Sobre el estado que guarda la gestión del dinero público

Lo que tenemos en cartelera, es que el Congreso sancionó ya la Ley de Ingresos de la Federación de 2018, con una ligera variante al alza. En términos absolutos la disponibilidad sería de 5.3 billones de pesos.

Invariablemente, los días de revisión de los Criterios de Política Económica para el ejercicio fiscal siguiente son de rebosante autocomplacencia. Luego resulta que los resultados empiezan a descuadrarse.

Verbigracia: Según cuentas de la Auditoría Superior de la Cámara de Diputados, entre 2013 y 2016 el Servicio de Administración Tributaria acumuló devoluciones por un billón 345 mil millones de pesos a las industrias automotriz, metal-metalúrgica y maquila, principalmente.

Fortalecer el gasto en inversión

Lo emocionante está en los compromisos que cada año anuncia la Secretaría de Hacienda en la presentación de su paquete fiscal. Para 2018 pone el acento en tres aspectos: 1) Fortalecer el gasto en inversión, 2) privilegiar prioridades, 3) Mantener la disciplina financiera.

No faltaba más, según se dice en cada ocasión, el paquete siempre se apega a los mandatos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Pero luego resulta como en 2016: Este año, que fue declarado de la austeridad, el sobregiro en el gasto federal fue de 13 por ciento.

De la suma prevista para 2018, se destinan a Gasto Programable 71.3 por ciento. A Gasto no programable, 28.3 por ciento.

En ese rubro, que comprende Poderes de la Unión Órganos autónomos (los electorales, por ejemplo), se observa para el 18 un incremento de 12.3 por ciento respecto de 2017.

Ahora bien: En el Gasto Programable se incluye el de Inversión y el Gasto Corriente. El primer concepto ha tenido, desde 2015, una merma de 3.9 por ciento. En el lenguaje tecnocrático a este fenómeno se le identifica como tasa anual negativa.

Subrayamos en el Gasto de Inversión las partidas destinadas a las Empresas Productivas del Estado. En este rango está Petróleos Mexicanos. En el periodo indicado la administración no puede echar las campanas a vuelo, para decir lo menos.

Gasto Corriente galopa a tambor batiente

Por el contrario, el Gasto Corriente incluye el pago de Servicios Personales (SP); esto es, la nómina burocrática. Con independencia del número de servidores públicos, el pago de SP ha tenido, desde 2013, un incremento sostenido  desde una base de 655 mil millones de pesoshasta 837 mil millones de pesos requeridos por el Ejecutivo para 2018. Casi 30 por ciento de incremento.

Una variable sobre el mismo análisis reporta, según datos de la propia Secretaría de Hacienda: En los primeros tres trimestres de 2017, la Presidencia de la República ya había excedido el gasto autorizado en 93.9 por ciento.

La Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en ese mismo periodo habían acumulado, juntas, un sobregiro de 312 por ciento. La secretaría que tiene a su cargo cuidarle las manos al resto de la Administración, la de la Función Pública, se ha despachado con un gasto excedido  en 89.5 por ciento.

Para redondear ese recuento, ahora resulta que en su segundo informe parcial de la revisión de la Cuenta Pública de 2016, la Auditoría Superior de la Federación ha encontrado irregularidades en el ejercicio de recursos federales por un total de 51 mil millones de pesos, según se ha detectado en mil 166 auditorías del gasto presupuestado y ejercido.

Lo bueno es que el Ejecutivo, a decir de la exposición de motivos de los Criterios de Política Económica para 2018, se ciñe escrupulosamente a los dictados de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. ¡Qué tal si no lo hiciera!