¿De quién es la impunidad de los desaparecidos?

Urge la operación real de una “comisión de la verdad” para responder a la desapariciones forzadas en Sinaloa y evitar su aumento

Están doblemente difuntos. Se van forzados y no existen hasta que la muerte los devuelve completos o en trozos. Luego nadie castiga su pérdida ni su ausencia.

La realidad del hecho está metida en medio de versiones distorsionadas y mentiras de ambos bandos.

La comisión de un delito o varios llega con el olvido, con el polvo y las manchas negruzcas en los terrenos despoblados. Pero muy poco, llega o se confirma, con una condena para el o los responsables.

Desaparecen de la vida, pero también son negados por las autoridades y sufren la otra desaparición, la administrativa. Y nadie los busca en las horas claves para mantener su sobrevivencia.

El nivel de impunidad para las personas desaparecidas y encontradas en fosas clandestinas es infame en el Estado de Sinaloa camina en el 93 por ciento de las carpetas de investigación.

Los números lo ratifican. En los últimos tres años solo se han podido esclarecer menos del 7 por ciento de los casos de personas muertas y desenterradas por grupos de rastreadoras y/o autoridades de procuración de justicia.

El porcentaje es mínimo, en 2015 solo se resolvieron el 10.53 por ciento, es decir solo uno y medio de cada diez casos presentados. En 2016 es el cero por ciento, es decir, ni uno solo y en el 2017 apenas el 10.53 por ciento con datos de la propia Fiscalía General del Estado, obtenidos a través de la solicitud de acceso a la información “Folio infomex 00745917”, del año anterior.

Los datos, aunque fríos, revelan muchas hipótesis de los hechos: la poca capacidad de las autoridades, la pérdida de los indicios materiales probablemente probatorios por violaciones a los protocolos de intervención de las escenas por parte de grupos no especializados, la ruptura de la cadena de custodia, en fin, la contaminación del proceso por entes extraños.

El esclarecimiento no ha sido la prioridad. Solo evitar la revictimización y darle tranquilidad a las familias de los ausentes devueltos por la tierra.

Con todo y la aprobación y promulgación en noviembre del 2017 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y su entrada en vigor el 16 de enero del 2018, permanece el abismo que su operación y desaseo traerá para las víctimas y sus familiares.

Protocolo

Para Sinaloa la implementación del Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense de la Procuraduría General de la República se volvió necesaria luego de que había sido evidenciada en una publicación nacional la falta de aplicación correcta del procedimiento en la búsqueda de personas desaparecidas y en la intervención de las fosas clandestinas.

Hoy existe todo un protocolo, que proviene del Acuerdo A/009/15 por el que se establecen las directrices que deberán observar los servidores públicos que intervengan en materia de cadena de custodia, y que la propia Fiscalía reconoce que aplica como lo señala en su respuesta a solicitud publica de información a través de su Unidad de Transparencia.

También en ese documento se precisa que se encontraron 19 restos humanos en fosas clandestinas en el año 2015, uno en los meses de febrero, marzo, mayo, junio y agosto, dos en septiembre y noviembre, 3 en abril y diciembre y 4 en julio.

Para el año siguiente la cifra aumentó y fueron 46 sepultados en fosas clandestinas localizados. Uno en mayo, dos por mes en enero y marzo, 3 en febrero e igual cifra en noviembre, 5 en junio, 10 en por cada mes en julio, agosto y septiembre.

El 2017 trajo más restos encontrados para alcanzar hasta el reporte oficial de septiembre un total 57. Así enero dejaría 6, febrero 5, marzo 6, abril 9, mayo 8, junio 13, julio 3 y agosto 7.

Esclarecimiento negativo

Solo ocho casos de 122, reconoce la Fiscalía General del Estado que se han resuelto de las carpetas de investigación abiertas por personas encontradas en fosas comunes.

Esto habla de la cifra exacta de 6.5573 de porcentaje de acierto.

No es solo la violación a los derechos humanos lo que urge parar y garantizar en la solución de este problema, estiman voces de especialistas, sino la creación de una comisión de la verdad que determine la participación de familiares y autoridades para llegar al fondo del hecho en Sinaloa.

Que nadie oculte información. Ninguna de las partes. Que no se engañe a la ciudadanía. Que no se contamine la escena ni se pierdan elementos materiales comprobatorios para que llegue la justicia.

La vinculación

Con las nuevas disposiciones legales la atención a las víctimas del delito, ya sea víctimas directas o indirectas, se realiza a través de la Secretaría General de Gobierno.

“Lo anterior de conformidad a lo dispuesto en el transitorio Décimo Cuarto del decreto por el cual se reforma la Ley General de Víctimas, publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 03 de enero de 2017, que señala:

Décimo Cuarto: En tanto las entidades federativas se encuentren en la integración de sus Comisiones de víctimas, las obligaciones previstas para estas Comisiones en la Ley serán asumidas por la Secretaría de Gobierno de cada entidad”, dice el documento folio 2723/ 2017 de la Fiscalía General del Estado firmado por Víctor Hugo Espinoza Valenzuela de la Unidad de Transparencia.

Y Agrega: “Cabe señalar que en el acuerdo de fecha 23 de junio de 2017, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, el Secretario General de Gobierno del Estado de Sinaloa, delegó las facultades en materia de la Ley General de Atención a Víctimas, al Subsecretario de Asuntos Jurídicos y al Director de derechos Humanos de esa Secretaría.

La vinculación que se hace por parte de esta Institución con los familiares de personas desaparecidas son en acceso a los datos de carpetas de investigación, así como el acompañamiento de un equipo interdisciplinario conformado de Peritos, Policías y Ministerios Públicos, así como la Unidad Canina y equipo especializado en lugares donde se tenga datos que hagan presumir que encuentren restos humanos”.