Puro Gringolandia

¿Qué intereses guían a Frank Córdova Celaya que no deja de impulsar negocios favorables a empresas en Estados Unidos?

No hay duda. Muchos podrían pensar que al estilo de la CIA fue reclutado para trabajar a favor del gobierno y empresas estadounidenses.

Las tesis de conspiraciones podrían funcionar en este espacio tercer mundista. Lo que sí se ha confirmado es que desde la cúpula lo apuntalan porque se vende bien. Como si fuera un experto. Un rockstar. Un mesías. Por eso no lo han despedido.

Francisco Manuel Córdova Celaya, el Coordinador de Proyectos Especiales y Relaciones Internacionales del Gobierno del Estado de Sinaloa orbita en el tuétano de dos gobernadores y en cada administración busca gastar en dólares. Su slogan debería ser “Puro Gringolandia”.

Con Mario López Valdez ocuparía la Secretaría de Seguridad Pública casi por dos años y a partir de enero del 2013 despacharía desde la de Turismo.

Con Quirino Ordaz Coppel coordina todo lo especial e internacional que pretende el gobierno. Al menos eso hace creer.

Al sexenio Malovista le ordeñaría más de un millón de dólares en la promoción turística y aprovechando que empujaría la carrera del hijo pródigo del entonces Secretario de Finanzas Armando Villarreal en el terreno del golf, favorecería a la empresa AP HH Golf S de R.L. de C.V. del 2014 al 2016.

Con Quirino pretendió sacarle al Consejo para el Desarrollo de Sinaloa más de 175 mil dólares para mejorar la imagen de estado. No lo logró. Fue descubierto. Y la falta de presupuesto lo exhibió en relaciones con una empresa involucrada en el “Rusia Gate”.

Brujo y gringo

Su capacidad de cardinal embrujo le costaría al erario público varios miles de dólares.

En sus inicios como Secretario de Turismo en la administración de Malova lograría hacer que se le contratara por millonarias cantidades un patrocinio a la empresa AP HH Golf S de R.L. de C.V. del 2014 al 2016 para traer ese deporte al Puerto de Mazatlán.

La friolera que firmaría el representante de esa compañía Alberto Yoshio Kanade Yanomé para su beneficio alcanzaría los 915 mil dólares.

Es decir, según el contrato firmado en la Ciudad de México el 20 de noviembre del 2013, el primer torneo a realizarse en el puerto tendría un costo para el gobierno del estado de 280 mil dólares, el del 2015 auspiciados por la PGA Tours 305 mil y el del 2016 alcanzaría la suma de 330 mil dólares. Más de un millón de dólares debido al pago del Impuesto al Valor Agregado.

En la segunda cláusula los beneficios se enlistaban y entre ellos figurarían la cobertura del canal de deportes Golf Channel Latinomérica y lo del anexo uno entre los que destacan el derecho del Gobierno de Sinaloa a incluir a 12 jugadores para el Torneo Pro-Am donde convivieron profesionales con amateurs, además de logotipos en banner, caddies y premiaciones, y un representante en la rueda de prensa y el derecho a 15 lugares en el área de hospitalidad vip del evento para funcionarios e invitados especiales.

Mercury

Sus ansias no terminarían con los Torneos de Golf de Mazatlán, porque apenas brincaría de sexenio y ya se infiltraba en Codesín para obligarlos y/o embrujarlos a pagar a una empresa involucrada en el escándalo del “Rusia Gate”, para también mejorar la imagen de Sinaloa en el mundo.

Tenía la intención de hacerle pagar al Consejo para el Desarrollo de Sinaloa según el contrato de acuerdo inicial, la cantidad de 25 mil dólares mensuales.

Frank sí, los había envuelto en la treta de que se debía trabajar para mejorar la imagen de la entidad bajo el auspicio de la empresa Mercury Public Affair, una empresa señalada en la peligrosa investigación de la supuesta colusión entre los rusos y la campaña presidencial de Trump.

A detalle

Codesín, su Presidente Mario Cadena Bórquez y Francisco Córdova Celaya comparten ese fracaso.

Sí, el Coordinador de Proyectos Especiales y Relaciones Internacionales del Gobierno del Estado de Sinaloa, ahora calla de vergüenza. Ni dinero ni proyecto.

La intención era diáfana. Sí: pagar al menos un cuarto de millón de dólares, a la empresa Mercury Public Affair para elevar y expandir la presencia de Sinaloa en los Estados Unidos, cambiando la imagen negativa del estado.

La minuta de Codesin del 07 junio del 2017 así lo resaltaría: “mediante estrategias pro-activas que abarcarían temas de relaciones gubernamentales, desarrollo económico, y comunicaciones, enfocando esfuerzos en incentivar a los viajeros a visitar la región y a los empresarios a invertir en tecnologías y manufacturas. La propuesta consistiría en que haya presencia constante de Sinaloa en California, Arizona, Nuevo México y Texas con proyectos y programas que ayuden a promover el empleo, a atraer inversión y a mejorar la relación institucional”.

La oferta era tentadora, dice el documento del Consejo, ya que la empresa de consultoría a nivel mundial, compuesta por un equipo de expertos en relaciones gubernamentales, asuntos internacionales, comunicación de crisis, influencia digital, investigación de opinión pública, y estrategias de medios y ejecución, solo cobraría lo que es la nómina de tres de sus socios porque regularmente cobran de 2 a 5 millones de dólares.

En su propuesta ante el Consejo para el Desarrollo de Sinaloa Frank precisaría que el proyecto abarcaría cinco puntos fundamentales: “1. Viajes de delegaciones a Washington D.C para reunirse con miembros prioritarios del gobierno de Estados Unidos. 2. Viajes de delegaciones al Estado de California y otros Estados, con el objetivo de fortalecer las relaciones entre el Estado de Sinaloa. 3. Visita a Sinaloa de los miembros del grupo legislativo latino de Congreso estatal de California. 4. Ruedas de prensa en Estados Unidos de los viajes de las delegaciones de Sinaloa. 5. Viaje de una delegación de Sinaloa a Texas para reunirse con miembros clave de la administración y legislatura estatal. Se busca hacer una agenda internacional de Sinaloa, y armar un grupo de sinaloenses que acompañen al Gobernador para tomar los temas más apremiantes para el Estado ante la Administración del Presidente Trump”.

Todo pintaba como un cuento de hada, pero no fue así. En la realidad el proyecto tronaría por falta de dinero.

Ya en la minuta del Consejo para el Desarrollo de Sinaloa del 27 de septiembre del 2017 se tomaría la decisión de cancelar el proyecto presentado por Frank porque no se tenía un presupuesto para llevarse a cabo y el propio Córdova había quedado de gestionarlo ante el Gobernador sin éxito.

“Se cancela el acuerdo pleno70617-3, tomado en la sesión del 7 de junio que consistió en: Apoyar el proyecto Mercury presentado por la Coordinación General de Proyectos Especiales y Relaciones Internacionales de Gobierno del Estado”, se asentaba.

Problemas

Las contradicciones no tardarían en enturbiar la escena.

La manera en la que Frank evidenciaría su apuro por sacar “sustentos” en moneda verde, fue la solicitud para que a la empresa Mercury se le cubriera, como dice la minuta del 07 de junio, un pago inmediato de 50 mil dólares y 25 mil dólares a partir de junio y hasta diciembre.

El monto inicial del contrato sería de 175 mil dólares y una promesa de ampliación.

El propio Secretario de Desarrollo Económico Javier Lizárraga Mercado admitiría la existencia y la firma del contrato con Mercury.

Lo real es que ante otro despiste, que son cada vez más comunes en Lizárraga, solo existía la versión de un acuerdo previo firmado por el representante de la compañía Fabián Nuñez y Córdova del 22-23 de mayo del 2017, unos días antes de aceptar el acuerdo de pago en el Consejo para el Desarrollo de Sinaloa.

Sin embargo en una solicitud de información, que es publica y que se registra bajo el folio 00546917 presentada el 05 de julio del 2017, se asienta que Codesin no tiene contrato de prestación de servicios con Mercury y que mucho menos le ha realizado pago alguno a esa empresa.

A callar

El registro del acuerdo de prestación de servicios entre Codesin y Mercury ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en la Unidad de Registro de FARA de la Sección de Contrainteligencia y Control de Exportaciones (CES) en la División de Seguridad Nacional (NSD), complica la verdad.

Por un lado advierte la intromisión de Córdova Celaya en la vida empresarial independiente de Codesin y una responsabilidad al firmar en su nombre una compensación con presupuesto del Gobierno del Estado.

Por otro, el ocultamiento que hace Frank Córdova a la gente en Sinaloa sobre esa maniobra y/o la mentira aplicada  a las autoridades del gobierno estadounidense al no representar de forma oficial al organismo y actuar como un ente sin esa personalidad jurídica.

La propia forma de registro describe que los firmantes juran o afirman “bajo pena de perjurio que han leído la información contenida en este Anexo A a la declaración de registro y que están familiarizados con el contenido de la misma y que dichos contenidos son en verdad totalmente ciertos y precisos según su leal saber y entender”.

El documento existe y su registro igual. Es el contrato 04012017 y que consta de diez páginas.

La verdad aún sigue comprometida y Frank inamovible.

El contrato que el Gobierno del estado firmó con la empresa norteamericana Mercury Public Affairs, la cual se especializa en manejo de crisis gubernamentales, busca generar mejores condiciones políticas y económicas entre los estados fronterizos de México y Estados Unidos, señaló Javier Lizarraga Mercado.