Tufos de “violencia electoral” en Sinaloa

La gran incógnita de 2018, es si -a menos de seis meses de la gran cita en las urnas- se logrará revertir el clima de violencia para tener una sucesión legislativa y presidencial pacífica. En Sinaloa hay lecturas de que la violencia política podría empañar los comicios. Hay antecedentes de pasadas elecciones del uso de cuerpos policiacos y secuestros para inclinar las votaciones a favor de los candidatos del PRI.

Uno de los factores que incide en ese estado de incertidumbre, es la evidente impotencia de los árbitros  electorales -consejeros y magistrados federales, en visible choque institucional entre sí- que no logran hacer conciencia entre los beligerantes, partidos y precandidatos, para que orienten su pugna por los cauces de la normatividad civilizatoria.

Si no pueden “vivir en armonía” los órganos electorales mucho menos podrán controlar las elecciones amenazadas por la violencia, el crimen y los intereses de los caciques políticos.

Debe consignarse sobre todas las cosas, es que el mandato constitucional define las garantías ciudadanas para la emisión del voto electoral informado, libre y secreto. Las define, pero en estados como Sinaloa, no hay quien las defienda. Los gobiernos del PRI han hecho y desecho. Y los órganos electorales locales/federales son controlados por los Dueños de la Plaza política. Carecen de independencia.

Para colmo, el diferendo entre el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha exacerbado desde el momento en que los magistrados federales han institucionalizado de facto formas de coacción del voto, abriendo vía libre al uso de instrumentos de cohecho económico mediante la liberación de tarjetas con disponibilidad en efectivo y especie, y la utilización indiscriminada en campaña de los programas sociales de naturaleza pública.

Ese despropósito ha colocado en carriles diferentes a la autoridad administrativa y a la autoridad jurisdiccional en materia electoral.

Si la estructura institucional se subvierte, lo peligroso de esa ruptura abona al clima de barbarie criminal que sólo en 2017 -siguiendo una tendencia que viene de años atrás- ha cobrado en el país la vida de al menos nueve presidentes municipales en funciones y candidatos a alcaldes o a diputados, a más de dirigentes de diferentes partidos en el ámbito estatal y local.

No obstante que las bajas mortales corresponden a diversos partidos, las dirigencias nacionales de estas formaciones en algunos estados no son capaces de recapacitar en el efecto búmeran que amenaza con subir a escalas de otros niveles de mando interpartidistas y en las campañas mismas que están por entrar en su etapa constitucional.

En Sinaloa sí, no solo hay alarma en el PAN, PRD y MC y otros partidos por que los actores del PRI pueden desatar la barbarie política, agrediendo, amenazando o secuestrando personajes claves de la oposición, sino también por la “escalada de violencia digital” que orquestaría ya el PRI con el apoyo de algunos enviados de Televisa.

En sí, el marco general ominoso. Recientemente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la que México es Estado parte, emitió un reporte de fin de año en el que subraya que en nuestro país la pobreza es dos veces mayor que el promedio de los países miembros.

En ese rubro se documenta la crisis con la situación de al menos cinco entidades específicas, en tres de los cuales en 2018 habrá elecciones de gobernador: Veracruz, Chiapas y Morelos, de gran densidad electoral. En Sinaloa no hay tal crisis porque “territorios bien definidos” se sostienen de la narcoeconomía aunque hay comunidades sin habitantes dado que la violencia ha generado el desplazamiento de familias.

Precisa bien la OCDE que, pese a un nuevo sistema penal, México encabeza la lista de naciones con tribunales judiciales ineficaces y lentos y con gran uso de violencia a la hora de aplicar la ley.

La corrupción, continúa el documento consultado, siguen siendo un problema mayor: 60 por ciento de los encuestados cree que la corrupción gubernamental es generalizada. En este aspecto, las asignaturas pendientes anulan los avances hasta ahora formalizados en la ley. Esa corrupción se traslada al desaseo de los órganos electorales y las elecciones.

De aquellos tres factores sigue que sólo 46 por ciento de las personas se sienten seguras de caminar solas por la noche, muy inferior al promedio de los otros 34 países donde la confianza alcanza hasta 68 por ciento. En épocas de elecciones la cifra de personas inseguras sube en Sinaloa porque los activistas políticos temen ser secuestrados o bien agredidos por los cuerpos de seguridad pública.

Si el libre tránsito es una de las garantías constitucionales, es obvio que su negación puede repercutir en la movilidad de los ciudadanos que atenderían el llamado a votar el 1 de julio.

Así pues, podría haber una consecuencia sería automática: El abstencionismo que habría de marcar el proceso de 2018 para la formación de nuevos poderes públicos, en el que se juega básicamente el principio de legitimidad del poder, ya por si erosionado con la manga ancha para la compra de votos.

Ahora mismo es visible la conflictividad electoral: Entre 2016 y 2017, la instancia jurisdiccional ha desahogado más de 11 mil litigios cuya sentencia, por añadidura, no ha satisfecho a los actores en pugna. Rumbo a 2018, se siguen acumulando expedientes a granel.

El signo de las precampañas, lo mismo si se trata de candidaturas partidarias o independientes en los tres niveles de elección, lo subraya, según normatividad del INE, la omisión de reportes de los gastos que deben pasar por el órgano fiscalizador del instituto, en cuyo caso el riesgo es que se cancelen los registros de algunos de esos precandidatos al pasar a la etapa constitucional.

A la exacerbación del conflicto contribuyen ciertos medios de comunicación metropolitanos, locales y estatales que, transgrediendo las pautas publicitarias, ofrecen sus preferencias, en tiempo y espacio excepcionales hacia determinados contendientes que, como en el caso de los independientes, se les brinda tribuna para auxiliaros en la recolección de las firmas de apoyo requeridas que por otros medios no han podido cumplir. Se ejemplifica esa tendencia en el caso del aspirante a Senador Manuel Clouthier Carrillo y de la “presidencial” Margarita Zavala de Calderón.

En otro enfoque, diversos analistas denuncian que el gobierno de Enrique Peña Nieto dilapida un millón de pesos por hora en propaganda, rompiendo el principio de equidad democrática en días en que la sucesión está en marcha.

En la contraparte, una reforma legislativa pone en riesgo de prisión a mexicanos que hacen uso de radios comunitarias como única opción informativa, según contenidos introducidos en la Ley Federal de Telecomunicaciones, lo que inclina la balanza en favor de los concesionarios empresariales.

Con un escenario así, resulta inalcanzable el imperativo de unas elecciones pacíficas para 2018 en que la voluntad popular defina el cambio en el poder legislativo y presidencial.

Álvaro Aragón Ayala

Conductor del programa de radio Ruta Mexico y analista politico en Radio UAS, Diario de Sinaloa y Director Ejecutivo de Proyecto 3.