¿Santitos en Salud?

Casi en privado se dan cambios en el Hospital General de Los Mochis luego de sofocar un expediente de la COEPRIS y una investigación penal por la muerte de 8 recién nacidos

La muerte se los fue llevando de a poquito. Pero tras once días ya eran un montón.

La historia no era de terror, pero sí de negligencia. De indiferencia y abandono. De complicidades. De sospechas. De lenguaje médico.

Lo único que sobrevive es el coraje y la desolación de los padres, el registro de la muerte de los pequeños en la ahora llamada Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, una demanda penal contra quien resulte responsable, la reserva de la información del expediente de revisión sanitaria de la Comisión Estatal de Riesgos Sanitarios de Sinaloa por tres años y la sensación de impunidad.

Los personajes no puede ser otros: Alfredo Román Messina, Secretario de Salud, Javier Salcido Castro ahora ex Director del Hospital General de Los Mochis y el Comisionado Estatal de Coepris Ignacio Zavala Escajadillo.

Así cobraba fama mundial el Hospital General de Los Mochis “Jesús Kumate Rodríguez” y su entonces titular. Habían muerto ocho pequeños en la sala de neonatos de ese lugar en extrañas circunstancias.

Hoy, ya no se mantiene en su puesto. Fue relevado con sigilo. Casi en privado.

El Dr. Gabriel Eduardo Gámez Castro, rendiría protesta en ese encargo por instrucciones de Alfredo Román Messina, Secretario de Salud en Sinaloa el 10 de enero del 2018.

El escándalo parecería sofocado. Pero la memoria del hecho aún truena en las conciencias de los familiares de las víctimas.

Solo una denuncia por esos hechos se mantiene en la vicefiscalía del Estado de las tres interpuestas ahí y en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos visitaduría zona norte.

 Santitos

Sí. Habían muerto ocho pequeños en la sala de neonatos del Hospital General de Los Mochis.

Desde el 12 de julio del 2017 los recién nacidos empezaron a abandonar para siempre sus cuneros. El informe oficial explicaba que tres murieron por prematurez extrema, ya que el primero apenas pesaría un kilo con 100 gramos con 26 semanas de gestación; el segundo sería de un kilo con 11 gramos y 28 semanas y el tercero solo pesaría 750 gramos y con apenas 17 semanas de embarazo.

La Secretaría de Salud del Estado de Sinaloa despacharía un comunicado exponiendo los detalles y uno más intentaba aclarar lo sucedido de parte de la dependencia federal a cargo de José Narro.

La institución del gobierno de Peña Nieto usaría Notimex para difundir que “dos bebés perdieron la vida por choque séptico, uno por hidropesía fetal (cuando el feto presenta una hinchazón provocada por la acumulación de líquido en una o más partes del cuerpo), uno por atresia duodenal (una parte del intestino delgado no se desarrolló adecuadamente), y otro por probable choque séptico”, según daban cuenta varios medios nacionales.

La versión solo dejaba muchas dudas.

¿Los porqués?

Ante la solicitud de información de “Proyecto 3, Voces que rompen el silencio”, el Titular de Coepris Ignacio Zavala decidiría cubrirles las espaldas al Secretario de Salud Alfredo Román Messina y al que fuera el Director del Hospital General de Los Mochis Javier Salcido Castro.

Los porqués aún no se saben. Movilizaría a su Unidad y el Comité de Transparencia para justificarlos. Para protegerlos.

Así el Presidente del Comité de Transparencia de la Coepris Jaquelín Guadalupe López Rochín, recibiría la propuesta de la Unidad, ordenado por Zavala Escajadillo, y el expediente de procedimiento administrativo de verificación sanitaria número 11/19.12/1/20 sería reservado por tres años. Nadie debía saber lo que contenía. Cuáles eran las irregularidades.

“como ya se dijo contiene información que es netamente sensible, que su divulgación representa un riesgo real que supera el interés público, puesto que de conocerse el contenido del expediente referido, se podrían poner en riesgo la vida, seguridad y/o salud de las personas que se mencionan en él como responsables y/o víctimas”, se afirmaría en el documento que también firmaron Miguel Ángel Antonio Flores Gaxiola y Arturo Javier Gutiérrez Nuñez.

Los porqués de la reserva serían todavía más escalofriantes: “impedir y/u obstaculizar y/o impedir el ejercicio de las facultades que llevan a cabo las autoridades competentes en cumplimiento del laudo que pueda resultar del expediente”

Además de “obstruir los procedimientos implementados por las autoridades para fincar responsabilidades a los servidores públicos ante la comisión de un delito”.

Y también: “entorpecer el procedimiento de responsabilidades, lo cual afectaría la resolución final y/o laudo final y/o afectar la oportunidad de llevar a cabo alguna de las garantías del debido proceso y por ende el probable responsable de un delito puede ser exonerado del mismo al violentarse sus derechos humanos”.

Para eso se reservaría la información.

Hoy Javier Salcido Castro se fue de su responsabilidad y a la fecha nadie dice nada de los probables responsables de la muerte de los ocho recién nacidos.