Joel Boucieguez contra Gómez Flores y Castañeda

Lo que parecía sería una elección tersa, “arreglada”, para definir el camino 2018-2020 de la Federación de Abogados de Sinaloa se convirtió en un pandemónium.

El desfile de tres aspirantes a suceder al actual presidente Carlos Valle Saracho llamó la atención de la clase política y de la secretaría que monitorea a quienes ejercen la abogacía “de alto riesgo”: la Sedena.

Tres son los candidatos: una es mujer, de la que se dice que ya sucumbió a los “cantos de sirena”. Otro es Francisco Javier Villarreal Gastélum, quien el sábado en una reunión de la FAS advirtió que impugnaría la convocatoria y el proceso de elección.

El otro aspirante es una persona non grata para la milicia pero que se mueve como pez en el agua en ciertos segmentos de la PGR.

La disputa por la presidencia de la FAS no es cualquier disputa. Los analistas localizan en los intríngulis una especie de conspiración que se consumaría si es que el ahijado político de José Joel Boucieguez Lizárraga, secretario del ayuntamiento de Mazatlán, llega a tomar las riendas de la Federación.

Sí. Resulta que Boucieguez quien tiene el sueño de convertirse en vicegobernador de Sinaloa, apadrina a uno de sus pupilos en esta aventura tejida tenebrosamente para asaltar la presidencia de la Federación de Abogados de Sinaloa.

Con la FAS en su poder Bouciegues encaminaría la “limpieza” en la Secretaría General de Gobierno. O mejor dicho: exigiría la cabeza del secretario Gonzalo Gómez Flores y la del subsecretario Antonio -Tony- Castañeda, el llamado “bloque opositor” a la corrupción que crece en Vialidad y Transporte.

Boucieguez blasona controlar Vialidad y Transporte, con casi todo y sus ganancias a traspatio, por medio o a través de su pupilo.

El non grato para la milicia es apoyado también por Paulino Rojo, secretario del ayuntamiento de Culiacán, traidor a la causa de Tony Castañeda, y por algunos magistrados de lo Contencioso Administrativo.

El proceso es todo un escándalo. En el affaire salió a flote que la convocatoria de la FAS tiene vicios de origen: dos índices de más creados exprofeso por Carlos Valle Saracho previendo una alta traición a su proyecto.

Gobernadores uñas largas

Tiemblan los gobernadores malandros bajo la sombra de la

Espada de Damocles que blande el fiscal de hierro Juan Manuel Portal Martínez, titular de la Auditoría Superior de la Cámara de Diputados.

No es para menos: De los resultados de la revisión de la Cuenta Pública de 2015, están ya en la mira los mandatarios de Morelos, Graco Ramírez, y de Campeche, Alejandro Cárdenas Moreno.

Por ese temido y temible filtro pasaron los ex gobernadores de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, ya apañados. En tesitura de prisión está el ex de Chihuahua, César Duarte Jaquez. Otro candidato sería Mario López Valdez, dicen los vizcarristas.

Hasta ahora se encuentran acumuladas 789 denuncias fincadas ante la Procuraduría General de la República. Existen además 13 llamadas auditorías, en cuyo caso aplican a las universidades de los estados de México, Campeche, Quintana Roo y Zacatecas.

Ahora se procesa la revisión de la Cuenta Pública de 2016: El ejercicio de un billón 791 mil millones de pesos (33.1 por ciento del gasto federal anual) está de por medio. En junio se dio un primer reporte preliminar. En octubre, el segundo. Ya existe materia para proceder contra gobernadores en activo. Sin distinción de partidos.

Aquí se prueba que agua pasada sí mueve molino. Los procesos abiertos por la Auditoría Superior de la Federación, según su desenlace, serán referentes para las asignaciones presupuestales a los estados en 2018.

El monto arriba señalado se inscribe en el concepto Gasto Federalizado. Corresponde a las participaciones federales contempladas en los ramos 28, 33 y 23 y a los convenios de descentralización, que clasifican y etiquetan los recursos que reciben los gobiernos de los estados.

La compulsa contable se basa en un total de mil 859 auditorías. De ese total, mil 318 se ocupan específicamente de los estados y municipios. Aquí se afina la puntería porque en esos niveles de gobierno se aplica el 90 por ciento de los apoyos federales, ya que las administraciones locales no alcanzan ni 10 por ciento de ingresos propios para financiera su gestión. Ahí es donde entra la mano peluda de gobernadores y alcaldes.

De acuerdo con fuentes cercanas al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, sin identificar a gobernadores, son susceptibles de ojo clínico unos 300 mil millones de pesos sólo del ejercicio de 2016; más los expedientes atorados en la PGR.

Uno de los casos que más expectación producen, es el del ex gobernador mexiquense Eruviel Ávila Villegas. Para el ejercicio revisado, hay volando más de tres mil millones de pesos, aunque el acumulado sexenal habla de más de ocho mil millones de pesos.

Las direcciones jurídicas de los gobernadores que sienten el fuego en los aparejos están atentas a la suerte de Ávila Villegas pues, si finalmente resulta exonerado, tendrán un precedente legal para alegar su defensa.

 

Álvaro Aragón Ayala

Conductor del programa de radio Ruta Mexico y analista politico en Radio UAS, Diario de Sinaloa y Director Ejecutivo de Proyecto 3.