Embriagados por la corrupción

El Director de Inspección y Normatividad opera una red de corruptelas para extorsionar a los empresarios de los giros negros de Sinaloa y fomentar aún más el consumo de alcohol entre la población.

“Copa tras copa, botella tras botella, conforme tomo me voy reconfortando”. Claro que suena a canción. Sí, solo que esta tonada con letra no es la de Pedro Infante en una de sus películas. En Sinaloa es de la Dirección de Inspección y Normatividad de la Secretaría General de Gobierno a cargo de Arturo Torres Sato.

Es el sonsonete que se vive en todo el estado tras el despliegue extorsivo y malicioso de la operación del cártel del alcohol que maniobra con la participación de las delegaciones de toda la entidad.

No solo Torres Sato mueve los hilos. Todos ya obedecen las instrucciones: el delegado de la zona centro Gilberto Cristino López Gutiérrez, el de Los Mochis José Carlos López Sánchez, el de la zona norte centro Abel Hiram Espinoza Hernández, el de la centro norte Adalberto Viera Hernández y de la zona sur Jesús Toribio García Osuna. Todos son piezas aceitadas de la red.

Despliegan una cortina de corrupción con muchas dulces variantes: extorsión oficial para lograr la cooperación de los empresarios de los giros negros, la presión, el acoso, la ordeña metódica, la manita de “cochi” y la ceguera participativa.

A Torres Sato ya lo persigue el destino e intenta recuperarse. Tras la auditoría al Programa para la Transición a la Televisión Digital Terrestre se detectaron perdidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes algunos miles de televisores, lo que representa un posible daño al erario público de 29.2 millones de pesos en el ejercicio 2016.

Los 11 mil 533 aparatos extraviados durante su gestión en la SCT como jefe de la oficina del Programa México Conectado son reclamados por la Auditoría Superior de la Federación (SPF) y él es uno de los probables señalados.

Con ese historial tomaría protesta en la Dirección de Inspección y Normatividad de Sinaloa en 2017 tras haber sido secretario particular en la campaña del Gobernador. Un limpio ejemplar.

Las pistas

Ya se ha dicho. Una verdadera investigación podría ordenarse desde la Secretaría General de Gobierno para detallar y registrar cómo fue la fallida operación de la extorsión oficial que emprendió el Director de Inspección y Normatividad Arturo Torres Sato.

Tal como lo denunciaba Richard Lizárraga Peiro en ediciones pasadas de “Proyecto3, voces que rompen el silencio”, un grupo de empresarios, ahora ya de las tres zonas de la entidad, de los llamados giros negros, cansados de tantos “cochupos y moches”, decidieron denunciar la manita de “cochi” que el joven Torres Sato pretende aplicarles, por instrucciones del subsecretario de Normatividad e Información Registral Ramón Murgía, para obtener unas patrullas aparentemente donadas.

La intención, se dice, es que los “nocturneros” de Mazatlán donen dos unidades, al igual que los de Culiacán mientras que a los de Los Mochis les tocaría solo una. Con ellas se tratarían de reforzar las medidas de seguridad en los bares y centros nocturnos, dicen o quieren hacer creer las autoridades.

La versión, que los propios empresarios hacen circular, es que de no aceptar la propuesta de donación obligada no se les otorgaría la ampliación de horario que contempla la ley de alcoholes del estado cuando ya están muy cerca las fechas de gran trabajo.

La investigación está muy cerca de Ramón Murgía y Arturo Torres Sato por instrucciones del propio Secretario General de Gobierno Gonzalo Gómez Flores.

Obliga Alcoholes de Sinaloa a giros negros a donar y “comodatar” patrullas para otorgar ampliaciones de horarios en la venta de bebidas embriagantes (Recuadro segunda página)

La extorsión

Es ordeña oficial con personajes identificados y el resultado ya se hizo público. Son 5 patrullas “patrocinadas” por los giros negros para labores de seguridad pública en los municipios de Culiacán, Mazatlán y Ahome.

Sí, chantaje gubernamental, moneda de cambio, moche para autorizar la ampliación de horario para los centros nocturnos de esas tres ciudades. Todo es un cambalache.

“La exquisita mano de la corrupción moldeó por obra y magia de Arturo Torres Sato Director de Inspección y Normatividad, pero con la discreta complacencia u omisión de su jefes Ramón Murgía, subsecretario de Normatividad e Información Registral, la operación de ordeña más memorable del nuevo gobierno”, escribiría Richard Lizárraga Peiro.

Todo el sortilegio de esa artimaña la tramaría en su oficina el joven ex diputado local, Torres Sato.

La opinión pública solo sabría que los representantes de los giros negros, sobre todo los operadores de Centros Nocturnos, mediados por las cámaras de la iniciativa privada: Canaco y Canirac donarían, comodatarían de forma voluntaria algunas camionetas para utilizarlas como patrullas. Una absoluta mentira.

La verdad por supuesto sería distinta. La presión oficial sería el mecanismo de canje para obtener una ampliación de horario a los negocios con venta de bebidas alcohólicas. Sí, patrullas por más horas para trabajar en la venta de alcohol con entretenimiento. Diezmo o cuota, como siempre lo ha dicho el mito negro, que de tanto repetirse, todos lo creen ya.

Así lo relataría Lizárraga Peiro en abril de este año.

 Sombría manita de cochi

De la investigación de nuestro compañero de Proyecto 3, se desprende esta historia que aún nadie desmiente. Menos al exhibirse parte de los documentos que la respalda.

La reunión fue en la oficina de la Subsecretaría en el tercer piso. Ahí el funcionario mostraría su capacidad para solicitar el moche disfrazado que le abriría la puerta para los no oficiales.

Aunque hay miedo por las cautas amenazas que mediaron, el ex secretario particular del subsecretario de la SCT, ahora avecindado en Sinaloa y dueño aparente de la siempre conocida como la dirección de alcoholes, tramaría una maniobra para aplicarle una manita de cochi a los “nocturneros” de distintas zona de la entidad y obtener beneficios para el gobierno.

La intención, sin duda, sería disfrazar el ambiente negativo de inseguridad que tienen las principales ciudades del estado, para mostrarlo con participación ciudadana y de la iniciativa privada, pero desvirtuando el objetivo original de las reglamentaciones.

La ley de alcoholes contempla la ampliación de horarios como un derecho de los giros negros, solo que esta vez estaba, como muchas otras, condicionado a la entrega de dos patrullas para Mazatlán, dos más para Culiacán y una para el municipio de Ahome.

El engaño debía parecer real. Ellos como representantes de centros nocturnos, muchas veces satanizados y abusados, debían mostrar un rostro benevolente y enviar un oficio compromiso al solicitar la ampliación de horario.

Las voces de inconformidad se alzaron, pero fueron aplastadas por la mano dura del exfuncionario de Culiacán y del Gobierno de Nuevo León. El metropolizado ideó el envío de un documento a las direcciones de inspección y normatividad de los tres municipios, con intervención de cámaras empresariales, para darle certidumbre y cuerpo al ejercicio de gobierno.

Nadie debía saber que fue un chantaje, un vacune. Solo que algunos no aguantaron la burla por la tosca manera en la que se ejecutaría y soltaron la sopa “a sabiendas” que despertarían una cacería de la Dirección de Inspección y Normatividad.

La sorpresa

El plan público ya marcha. Las cartas de los municipios de Culiacán y Mazatlán se entregaron a las direcciones municipales de inspección.  De la de Ahome, poco se sabe.

Así el Director de Inspección y Normatividad Arturo Torres Sato desde finales del primer trimestre del año autorizó las ampliaciones para los municipios de Mazatlán y Culiacán.

Las inconformidades se extienden por todo el territorio sinaloense, mientras se liberan las ampliaciones para todos.

La carta de los centros nocturnos de la capital filtrada por funcionarios municipales a Proyecto 3 y que está dirigida al Presidente Jesús Valdes Palazuelos, asegura que se comprometen a instalar cámaras de vigilancia en la entrada de las negociaciones, arcos de seguridad, la aplicación del conductor designado y la “aportación de al menos dos vehículos a disposición de la autoridad competente para el equipamiento necesario; brindando así las condiciones de servicio de vigilancia en nuestros establecimientos en un plazo no mayor a 3 meses”.

La firman entre otros los representantes de las empresas “Casa Trova”, “Masiosare Bar”, Blackhose” y “Kusey Music Live”.

En el caso de Mazatlán el documento liberado desde la dependencia municipal, se le envía con respaldo de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en el puerto, al Alcalde Fernando Pucheta con atención al Secretario del Ayuntamiento José Joel Boucieguez Lizárraga.

En aras de la competitividad con otros destinos turísticos les piden la ampliación del horario hasta las 4 de la madrugada y para ellos se comprometen a poner cámaras de vigilancia en los negocios, usar paletas para revisión de objetos metálicos, cursos de capacitación para conductor designado, estricto control de acceso solo a mayores de edad y a la entrega en comodato de dos patrullas para vigilancia.

Los firmantes incluyen al vicepresidente de la Canirac Sonora Sinaloa Ricardo Velarde Cárdenas y varios bares entre ellos Oyster’s, el Parranda, el Albur entre otros.

En Ahome todos guardan un gran silencio. El Director de Inspección y Normatividad Javier López Jackson Ulloa aún no se sabe que parte del plan de la corrupción debe cumplir.

El aquelarre del Cártel del Alcohol está en marcha.