Alcaldes sin brillo, malos candidatos

Viejo formato de cargada y manipulación interna detona en conflictos en varios municipios “grandes”

Sustitutos en las alcaldías en manos priistas, porpago de cuotas o carencia de figuras de buen perfil

Abuso de la reelección, desbordamiento de ambiciones, carencia de figuras con capital político y obligatoriedad de la cuota de cuates, ponen en marcha el carrusel priista en un clima de rupturas por la disputa de plazas claves.

Proceso interno que evidencia la falta de mando y visión política en el partido, a pesar de estar más obligado que nunca a cobijar con buenas fórmulas de candidatos locales a su tambaleante abanderado en la contienda presidencial, José Antonio Meade Kuribreña.

Sinaloa es un laboratorio de dudosas viabilidades políticas que arroja conclusiones claras: la reelección para alcaldes y legisladores no es un reconocimiento del electorado a un servidor público, como se dijo en los considerandos de la reforma reciente. Es simplemente un recurso partidista, más para empoderar a grupos políticos, al tiempo que niegan todo protagonismo a la militancia y a la sociedad, negándoles también el derecho a procurar un justo equilibrio mediante la revocación de mandato.

El PRI no tomó en cuenta a sus filas ni al sentir de las comunidades de los nueve municipios que ganó en 2016 -de un total de 13- en los que pretende la reelección. Es un recurso gandallesco en exceso que vuelve a demostrar que las reformas electorales son para empoderar más a los grandes partidos hegemónicos y no para privilegiar el valor del voto.

En apenas un año de ejercicio de gobierno, alcaldesas y alcaldes no han tenido tiempo ni resultados para justificar la repetición en el cargo, ahora por un más enriquecedor periodo de tres años. Algunos en posibilidad de reelegirse son cuestionados por malos manejos, lo que no mueve la intención de las jerarquías tricolores.

Las decisiones políticas evidencian también que el partido en el poder saldrá fracturado del reparto de posiciones, como lo demuestran inconformidades manifestadas en diferentes tonos por el malovismo y otros frentes priistas, del corte, tampoco defendible, de Jorge Abel López Sánchez en Mazatlán , de la sorda resistencia de Rigoberto Valenzuela en Navolato, además del movimiento de reclamo entre “compañeros de partido” de Diana Armenta Armenta en Guasave y dentro del cenecismo menospreciado en todas las regiones del estado.

SON ALCALDES SIN BRILLO, IMPUESTOS POR ACOMODOS POLÍTICOS

La mayoría -o casi todos- de los ejecutivos municipales que van a ligar otra candidatura no tienen el brillo o justificación de un fructífero mandato. Obedecen claramente a los acuerdos e intereses políticos que predominan en el actual régimen, federal y estatal.

Ni obras materiales propias ni servicios públicos municipios mejorados en sus primeros doce meses de trabajo aparecen como factores para suponer que el pueblo demanda y apoya la reelección.

Los casos más notorios de la injustificada oportunidad de aferrarse al poder hasta el 2021, son los de Fernando Pucheta Sánchez, en Mazatlán; Felipe Garzón López, Concordia; Jesús Valdés Palazuelos, Culiacán; María Lorena Pérez Olivas, Badiraguato; Carlo Mario Ortiz Sánchez, Salvador Alvarado y Diana Armenta en Guasave.

En el puerto, Pucheta es ícono de la confrontación y el dejar el paquete a Quirino Ordaz; Garzón es la ineptitud total; Valdés, la falta de soluciones a la inseguridad; Pérez Olivas, un mero cacicazgo; Carlo, la indiferencia ante el avance de la violencia y el estancamiento económico; Diana, la decepción en el PRI cuando pudieron hacer diferencia con el pésimo antecesor panista.

Muy pronto empieza a influir la visión oficial de lo que puede ocurrir en el proceso sucesorio por el gobierno del estado en el 2021, en lugar de vaciar los mejores activos en el actual compromiso.

Los mandos del tricolor tratan hoy de afianzar posiciones y lealtades a los intereses políticos y económicos que son principal motivo de atención del aparato gubernamental y de su visión de alianzas empresariales. Recuerdan como ejemplo de lo que más les favorece que, en los años de elección de gobernador, en 2004 y 2010, con presidente de otro partido en palacio nacional fue más fácil manipular los procesos locales.

Es la circunstancia por la que están trabajando más a futuro, aunque en el presente ayuden o dejen de hacer para entregar la presidencia de la república.

ESCALADA DE DIPUTADOS LOCALES SIN MAYORES MÉRITOS

Con el mismo rasero mide la crítica ciudadana al elenco priista que deja el Congreso local tras una función legislativa que creó más problemas y sobresaltos que soluciones.

Elecciones de autoridades por consigna, como la protección a los corruptos que se opera desde la Auditoría Superior del Estado; reformas polémicas, como la no ventilación en tribuna de cuentas públicas para cuidar honras que no merecen ser protegidas porque ellas mismas no se cuidan, y aplicación puntual de acuerdos dictados desde el tercer piso de palacio de gobierno, representan los “logros” que presumen para justificar la oportunidad concedida a Irma Tirado Sandoval, Moisés Aarón Rivas Loaiza, José Menchaca López, Marco Antonio Osuna Moreno y María Eugenia Medina. El penúltimo, el ex policía Osuna, es valorado por la aparente traición a Mario López Valdez, sin descartar que esté cumpliendo a dos amos.

La coincidencia de simple manipulación de grupos en estos relevos, plantea la necesidad de meter a discusión un tema de equilibrio y compensación a la sociedad por el abuso de los partidos que explotan la práctica del “chango mecatero” y de la reelección, sin más fin que extender los cacicazgos y cuidar los amarres entre grupos o mafias del poder.

La respuesta es retomar a fondo la ley de revocación de mandato

URGEN REFORMAS: REVOCACIÓN Y FIN AL “CHANGOMECATERISMO”

Los antecedentes del proceder partidista, el ayer y el hoy, obligan a plantear la conveniencia de una iniciativa ciudadana que apoye la propuesta ya elevada por el Partido Sinaloense, de establecer la revocación de mandato para poner fin a las gestiones de gobernantes o representantes legislativos que no respondan a sus compromisos con la sociedad.

Reelegir es aumentar la responsabilidad del favorecido con esa nueva disposición constitucional.

En las actuales circunstancias político-electorales, los partidos tienen todas las ventajas para imponer nombres y objetivos propios a la sociedad, dejando a ésta en total indefensión, porque se legisla para favorecer a los partidos y sus políticos, no a los electores.

Las más recientes reformas, que ponen fin al paradigma de la no reelección -que costó un millón de vidas- y homologa los tiempos electorales por meros ahorros de dinero, y según el interés de los grandes caciques, son tantos a favor del poder y cero, nulo, empoderamiento a la gente.

Si un servidor público tiene el marco jurídico propicio para reelegirse, el votante merece la defensa compensatoria de decir basta cuando alguno de los casos frecuentes de malos funcionarios públicos harta la paciencia y daña en extremo al interés social que está obligado a defender.

La propuesta jurídica del PAS para analizar la pertinencia de la revocación de mandato sigue acumulando años en el “congelador” del Senado mientras siguen adelantándose en la agenda legislativa otras iniciativas que sólo responden a los intereses de la partidocracia nacional.