Legislativo autónomo, no cómplice ni servil

Legisladores, con la peor aceptación ciudadana, 17%, por su dependencia del poder ejecutivo

Es un tema que Meade, al igual que los demás candidatos presidenciales de partido, Anaya y López, en mayor o menor medida, no se atreven a abordar en sus discursos: que para restaurar la confianza ciudadana no sólo hace falta un nuevo perfil de gobernante, sino un Congreso de la Unión de ciudadanos con autonomía para llevar a la agenda las demandas sociales y no ser simplemente cómplices o serviles empleados del ejecutivo.

Ninguna de las tres alianzas que se disputan la presidencia de la república se atreven a revelar lo que opinan sobre la sumisión de los otros dos poderes del estado mexicano respecto del ejecutivo.

La mayor dependencia existe en la relación del Congreso de la Unión con el poder presidencial, a quien debe una inamovible sumisión para legislar en las formas y en los tiempos en que así convenga a este último.

En semejante actitud de obediencia abyecta está la razón del descrédito de los legisladores ante la opinión pública, que según diagnóstico reciente del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), es del 17 por ciento.

Esto desmiente la visión triunfalista de nuestros actuales representantes populares en el Congreso de la Unión, quienes se presentan en sus informes, con total desfachatez, como esforzados reformistas a la altura de los más importantes próceres de nuestra historia. Los líderes camarales conocen la certeza de ese diagnóstico del IMCO.

La baja cifra de aceptación ciudadana indica que aun la policía, en términos generales, está por encima de la calificación concedida por el pueblo a los grupos parlamentarios que sólo están en sus asientos para servir a la dupla omnipotente de los poderes político y económico.

Al llega la hora de la definición de las candidaturas a legisladores, federales y locales, y a los ayuntamientos, que arroparán a los aspirantes a la presidencia de la república, los partidos vuelven a perder de vista el perfil que requieren los contendientes que competirán por los congresos, federal y locales, así como por los ayuntamientos.

Todas las posiciones de los institutos políticos detentadores del poder en la nación vuelven a quedar reservadas para políticos, experimentados o novatos, que mejor responden al primer requisito del partido y de sus amos: la confianza en su servilismo y domesticidad.

La separación de poderes en México sigue siendo un ideal inalcanzable con los actuales partidos protagonistas de la arena política.

La independencia de legislativo y judicial respecto del ejecutivo sigue prevaleciendo. Por ser el candidato del sistema que defiende el PRI y por ser éste el operador de la sumisión de ambas cámaras legislativas, es más notoria la omisión de su precandidato presidencial al referirse a la formación y compromiso social de quienes tratan de ser parte de la nueva legislatura.

La primera conveniencia del presidente no es congruente con la realidad que vive la sociedad, que jamás ha encontrado en el poder legislativo el contrapeso que necesita el sistema para rescatar al ciudadano y situarlo como el centro de las políticas públicas y de sus objetivos.

Los grandes partidos nacionales y sus pirámides de poder se han entrelazado hasta ahora en un maridaje que cierra el paso a una apertura a los intereses ciudadanos, especialmente en el trabajo legislativo.

Por ello es que ni siquiera la militancia priista fue consultada acerca de sus preferencias entre las propuestas. Incluso las asambleas sectoriales quedaron descartadas como filtros para medir la aceptación de los aspirantes a ser postulados.

De existir un cedazo de las bases para medir el consenso de los pretensos se hubieran cerrado las puertas a prospectos sin identidad en sus comunidades, oportunistas o burócratas, algunos escasamente conocidos entre los priistas y en busca de competir para convertirse en uno de los más entregados al jefe en turno, pero no para distinguirse en el trabajo legislativo con orientación hacia el ciudadano.