La Coepris, ¿Trastienda de la muerte?

La revisión sanitaria hecha al hospital de Los Mochis tras la muerte de 8 recién nacidos arrojó información “sensible” que debía cubrirse y hoy permanece oculta

La Comisión ante la solicitud de información de Proyecto 3 decide reservarla por tres años

 Su tarea fue cubrirle las espaldas. Hacerle el trabajo sucio. Resguardar la información “sensible” que pondría en riesgo real la vida o seguridad de los responsables y/o víctimas de un delito.

La Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios mutaría a defensor de oficio de la Secretaría de Salud de Sinaloa. Del Hospital General y su Director.

Ahora enrarece la escena, que tras la muerte de ocho pequeños recién nacidos hace un par de meses, no podría ponerse peor. Su actitud de ostracismo levanta sospechas. Lo infame: las confirma.

El deceso de los pequeños poco importaría. El escándalo sería sofocado con el respaldo de José Narro y el sector salud federal. La muerte de los niños solo sería una coincidencia, según palabras del Director del nosocomio Javier Salcido Castro quien disfrutaba de unas vacaciones mientras su centro de trabajo estaba en crisis en julio del 2017.

La revisión sanitaria se haría de inmediato y el 24 de ese mismo mes el personal de la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios a cargo de Ignacio Zavala Escajadillo efectuaría la visita al Hospital Jesús Kumate.

La propia Coepris admitiría vía una respuesta a solicitud de información que había llevado a cabo dicha verificación y de ella había concretado un oficio de dictamen con las “irregularidades” que debían solventarse.

“Dichos documentos forman parte del procedimiento administrativo que tiene abierto el Hospital General de Los Mochis, el cual se encuentra en etapa de ofrecimiento de pruebas por parte del nosocomio para la subsanación de las irregularidades que le fueron observadas según el artículo 369 bis de la Ley General de Salud, corriéndole el plazo para aplicar las medidas correctivas, según los dispuesto en el artículo 430 de la Ley General de Salud”,  menciona el documento enviado por la Coepris como respuesta a la solicitud folio 00779417.

El informe filtrado, el no oficial, habla de las condiciones de insalubridad no propias para un centro de atención de salud pública y que podrían ser motivo para revocar la licencia o permiso sanitario tal como lo indica el artículo 380 de la Ley General de Salud, por presumirse que las actividades ahí realizadas pondrían en riesgo la vida humana.

Las irregularidades en el Hospital General y sobre todo en el área de terapia intensiva para recién nacidos eran muy evidentes y los protocolos fallidos. Los filtros para evitar las infecciones nosocomiales deficientes e infuncionales.

Así, ese espacio para neonatos sufriría una transformación literal e integral. Invertirían alrededor de 900 mil pesos para realizarle una mejora física y sanitaria y llamarla Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.

Era una operación mayor: una desinfección completa.

Ostracismo y complicidad

La Unidad junto al Comité de Transparencia serían las manos ejecutoras del Titular de Coepris Ignacio Zavala para mantener oculto el dictamen de la revisión sanitaria al Hospital General.

La respuesta firmada por el responsable de la Unidad de Transparencia Víctor Manuel Osuna Castañeda evidenciaría la falta de revisiones anteriores a las instalaciones del HG Jesús Kumate.

En la solicitud de información realizada por Proyecto 3 se pedía: aclarar si habían realizado otras inspecciones o revisiones y que resultados arrojaron. La respuesta fue clara: solo la del 24 de julio del 2017. No había más.

Los celulares y los alimentos detonaban el escándalo al interior. Eran fuente de infecciones comunes. Era un secreto a voces confirmado de manera extra oficial. Su uso era común aun en la zona de terapia intensiva de neonatos.

La mentira

La unidad de transparencia de Coepris en su respuesta 04945 del 18 de septiembre del 2017 decía muy claro que no podrían entregar la información porque formaba parte de un procedimiento que se basaba en “la subsanación de las irregularidades que le fueron observadas según el artículo 369 bis de la Ley General de Salud”.

Solo que en la Ley General de Salud no existe el artículo 369 bis dentro del Título décimo sexto de autorizaciones y certificados.

El que si aparece es el artículo 369 que al pie afirma que “Las autorizaciones sanitarias serán otorgadas por la Secretaría de Salud o por los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, en los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables”, según la reforma en el DOF del 27-05 de 1987.

La situación se tornaría más tensa ya que argumentarían la aplicación del artículo 430 de la Ley General de Salud.

“…corriéndole el plazo para aplicar las medidas correctivas, según los dispuesto en el artículo 430 de la Ley General de Salud”, afirmaría el documento oficial.

Sin embargo ese artículo tiene que ver con la aplicación del artículo 396 bis que habla de “Cuando la autoridad sanitaria detecte alguna publicidad que no reúna los requisitos exigidos por esta Ley y demás disposiciones generales aplicables en materia de salud, elaborará un informe detallado donde se exprese”, entre otras cosas el párrafo “IV. Las irregularidades sanitarias detectadas y las violaciones a esta Ley y demás disposiciones generales aplicables en materia de salud, en que se hubiere incurrido”.

Es decir, hablan de un procedimiento por publicidad anómala que afecte posiblemente la salud de las personas, pero no de posible caso de revisión de un lugar de atención de salud pública por presuntas muertes de menores por infecciones nosocomiales.

El artículo 430 lo demuestra: “Las autoridades sanitarias con base en los resultados de la visita o del informe de verificación a que se refiere el artículo 396 Bis de esta ley podrán dictar las medidas para corregir las irregularidades que se hubieren encontrado notificándolas al interesado y dándole un plazo adecuado para su realización”.

No hay duda hay una actitud tramposa.

¿Los porqués?

Ante la solicitud de información el Titular de Coepris Ignacio Zavala decidiría cubrirle las espaldas al Secretario de Salud Alfredo Román Messina y al Director del Hospital General de Los Mochis Javier Salcido Castro.

Los porqués aún no se saben. Movilizaría a su Unidad y Comité de Transparencia para justificarlo.

Así el Presidente del Comité de Transparencia de la Coepris Jaquelín Guadalupe López Rochín, recibiría la propuesta de la Unidad, ordenado por Zavala Escajadillo, y el expediente de procedimiento administrativo de verificación sanitaria número 11/19.12/1/20 sería reservado por tres años.

“como ya se dijo contiene información que es netamente sensible, que su divulgación representa un riesgo real que supera el interés público, puesto que de conocerse el contenido del expediente referido, se podrían poner en riesgo la vida, seguridad y/o salud de las personas que se mencionan en él como responsables y/o víctimas”, se afirmaría al llegar a los otros miembros que también firmaron la reserva: Miguel Ángel Antonio Flores Gaxiola y Arturo Javier Gutiérrez Nuñez.

Los porqués serían todavía más escalofriantes: “impedir y/u obstaculizar y/o impedir el ejercicio de las facultades que llevan a cabo las autoridades competentes en cumplimiento del laudo que pueda resultar del expediente”

Además de “obstruir los procedimientos implementados por las autoridades para fincar responsabilidades a los servidores públicos ante la comisión de un delito”.

También dicen: “entorpecer el procedimiento de responsabilidades, lo cual afectaría la resolución final y/o laudo final y/o afectar la oportunidad de llevar a cabo alguna de las garantías del debido proceso y por ende el probable responsable de un delito puede ser exonerado del mismo al violentare sus derechos humanos”.