Productores agrícolas colocan en aprietos al PRI.

De frente a las elecciones del primero de julio del año 2018 el Partido Revolucionario Institucional está colocado  ante la disyuntiva de ajustar cuentas con los dirigentes corruptos o darle la espalda al sector agrícola del estado porque en esta actividad los productores respira los vientos del chantaje, el sabotaje y la estafa en los programas de impulso al campo.

Al hervor de las precampañas  las heridas del campo vuelven a abrirse porque los usufructuarios de las mieles de la corrupción están apagando  la confianza  de los campesinos y agricultores de pequeña escala por confiar hacia las ofertas electorales del tricolor al considerar que en la crisis del sector tiene mucho que ver la cúpula del Revolucionario Institucional y sus legisladores.

Doloridos por el atraso económico en que viven los habitantes de la zona rural y la riqueza en que cohabitan los dirigentes del sector campesino el voto del campo está en el aire.

Solo un ajuste de cuentas pudiera cambiar el rumbo del malestar de la zona rural, donde al voto se le pretende  dar rostro de despensa y se les escabullen a los campesinos sus reclamos de justicia  para poner contra el paredón político a los líderes estafadores, saboteadores y chantajistas que bajan programas para obtener ventajas económicas personales y todavía se atreven a buscar posiciones de elección popular.

En el radar de los agricultores sociales se encuentran Fernando López López que desde mediados del gobierno de Francisco Labastida Ochoa asumió la presidencia de la Unión Agrícola Regional Ejidal de Sinaloa-UARES- y todo el tiempo ha mantenido blindada la caja registradora del organismo y no ha rendido ningún informe de los ingresos económicos que se han adquirido a través de las exportaciones de hortalizas y granos.

Sinaloa arroja una producción de  2 millones 746 mil 106 toneladas en cada ciclo de siembra de las cuales el 71 por ciento se destina a la exportación y desde 1990 la UARES ha escondido las cuentas  a los productores regionales bajo el chantaje de que la disidencia que reclama cuentas claras será sacada de los proyectos productivos.

Desde la óptica de las organizaciones productivas el ambiente tiene un olor a sabotaje ya que los programas promovidos por el gobierno federal no han aterrizado en los ejidos y las regiones empobrecidas porque son bloqueados por los dirigentes.

Fernando López López tenía que ser relevado en el cargo a mediados de 1995 y a pesar de que ha transcurrido más de un cuarto de siglo desde que llego a la dirigencia de la UARES no ha convocado a elecciones y se volvió adicto a las cuotas de producción de hortalizas y granos.

Rafael Fuentes Román dirigente de la Unión de Transportistas de Jornaleros Agrícolas está colocado también en los filtros del malestar porque en más de 25 años no ha renovado los cuadros del organismo y se transformó en el capeón del monopolio del transporte de jornaleros agrícolas en la entidad.

En la espesura de la crisis campesina reverberan los estragos causados por el expresidente municipal de El Fuerte y exdirigente de la Liga de Comunidades Agrarias, José Luis Vásquez Borbolla a quien se le atribuye el acaparamiento de parcelas en la zona norte del estado.

Vázquez Borbolla apadrinó el surgimiento político de Domingo Ramírez que pasó de humilde campesino a potentado propietario de terrenos agrícolas y usufructuario de empresas del ramo agrícola.

En el camino de los productores del sector social se atravesó Ramón Barajas López que en un abrir y cerrar de ojos asumió la dirigencia de la Liga de Comunidades Agrarias para escabullirse de las persecuciones judiciales que pudieran pender sobre él por haber desfondado la economía del ayuntamiento de Guasave.

Logro su propósito porque desde la guarida cenecista compartió también el papel de diputado local y eso lo convirtió en un mercenario de la impunidad.

En la región de Petatlán dejo rechinando de coraje a la gente que gobernó al  surgir repentinamente  como magnate de costosas bodegas, que estableció en sociedad con otros ejidatarios, sólo para sacarlos cuando llegó el recurso y la empresa.

Ahora Ramón Barajas es el popis y los ejidatarios son los pobres.

Barajas López  recibió la dirección estatal de la Financiera de Desarrollo Rural, para hacer el trabajo político a favor de Mario Zamora Gastélum, que a su vez tomo al organismo para debilitar la resistencia de quienes han recibido programas a cambio del voto a favor de candidatos a fines a estos actores políticos.

Es decir están usando agua sucia para lavarse la cara.

En los estragados campos sinaloenses metió la mano Ramón Barajas para profundizar la crisis campesina al exhumar políticamente a Manuel Hernández López exdirigente de la CNC en el Valle del Carrizo que utilizo sucios procedimientos para arrebatar parcelas y crear emporios agroindustriales que no comparte con las comunidades.

Hernández López no es de los que les gusta rendir cuentas claras y no ha informado sobre el origen de la riqueza que ahora detenta y ostenta.

Con la etiqueta del caciquismo político germino a mediados de la década pasada Esteban Valenzuela García que bajo engañosos espejismos llego al Quinto Comité agrario para defender a los ejidatarios pero los utilizo para escalar posiciones y de paso los tronó para apropiarse de sus tierras.

Tampoco es de los que les gusta rendir cuentas claras.

La cereza en el pastel con olor a estafa y sabotaje son German Escobar Manjarrez y Ana Cecilia Moreno Romero que han tapado los caminos de los programas federales a las comunidades rurales y comparten los reclamos que indican que los ejidatarios están siendo robados por sus dirigentes estatales.