La concesión del Estadio EIA en la lupa

La jugada fue desactivada misteriosamente. La intención era evitar que los ricos y poderosos siguieran recibiendo apoyos para la modernización de estadios de béisbol en Sinaloa.

La familia Vega, dueña del equipo de Los Cañeros de Los Mochis de la Liga Mexicana del Pacífico, conjuraría la operación justiciera que emprendían integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional en la entidad.

Todo parecía indicar que Morena iría tras Joaquín Vega Acuña por aprovecharse de recursos del gobierno para el disfrute en el Estadio de beisbol Emilio Ibarra Almada.

Ellos, los morenistas, planeaban develar al detalle esta estrategia, dibujada en un gordo y negro expediente, para favorecer a particulares con recursos públicos millonarios, pero no fue así.

Hubo un arrepentimiento. Tal vez un acuerdo. Nadie niega una amenaza.

Algunas voces, al interior, reniegan de la posible negociación en altos niveles que podría involucrar al propio ex asesor del Gobernador Quirino Ordaz, Rubén Rocha Moya, hoy candidato al Senado por Morena, para evitar esta lucha del pueblo por recuperar recursos que debieran aplicarse en verdaderas obras públicas que satisfagan necesidades elementales.

En la concesión del 2001 el Club Cañeros de Los Mochis pagaría 10 millones de pesos- en obras- por 15 años de usufructuar la infraestructura y los servicios del estadio.

En la aprobada por el Cabildo de Ahome en julio del 2017 no se habla de ninguna cantidad y el contrato aún permanece oculto al principio de máxima publicidad por obra, pero sobre todo por la magia burocrática, de la titular de la unidad municipal de transparencia de Ahome Adriana Lizeth Perea Escalante, que mantiene desde sus inicios políticos el herraje del Rancho La Paloma.

La historia

Es una jugada truculenta planeada desde el dog out de Los Cañeros de Los Mochis y el Tercer piso. Todos tienen turno al bat.

Son cientos de millones del gobierno para el disfrute de particulares. Es dinero del pueblo para los más ricos, dicen los representantes de Morena. Su expediente se los dice. Lo confirma.

La inversión de alrededor de 260 millones de pesos, programada para la modernización del Estadio Emilio Ibarra Almada de la ciudad de Los Mochis, es una trampa. Es una carrera de caballito empujada por bases intencionales a favor de Promotora de Espectáculos del Valle del Fuerte SA de CV, propiedad de la familia del ex líder del Partido Revolucionario Institucional Joaquín Vega Acuña.

Los datos no dejan lugar a la duda.

Priista aprovechados

La historia de los aprovechamientos del Estadio Emilio Ibarra Almada está llena de disputas y traiciones.

Quizá por ello ahora algunos representantes del Movimiento de Regeneración Nacional indagan y amenazaban con ir a la caza de los dueños de los Cañeros de Los Mochis. Sobre todo de Joaquín Vega, quien jura que en Sinaloa Morena no existe.

En la concesión del 2001, decretada por el Gobernador Juan Millán Lizárraga y publicada en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, se determinaría un pago de 10 millones de pesos, mismos que debieron de haberse invertido en obras de mejoras de las instalaciones. En su tiempo así fue.

El razonamiento de quienes andaban detrás de los dueños de Los Cañeros de Los Mochis es lógico. Para el aprovechamiento particular de un bien inmueble público deben ofrecer algo a cambio favorable para la ciudadanía una vez que media un beneficio para ellos. Tal como ocurrió en la anterior que tenía un periodo de 15 años.

La nueva concesión marcaría otro camino. En el acta de cabildo número 22 de una sesión ordinaria del día 15 de julio del 2017 en el municipio de Ahome, se determinaría “que el motivo primordial del solicitante de que se le otorgue la concesión OBEDECE PRIMORDIALMENTE A GENERAR LAS INVERSIONES RESPECTIVAS EN EL ESTADIO DE BÉISBOL para que el mismo esté en óptimas condiciones de funcionalidad”.

Por eso se le otorgó la concesión.

Además se asentaría la importancia de la presencia de peloteros de fuera: “toda vez que cuando se da el caso de la contratación de peloteros extranjeros,  dicho inmueble es verificado por personal comisionado por Grandes Ligas, de ahí de que año con año, se tengan que REALIZAR LAS INVERSIONES PERTINENTES”.

Solo que en este caso la inversión es también pública, del Gobierno del Estado y del Municipal.

En la aprobación de la concesión por 20 años de parte de 19 votos del Cabildo ahomense, mayoriteado por el PRI, se aclararía que el uso, goce y disfrute de las instalaciones del Estadio Municipal de Béisbol es para que haga prácticas de pretemporadas; presentar el espectáculo de Béisbol Profesional de la Liga Mexicana del Pacifico; así como también PARA QUE REALICE EN EL MISMO LAS OBRAS Y MEJORAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SU INFRAESTRUCTURA.

La pregunta no solo se la hacen los integrantes de Morena, ¿quién debe invertir en las obras de infraestructura del estadio Emilio Ibarra Almada?. Hoy, la respuesta parece general: el beneficiario con la concesión. El ex dirigente del PRI estatal Joaquín Vega Acuña y su hijo el presidente de la empresa Joaquín Vega Inzunza, no el gobierno estatal ni el municipal.

¿Rescisión?

La aprobación del cabildo dejaría en la cláusula 21 aspectos para la rescisión del contrato que debieran tomarse en cuenta.

A la letra establece que:  “21.- Son causas de rescisión del Contrato Concesión, independientemente de las cláusulas precedentes y por lo estipulado en la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, las siguientes:”

Y de inmediato hace una lista en la que sobresale el inciso c y e:

c) No cumplir con lo establecido en las Cláusulas 5 y 9

e) Si la empresa contraviene lo establecido en la cláusula 15

En ese sentido tal como lo determina la cláusula 5  “…el costo total de las obras que se ejecuten al mismo, será financiado única y exclusivamente por “PROMOTORA DE ESPECTACULOS DEL VALLE DEL FUERTE S.A. DE C.V”, por lo que cualquier inversión del Gobierno con recursos públicos, provocaría la rescisión del contrato.

Inversiones “confusas”

Resultaría un toque de bola para sacar carrera. En la sesión de Cabildo del 15 de julio, se daría la aprobación de la concesión a favor de la familia Vega para seguir con el goce del estadio EIA.

Entre las clausulas estipuladas en el acta se asentaría que se deberá de cumplir en el contrato con la siguiente disposición:

5.- Las obras y mejoras que realice “PROMOTORA DE ESPECTACULOS DEL VALLE DEL FUERTE S.A. DE C.V.”, al bien inmueble objeto del Contrato, quedarán en beneficio del propio inmueble al término de la vigencia del Contrato, asimismo el costo total de las obras que se ejecuten al mismo, será financiado única y exclusivamente por “PROMOTORA DE ESPECTACULOS DEL VALLE DEL FUERTE S.A. DE C.V”.

Sí, el costo de las obras que se ejecuten al estadio sería financiado única y exclusivamente por la empresa. Era la disposición de los ediles. Pero la versión pública lo desmiente. Hay inversión pública ahí y de no cumplirse es motivo de recisión de contrato.

Según el boletín de la coordinación de Comunicación de Social del Gobierno del Estado es la administración de Quirino Ordaz Coppel quien invertirá 260 millones de pesos en la modernización de la infraestructura de ese inmueble concesionado.

“Cabe destacar que la remodelación del vetusto estadio tendrá una inversión de 260 millones de pesos, y en la primera etapa que inició con este banderazo se aplicarán los primeros 50 millones de pesos, pero durante el evento, el gobernador del estado giró instrucciones al secretario de Obras, para que se inicie de inmediato la licitación de otros 150 millones de pesos, para que la obra no pare y que esté listo el nuevo estadio para el inicio de la temporada 2018 de la Liga Mexicana del Pacífico, que arranca en octubre”, apuntaría el boletín oficial.

Asalto en despoblado

En otra de las clausulas se confirma lo que entre los militantes de Morena es un clamor, a parte de la concesión, el Ayuntamiento no tendrá aprovechamientos ni pagos a favor.

El acta de cabildo 22 lo dice:

11.- En compensación por las inversiones que realice “PROMOTORA DE ESPECTACULOS DEL VALLE DEL FUERTE S.A. DE C.V”., esta no cubrirá a “EL AYUNTAMIENTO” derecho, impuesto, contribución o contraprestación alguna por los actos realizados al amparo del presente contrato, que enunciativa más no limitativamente son: la realización de obras acordes al mejoramiento y funcionamiento del bien inmueble, el uso del mismo, la comercialización de áreas del estadio, la realización de actividades comerciales, publicitarias etc., que sean aplicables conforme a la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, en la duración del presente contrato.

La realidad es que una vez remodelado el estadio, se ampliará su capacidad a 11 mil 200 espectadores, y contará con dos niveles en el graderío central y en el lateral izquierdo, Club House, nuevos bleachers y nueva iluminación para el campo, además de cabinas VIP, Sala de Prensa, y estacionamiento para autobuses de equipos visitantes y del local.

A la caza de los Vega un expediente negro se hincha de más. Morena ya andaba tras sus huesos no únicamente porque sospecha que el “patriarca mayor”, Joaquín, operaría la campaña contra Morena, sino porque grita a los cuatro vientos que para él llegaron de nuevo “los tiempos de las vacas gordas”, la pelota cara y las carreras de caballos, galgos, puerquitos y gallinas.