La inhabilitación ¿ejercicio de protección?

¿Cuál es la consigna? ¿Quemarlos? ¿O ejercer todo el peso de la ley contra ex funcionarios corruptos? La Fiscalía General del Estado, la Auditoría Superior del Estado y la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas no profundizan en las indagatorias administrativas-contables- para proteger a exfuncionarios corruptos.

La sociedad exige el ejercicio de la acción penal contra los saqueadores del erario, no inhabilitaciones nimias. El peculado, el enriquecimiento inexplicable y enriquecimiento ilícito, son figuras jurídicos-penales, “muertas” para los encargados de llevar ante los jueces o magistrados a ex funcionarios estatales para que se les finquen responsabilidades penales.

Los delitos cometidos por ex funcionarios ahí están, a flor de piel. De simples mortales que atravesaban por agudas crisis económicas en el 2010 antes de asumir Malova el mandato sexenal, hoy aquellos colaboradores cercanos al ex gobernador son potentados, personajes millonarios con inversiones en el extranjero, ranchos aquí y  allá, propiedades en Culiacán, Mazatlán Los Mochis, y otras ciudades del país.

Ni la FGE, ni la Secretaría de Transparencia ni la Auditoría Superior del Estado han solicitado a la SHyCP, PGR ni a la INTERPOL ubicar las riquezas –cuentas bancarias y nuevas propiedades- de los ex funcionarios malovistas. A la sociedad sinaloense se le da atole con el dedo con inhabilitaciones y sanciones administrativas contra inculpados.

Con desgano las autoridades reconocen que no saben dónde está o cual fue el destino del dinero saqueado.

La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas inhabilitó ahora a otros ex funcionarios  “por acciones irregulares cometidas” en la administración de Mario López Valdez.

ARMANDO VILLARREAL IBARRA: Ex Secretario de Administración y Finanzas. Sanción: Inhabilitación de 7 años.

JOSÉ LUIS SEVILLA SUÁREZ PEREDO: Ex Secretario de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. Sanción: Inhabilitación por 5 años.

ANDRÉS DANIEL GUZMÁN COTA: Ex Subsecretario de Egresos. Sanción: Inhabilitación de 5 años.

ERNESTO HERRERA FÉLIX: Ex Director de Tesorería de la Secretaría de Administración y Finanzas. Sanción: Inhabilitación de 3 años.

ANDRÉS DANIEL GUZMÁN COTA: Ex Subsecretario de Egresos. Sanción: Inhabilitación de 6 años.

CARLOS RAMÓN LÓPEZ CASTRO: Ex Subsecretario de Programación y Contratos de Obras Públicas. Sanción: Suspensión de 90 días.

DIONICIO SÁNCHEZ FÉLIX. Ex Director de Control Administrativo de Obras Públicas. Sanción: Suspensión de seis meses.

La nueva lista se suma a la publicada por la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas el 25 de septiembre pasado, en la que involucró a seis ex servidores públicos de Administración y Finanzas, y de la Secretaría de Turismo en “irregularidades” por las que fueron castigados con la inhabilitados en los siguientes 10 años y conminados a regresar en conjunto 66 millones 542 mil 973 pesos.

Rogelio Aviña, subsecretario de Responsabilidad y Normatividad de la STyRC, reconoció desconocer el paradero de los recursos saqueados. “Hacer una revisión para saber  adónde se fue todo ese dinero implica revisar todas esas operaciones que se dieron en todos esos años” (del 2011 al 2016).

Caramba: Van más de 10 meses de trabajo de “revisión” y reconocer que no hay nada concreto es lamentable y sospechoso.

Aviña precisó que la nueva revisión proviene de otra realizada por la Auditoría Superior del Estado, la cual “no tuvo el alcance en verificar adónde se habían destinado las retenciones generadas”, en el caso del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa.

Los ex funcionarios malovistas se pasean por el mundo gastando carretadas de dinero y no hay poder humano que los alcance. En otros estados del país, la PGR, la SHyCP y a INTERPOL apoyan las acciones de los gobernadores contra acusados de actos de corrupción.

Son varios ex gobernadores que se han traído del extranjero a que rindan cuentas a la justicia mexicana con documentos que prueban inversiones fuera del país de origen.

En Sinaloa la lectura enviada es de protección a la corrupcion y la impunidad.