La Ley del Menor Esfuerzo y la Ley de Seguridad Interior

En tiempos de efervescencia electoral -en que la inseguridad y el crimen galopa en todo el territorio nacional-, lo que la política estatal exige es claridad y certeza en la misión de los poderes constitucionales para poner freno a la desembocada acción de los poderes fácticos. Aplicar la Ley del Menor Esfuerzo nada más genera incertidumbre.

Por la naturaleza y los alcances de la función del Poder Ejecutivo federal, es al presidente Enrique Peña Nieto a quien corresponde ofrecer a sus gobernados, señales de energía y determinación en sus actos, sobre todo si entre sus facultades está el carácter de comandante supremo de las Fuerzas Armadas mexicanas.

Es elemento constitutivo de la responsabilidad presidencial, es fundamental por dos razones: 1) Son el Ejército y la Marina Armada -en ausencia de la sociedad civil- las corporaciones que dan soporte y salvaguarda a las instituciones nacionales, y 2) Son precisamente los cuerpos castrenses lo que, desde que fueron comprometidas en tareas de Seguridad Pública en 2006, han resentido el deterioro de su imagen y del respeto social.

El presidente Peña Nieto ofreció “tiempo” en torno a la aplicabilidad de la controvertidas Ley de Seguridad Interior, recientemente aprobada por el Congreso de la Unión.

El mexiquense dejó pasar días cruciales entre la recepción de ese decreto y su publicación, dando pie a que los movimientos de resistencia internos se convirtieran en un frente internacional en demanda del veto presidencial a esa iniciativa.

La constante de esas protestas se sostiene sobre alegatos de inconstitucionalidad, supuesto que ha empujado a algunas bancadas legislativas de oposición a elaborar el recurso respectivo, una vez publicado el decreto.

De acuerdo con el artículo 12 de la propia ley, el jefe del Ejecutivo pudo expedir en el plazo de 72 horas la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior para cumplir con el objetivo de dar certeza jurídica a las fuerzas armadas en sus tareas de combate al crimen organizado.

Peña Nieto, sin embargo, optó por la Ley del Menor Esfuerzo, mandando el fierro ardiendo “a la interpretación” de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a cuyo criterio dejó la solución final.

Esa salida por la tangente del jefe del Ejecutivo no hará más que prolongar el erizado diferendo en la medida que la Corte suprema seguramente tendrá que acumular las acciones de inconstitucionalidad anunciadas por los grupos parlamentarios.

Peña Nieto apuesta a que los ministros, en sentencia a litigio anterior, convinieron en que las fuerzas armadas pueden actuar en auxilio a la autoridad civil y en tareas de seguridad interior, conforme el artículo 89 de la Constitución.

No obstante, al paso del tiempo han concurrido dos fenómenos agravantes: a) Particularmente el Ejército, ha sido expuesto a severas críticas y denuncias no sólo de organizaciones no gubernamentales locales, sino de actores externos, y b) la tendencia que se observa en la nueva ley, convierten las tareas “de auxilio” enresponsabilidad plena de las Fuerzas Armadas.

De ello resulta que apelar al apoyo de las corporaciones militares a la autoridad civil ha dejado de ser subsidiaria y temporal -según pretendida justificación original- a una política permanente pues en lo que va de dos sexenios la Federación, mediante el Sistema Nacional de Seguridad Pública ha sido incapaz de dotar a los estados de las corporaciones policiales aptas y honradas para hacer sus tareas.

En este punto, los gobernadores de los estados -no obstante los exorbitantes recursos económicos federales que reciben anualmente- siguen evadiendo su responsabilidad, a tal grado de que en algunos estados todo el paquete de Seguridad Pública ha quedado en manos de la Federación, sin que después de más de cinco años de la actual administración se vea un signo tangible del México en paz que se prometió a la sociedad.

Al acto (21-XII-2018) en que Peña Nieto anunció su decisión de dejar en manos de la Corte el peliagudo asunto, llegó acompañado por el general secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda, y el titular de la Marina, almirante Francisco Vidal Salmerón.

Al montarse el templete, sin embargo, Peña Nieto quiso que lo acompañaran en el estrado los secretarios de Hacienda, José Antonio González Anaya, y de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el procurador provisional Alberto Elías Beltrán y el presidente en turno de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín.

Amerita ese presídium una acotación: Osorio Chong funge como coordinador delGabinete de Seguridad Nacional. Los resultados de su gestión son visiblemente negativos. Muy negativos. Elías Beltrán, es objetado por bancadas del Senado, por no cumplir con los requisitos exigidos para ocupar la titularidad de la PGR.

Ramírez Marín es juez y parte, toda vez que por la Cámara que preside circuló y se votó el dictamen de la Ley impugnada por la sociedad civil. Salvo la administración de recursos federales, ¿que pitos tocó en la ceremonia en el acto González Anaya? No hubo representación de la sociedad civil alguna.

“Soy consciente de que el ordenamiento es especialmente sensible para la vida pública del país”, reconoció Peña Nieto, al anunciar su negativa a emitir la Declaratoria de Protección Interior “hasta que el máximo tribunal decida sobre su constitucionalidad”. Tendrán que ser los ministros los que cojan el toro por los cuernos.

Una declaración presidencial anticlimática ante el clamor social: Precisamente en lo que va de diciembre, todas las fuentes relacionadas con la Seguridad Pública -oficiales y no gubernamentales- coinciden en que los crímenes de alto impacto, especialmente, los homicidios dolosos con arma de fuego, han alcanzado máximos históricos en los últimos dos sexenios.

Las estadísticas nacionales  de octubre y noviembre pasados, documentan nuevos records en el número de asesinatos, secuestros, extorsiones, robos en vía pública y domiciliarios, y asaltos a automovilistas.

Un dato que no podemos pasar desapercibido porque nos incumbe como comunicadores: El mismo día en que Peña Nieto montaba su evento palaciego, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPI), confirmaba que, con Irak y Siria, México compite por el campeonato de profesionales asesinados.

El reporte del CPI cuenta que, a partir de 1992, son ya 95 periodistas asesinados en México; 12 en 2017, incluyendo el más reciente en Veracruz, Gumaro López.

En espera de que finalmente la Corte -en receso de fin de año- reciba,  debata y sentencie sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, ¿quién garantiza a los mexicanos todos, puedan dormir tranquilos?

Y no por falta de compromiso de las Fuerzas Armadas, que lo han demostrado con creces, sino por la criminal omisión de los gobiernos de los estados que se niegan a ponerse las pilas frente a desafío de tamaña magnitud.

Álvaro Aragón Ayala

Conductor del programa de radio Ruta Mexico y analista politico en Radio UAS, Diario de Sinaloa y Director Ejecutivo de Proyecto 3.