Inseguridad, negocio rentable de municipios

El alto riesgo de vivir y trabajar en Sinaloa, reflejado en cifras del INEGI

El coctel de inseguridad y corrupción en Sinaloa es mortífero, un veneno que descompone el cuerpo social aún sin remedio.

La inseguridad aumenta en centros urbanos y comunidades rurales porque el delito es un negocio que aquí florece, aprovechando la omisión y presunta complicidad de estructuras policiales y ministerios públicos.

Los presidentes municipales están coludidos con la actividad más productiva, el delito, por su tolerancia a la ineptitud y complicidad de cuerpos policiacos invadidos por elementos, incluso los más altos mandos, que reprobaron los exámenes de control de confianza, renglón en el que Sinaloa es líder nacional.

En el pantano de la crisis de seguridad ya no es posible saber dónde está el mayor riesgo para la población, porque el corrupto, aunque tenga charola o vista de cuello blanco, es un delincuente tan peligroso como el embozado que ataca desde la oscuridad.

El embate de la delincuencia y la omisión y pasividad oficial han roto definitivamente el orden y hasta la rutina de trabajo de los sinaloenses, la convivencia social, familiar y recreativa del pueblo.

La impunidad otorgada al homicida, al tráfico libre de toda clase de drogas, al asalto, a la extorsión, a la agresión y al despojo, hacen sospechar de la verdadera relación de autoridades y maleantes.

“La inseguridad avanza porque los alcaldes y los ministerios públicos no cumplen con el mandato de la Constitución General de la República, que les obliga a combatir el delito. En el caso de los segundos, están obligados a aplicar justicia con probidad y prontitud, sin cumplir con esta elevada responsabilidad”, dijo Ricardo Beltrán Verduzco, presidente de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (CONCAAAM).

La omisión en esos niveles de responsabilidad, con tintes de colusión con el hampa, tiene al estado en condiciones de indefensión contra la delincuencia, organizada o de alto impacto y la común. “A los sinaloenses nos han alejado la justicia”, sentenció el directivo nacional de los profesionales del derecho. La lejanía es por la creación en el pasado gobierno malovista de sólo cuatro centros regionales de atención a la ciudadanía, por la torcida visión de los encargados de procurar la justicia. Con ser grave éste no es el problema de fondo.

“Se quiere culpar de todo al nuevo Sistema de Justicia Penal”, aclaró Beltrán Verduzco en información para Proyecto 3, voces que rompen el silencio, “pero el problema es que los municipios y la procuración de justicia han abandonado sus elementales responsabilidades”.

Al rendir protesta los alcaldes, aclaró el directivo nacional de los abogados, juran defender las leyes, pero las más esenciales, las que dictan sus obligaciones para proteger a la sociedad, son descuidadas con irresponsabilidad plena a lo largo de su mandato, dedicándose a pedir al gobierno del estado que solicite la intervención de los institutos armados para que les hagan la tarea, sin preocuparse por la tarea preventiva que deben realizar.

La federación financia los magros esfuerzos de los municipios contra la inseguridad y luego los refuerza con patrullajes militares según el tamaño de la violencia. Primero SUBSEMUN y luego FORTASEG, han aportado el recurso federal que explotan los jefes municipales en licitaciones opacas o francamente corruptas. En la calle, el papel de las policías municipales sigue siendo irrelevante, más de una amenaza pública adicional que de protección a la comunidad.

Es un esquema viciado que podrá estirarse al límite de la paciencia ciudadana sin lograr resultados. La razón de la ineficacia en el combate a la violencia, sostiene el vocero de los abogados, es la actitud sospechosa de los gobiernos municipales y de los ministerios públicos.

LA AUTONOMÍA MUNICIPAL, INÚTIL Y COSTOSA, ES GERMEN DE CORRUPCIÓN

“Ninguno de los dos, municipio y MP, cumple su responsabilidad constitucional. Los alcaldes llegan, protestan cumplir y hacer cumplir, pero sólo quieren dinero para licitar gastos y luego invocan la vigilancia del Ejército, la Marina y la Policía Federal”, dice Beltrán Verduzco, en sentido coincidente con voceros críticos del sector privado que se escuchan en todo el país, sin mover conciencias en el sistema político, incluyendo los poderes ejecutivo y legislativo.

Los ministerios públicos, por su parte, al recibir la denuncia de una persona, primero exige que ésta justifique la propiedad de lo perdido. Se investiga a la víctima, no al victimario. Este último tiene, además, la ruidosa y perversa defensa de los Derechos Humanos.

La autonomía de los municipios se convirtió con el paso de las décadas en germen de corrupción, porque la ruta de los grandes partidos nacionales convirtió los cargos públicos en fuente de enriquecimiento desmedido, pero al mismo tiempo cubierto por la impunidad más descarada que ha conocido México, desde el saqueo perpetrado por los acaudalados en la época de la colonia.

Ni la militarización de los mandos en la seguridad y directamente en las corporaciones responsables de la vigilancia son garantía de eficiencia y certeza en las estrategias contra el crimen, sea el organizado o el del orden común, letales por igual en las ciudades y en las áreas rurales. No lo fueron en los gobiernos de Francisco Labastida Ochoa, Renato Vega Alvarado, Mario López Valdez y tampoco hay todavía una reversión medible en el presente.

ESTADO SIN JUSTICIA QUE INCLUSO REBASA LOS ESTANDARES NACIONALES

Las mediciones de la violencia, la inseguridad y la ineptitud en la procuración de justicia, las oficiales y las que realizan instituciones privadas, muestran que Sinaloa es una región devorada por la corrupción como ninguna otra en México. Lo fue en 2016, más que antes y sigue siéndolo en 2017.

Si el pasado sexenio impuso récord nacional de asesinatos, este año sigue la tendencia de un repunte en todos los demás indicadores del impacto social y económico de la delincuencia.

Y no son apreciaciones particulares con matices partidistas o cálculos de porristas de opositores políticos: es el diagnóstico del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), contenido en la más reciente medición de cifras y sus efectos, levantada en este año.

La conclusión global es que las policías municipales son las que merecen la peor calificación de la sociedad, en el mismo rango que el alcanzado por las áreas que deben procurar justicia y que, por el contrario, la inhiben al venderla al mejor postor.

Son demoledoras las cifras ya divulgadas de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la inseguridad (ENVIPE): 486,489 delitos cometidos en perjuicio de los sinaloenses en el año, sin incluir los homicidios y las desapariciones forzadas de personas.

MEDIO MILLÓN DE DELITOS DENUNCIADOS: 9.9% DEL TOTAL DE HECHOS PERPETRADOS

Si aquella cifra se multiplica por seis quiere decir que no hay familia en la entidad que no haya sufrido al menos un hecho delictivo, descritos como robo a casa habitación, robo de vehículo, asaltos en transporte público, extorsión, lesiones, secuestros y delitos sexuales.

Pero el ataque es peor, porque ese casi medio millón de denuncias, no representa el total de los hechos ocurridos, ya que la mayoría se guardan por miedo a represalias y por sospechas en la respuesta y protección de las autoridades.

El ENVIPE dice que la investigación de campo en apoya de la encuesta llega a la conclusión de que sólo se reporta el 9.9 por ciento de los delitos cometidos.

Por lo anterior, tres de cada cuatro personas dijeron al INEGI que no se sienten seguras en la localidad en que les toca vivir.

Para ellas el desamparo es total: violencia e inseguridad constante y desamparo de gobiernos que no han sabido realizar la primera de sus tareas: la de ser eficiente policía.

Aquí surge otra verdad que ya merece mover la preocupación de los gobiernos, estatal y municipales: la policía de tránsito es considerada la más corrupta entre todas las corporaciones de seguridad, con el 78 por ciento de las denuncias ciudadanas, mientras que las policías preventivas municipales también son reprobadas con el 71 por ciento.

Frente a la magnitud de los problemas y del alto riesgo que significa vivir y trabajar en Sinaloa, los grandes partidos nacionales siguen la inercia comodina de competir por el poder sólo para seguir explotando los cargos públicos y medrar en beneficio de sus élites, ajenos por completo al drama diario que significa salir a la calle y dejar el hogar, que ya no es seguro, no importa su tamaño o su lujo.

Todos están en el patrón de víctimas de la delincuencia y de malos gobiernos.