rovirosa, secretario de Agricultura y al gobernador Quirino Ordaz Coppel, en la contención de las protestas de campesinos maiceros que fueron a tomar las oficinas centrales de la SAGARPA en la Ciudad de México, exigiendo un precio de 4 mil pesos por tonelada.

“El triángulo de las mentiras” del gobierno federal y estatal fue una de las peores perversidades de los últimos años contra el sector productivo rural.

Con los inconformes en las calles de la capital del país, Calzada y Meade ordenaron al gobierno de Sinaloa que regresara a los “revoltosos” a sus lugares de origen.

Para conseguirlo, instruyeron a Juan Habermann Gastélum, secretario de Agricultura y Ganadería de Quirino Ordaz para que saliera a declarar públicamente la seguridad de las negociaciones que supuestamente realizaban los mencionados funcionarios del “triángulo de las mentiras” para asegurar el pago “inmediato” de 3,800 pesos por tonelada.

Habermann logró que la CAADES y la Liga de Comunidades Agrarias manifestaran que tenían conocimiento de que estaba cocinándose un acuerdo para pagar los apoyos. Los organismos que han traicionado a sus bases, aunque siguen cobrándoles cuotas por “defenderlos”, se sumaron a la farsa sin remordimiento alguno, acostumbrados a “vender” los intereses del campo.

Los maiceros, agricultores y ejidatarios inconformes, respondieron que su exigencia justa era de 4,000 pesos para compensar el alto costo del cultivo, que a fines del 2016 registró alzas inmoderadas debido a la cotización del dólar, de hasta 22 pesos.

Habermann aumentó el tamaño de la mentira al responderles que no debían comprometer con movilizaciones inoportunas las pláticas con Hacienda y SAGARPA, que estaban “a punto” de asegurar la emisión de los 3,800 pesos por tonelada.

Los maiceros sinaloenses aceptaron la versión del funcionario estatal y regresaron a la entidad. Pronto se convencieron de que habían sido víctimas de otro engaño: ni 3,800 pesos ni el “pago seguro e inmediato”, que aún siguen esperando.

Este antecedente fresco en la memoria de las víctimas, aporta razones de peso para que en el campo se tomen con reservas e incluso con incredulidad las preocupaciones que manifiesta el precandidato Meade por la compleja problemática que viven los campesinos.

Ellos no comprenden la visión política del régimen que tuvo en Meade a un referente y coludido, al pretender que los maiceros aceptaran “por razones económicas” inaceptables un precio muy diferente a los 4,500 pesos que alcanzó el grano básico hace exactamente diez años.

Al poner en la balanza el antecedente del pacto no cumplido por Peña Nieto y las acciones ejercidas por Meade Kuribreña en Hacienda, contra lo que ofrece como estrategia para el sector productivo rural si llega a la presidencia de la república, la inclinación natural es a no creer en más promesas de candidato.

Lo seguro es la privatizador nueva Ley de Aguas

 La nueva Ley General de Aguas será un golpe definitivo al campo y al manejo del agua en este mismo periodo ordinario de sesiones.

Denuncias expresadas en distintos medios nacionales refieren que un elemento cautivo del sistema, un hijo del ex gobernador mexiquense y ex secretario de estado, Ignacio Pichardo Pagaza, corrigió y aumentó el proyecto de la Ley Korenfeld, detenida en 2015 para dar paso a otras reformas estructurales que en ese momento interesaban más al régimen.

Esta vez, la iniciativa tendrá prioridad y es una amenaza para el campo, un golpe definitivo en la boca del estómago de los productores, igual que para el uso del agua en todas las demás actividades, incluyendo el consumo humano.

La intención, advierten organismos diversos, es privatizar el recurso esencial para la vida y convertirlo en negocio de los grandes capitales alineados con el gobierno actual.

El Instituto de Geografía de la UNAM, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el Programa de Medio Ambiente de la Universidad Iberoamericana y el organismo Gestión Integral del Agua, son instancias que han abordado el riesgo que está incubándose en el asalto final en el Congreso de la Unión para expedir la mencionada ley.

A pesar de la resistencia de la oposición, ese proyecto pasará por la misma ruta que siguió el régimen para imponer la Ley de Seguridad Interior.

Las nuevas disposiciones privatizadoras del agua pretenden aplicar concesiones de por vida, con el pretexto de que se trata de darle estabilidad al manejo “eficiente y transparente” del recurso natural.

En el campo, los distritos de riego y los módulos de productores tendrían una dependencia de las grandes firmas beneficiadas con el recurso, al extremo de que hasta los cauces de ríos y arroyos dejarían de ser bienes nacionales.

El tema provocará un fuerte debate público, por lo que está demorándose su exposición en las cámaras legislativas para no generar más problemas a las candidaturas del PRI y sus aliados.