Brotan los programas electoreros en Sinaloa

La hidra de la corrupción electoral se niega a morir: Apenas le cortan un tentáculo, y le brotan dos o tres o más. En Sinaloa ya se puso a galope la operación compra de votos mediante el condicionamiento de las prestaciones de los programas públicos a cambio de la entrega de credenciales de elector o de la promesa de sufragio. Con obvios propósitos.

Como se trata de fin de sexenio federal, en Sinaloa esos “usos y costumbres”, instituidos para favorecer al partido en el poder, tienen un agravante: Los delegados le “capan la cochi” a esos recursos para reponer el agua que se le está acabando al bule. Los delegados por supuesto trabajan para los proyectos del PRI. Se afina la maquinaria desde la delegación de la Secretaría de Gobernación o desde el propio tricolor, qué más da.

No hay caja aborrecida donde no se cumpla la conseja de que “en arca abierta hasta el justo peca”. Pongámosle números a la fuente de financiamiento ilícito de las campañas electorales: 152 programas sociales federales, dos mil 528 programas estatales y tres mil 811 municipales. Entre los tres órdenes de gobierno se han descubierto duplicidades incluso de padrones. Todo para mantener a los llamados “votantes cautivos”.

Lo ponemos a nivel macro, toda vez que el calendario electoral de 2018 abarca todo el territorio nacional. A los programas sociales federales se agregan aquellos etiquetados a programas de infraestructura, en cuyo caso aplican para obras y servicios. Obras que privilegian algunas zonas o sectores sociales también a cambio de que apoyen en las urnas a los gobiernos priistas.

Pista uno: Durante lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, se ha detectado la derrama extraordinaria hasta por más de 33 mil millones de pesos en los meses previos a los procesos electorales.

Esa desviación ha estado a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que en años electorales ha operado discrecionalmente “ampliaciones presupuestales” sin consultar a la Cámara de Diputados, única facultada para el diseño y etiquetado del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Pista dos: 75 por ciento de las asignaciones de contratos no se hace mediante convocatoria a licitación pública, como lo establece la norma: Se otorgan directamente; “por invitación”.

Pista tres: De acuerdo con los resultados de revisión de las Cuentas Públicas del gasto gubernamental que hace anualmente la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, han  florecido como hongos las “empresas fantasmas”.

Son esas firmas las que se encargan de expedir facturaciones falsas para que las dependencias de gobierno “comprueben” pagos tras los que se esconde el desvío de recursos presupuestales para las campañas electorales, hoy o para los bolsillos de funcionarios públicos o sus compadres.

Como se ha comprobado hasta la saciedad en el caso del ex gobernador priista de Chihuahua, César Duarte, las operaciones pasan ya por la ingeniería financiera y sus alcances rebasan los límites territoriales de los estados hacia otras entidades de la República donde, para ese caso, el PRI estuvo en campaña electoral.

El catálogo del que damos apenas una pálida estampa, informa que las formas de financiamiento ilegal de las campañas electorales se han sofisticado en razón del aprovechamiento personal que de esas trapacerías hacen los administradores del dinero gubernamental, pero las formas primarias de compra de votos siguen vigentes.

Entre esas formas primarias está la de utilizar los padrones de los beneficiarios de los programas sociales a los que les secuestran las credenciales de elector como garantía de que votarán por los candidatos del partido en el poder.

El Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas Sociales (Coneval) es uno de los órganos que más documentación ha recabado sobre esas prácticas clientelares que medran sobre la necesidad y hasta el hambre de las familias más necesitadas.

Los planes de reconstrucción después de los terremotos de septiembre de 2017 son un monumento a la impudicia del gobierno: Los comités de damnificados, organizaciones no gubernamentales y, obviamente, algunos partidos políticos, han denunciado que los auxilios (originalmente unos 48 mil millones de pesos) se han retenido deliberadamente para aplicar su ejercicio en el periodo de campañas formales en nueve estados afectados por los sismos.

En estricto rigor, lo que hasta las elecciones federales intermedias de 2015, eran conductas de facto y penalizables, fueron “legalizadas” por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Entre esas conductas se incluían reparto de dádivas, entrega de recursos en efectivo y el uso clientelar de los programas públicos. En las mismas se incluía el flujo de dinero contante y sonante donado a las campañas por contratistas privados.

Ya en 2017, precisamente en el Estado de México, tierra de Enrique Peña Nieto, el INE se puso flojito, flojito. Le autorizó al PRI y a su candidato Alfredo del Mazo Maza usar los programas sociales para coaccionar el voto.

Ya para fines de año, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio su bendición para que partidos políticos y candidatos repartan tarjetas bancarias con disposición de efectivo. En Edomex, esos plásticos fueron identificados el año pasado como “tarjetas rosas”, entregadas a mujeres en edad votar.

(En el Valle de México el PRI ha caído en la desmesura: Se hizo de los padrones de pensionados del IMSS y el ISSSTE. Le está ofreciendo un importe igual al monto de la pensión durante los meses que duren las campañas federales.)

La otra vertiente de las operaciones clientelares son los planes y programas de 2018 a cargo de las diversas secretarías federales, en cuyo caso son los delegados en los estados los encargados de condicionar obras y servicios a cambio de votos, para todo efecto, en favor del PRI.

En Sinaloa, delegados federales que tienen con la responsabilidad llevar programas sociales, se han sacado de abajo de la manga algunos proyectitos adicionales, en “apoyo al electorado”, que conste, ávido de recibir rodo tipo de respaldos. Algunos han ofrecido como panacea de los problemas incluso el programa de empleo temporal, ofreciéndoselos únicamente a quienes se comprometan jalar votos para el PRI.

No es casual entonces que  partidos y candidatos de oposición están poniendo en el centro de su atención la formación de brigadas cazamapaches. Ya no sólo en territorio electoral y el día de la jornada electoral, sino en los despachos mismos de los funcionarios públicos que tienen a su cargo la gestión de recursos y la aplicación de los programas gubernamentales.

Álvaro Aragón Ayala

Conductor del programa de radio Ruta Mexico y analista politico en Radio UAS, Diario de Sinaloa y Director Ejecutivo de Proyecto 3.