Empresarios de la pesca patentaron la corrupción

Detrás de la fachada  de éxito de algunos empresarios pesqueros de altamar se esconde un sendero obscuro de complicidades políticas y violaciones a la normatividad que rige la captura de especies de escama y crustáceos del mar de Cortés y la escalada de corrupción amenaza la reproducción de las especies en peligro de extinción y el empleo directo de más de 70 mil personas que operan las capturas artesanales en los litorales regionales.

La pesca social se realiza en un 80 por ciento con métodos manuales lo que influye en la economía de los campos pesqueros, donde sin embargo se carecen de programas para darle sustentabilidad a los proyectos de los grupos productivos.

En contra-sentido, la pesca de altamar se desarrolla mediante sistemas mecanizados que sustituyen la mano de obra y generan pocos ingresos a las familias de los litorales. Ya que la tasa de ocupación laboral es de apenas 2 mil 800 gentes en los estados de Nayarit, Sonora, Sinaloa y las Bajas Californias donde los empleos indirectos que se generan son de 2 mil trabajadores más.

A pesar de la diferencia en los beneficios económicos de la pesca social y la privada no se está dando un trato igualitario a la práctica pesquera porque el control de los programas de impulso a la actividad está en manos de funcionarios y políticos germinados a la sombra de los intereses grupales donde prevalece el uso y abuso en la designación de personajes bajo sospecha en las dependencias de gobierno relacionadas con la pesca.

No han dado resultados

A contra corriente de los reclamos sociales los pescadores de altamar han colocado sus fichas en el tablero gubernamental y legislativo donde los propietarios de industrias y embarcaciones de gran calado de Sonora y Sinaloa han logrado bajar recursos y programas que se escamotean a los pescadores de bahía y desarrollaron un hábito por la impunidad al violar la leyes pesqueras que delimitan las áreas de capturas en las aguas regionales y los mismo trabajan en aguas profundas o si les conviene les roban los volúmenes que se reproducen en los espacios de los rivereños.

Embriagados de poder que les da el control que ejercen en los organismos pesqueros gubernamentales utilizan equipos prohibidos por las normas 002 y 004 para la captura de atún y camarón  en los 177 mil kilómetros cuadrados  que conforman el mar de Cortes.

Las embarcaciones sardineras que alimentan a la industria sonorense también aportan sus gotas de desastre al ecosistema marino porque tampoco respetan los límites de aguas para las zonas productivas y  en sus anomalías atrapan a especies en peligro de extinción.

En forma palmaria utilizan redes de una malla de media pulgada de un largo superior a los  dos kilómetros y medio y de 40 metros de profundidad que en su arrastre se llevan especies que no deben atrapar y que inclusive se encuentran en etapa larvaria.

De acuerdo a la reglamentación pesquera del país las áreas de capturas se dividen en aguas de alta mar de bahía e  intermedia pero aunque los pescadores rivereños capturan en su frágiles embarcaciones en las zonas permitidas se han detectado incursiones furtivas de barcos  de Sonora y de Mazatlán en las orillas de los litorales  donde debido a la poca profundidad de las aguas las redes arrastradas mecánicamente causan deterioros en habitad  y áreas de reproducción de diversas especies.

Es decir las embarcaciones sardineras se están metiendo indebidamente a la región de bahías hasta donde no encallan y se están llevando camarón, lisas, pargos y moluscos que no deben capturar y lo peor es que se están llevando larvas de estas especies y consecuentemente están golpeando el ciclo reproductivo en las aguas.

En los últimos cuatro meses se ha detectado que 26 embarcaciones de la industria sardinera de Sonora y Sinaloa se han introducido a las bahías del norte de Sinaloa  rastrillando las aguas donde están las pangas de los pescadores ribereños y en media hora se llevan todo lo que encuentran a  su paso.

En aquellas zonas donde los pescadores de bahía podían haber practicado la captura de camarón durante dos semanas su producción les fue robada en 30 minutos y solo les dejaron la devastación ecológica.

Lo mismo ocurre en aquellos casos en que los barcos llegan a las zonas prohibidas para robarse la producción de sardinas y otras especies de bahías para utilizarlas como carnadas en las captura de atún.

Con ello están causando un impacto perjudicial en la economía y el empleo en las zonas ribereñas ya que directamente existen alrededor de 13 mil pescadores de bahías en la zona norte de Sinaloa pero ellos detonan las actividades secundarias de las especies marinas que llevan el sustento para alrededor de 70 mil personas.

El desigual trato tiene un origen que nace desde el poder legislativo donde se han frenado las iniciativas de leyes encaminadas a provocar el despegue de la actividad relacionada con la captura de especies marinas  ya que en la Comisión  de Pesca del Congreso de la Unión se encuentra parapetado el diputado Próspero Manuel Ibarra Otero  quien salió de las filas del empresariado sardinero y atunero de Sonora.

En la misma Comisión navega la legisladora sinaloense Paola Iveth Garate Valenzuela que funge como secretaria pero que sistemáticamente se ha negado a recibir a los pescadores ribereños que buscan solucionar la problemática.

Al contrario los legisladores le están aplastando el cuello a la actividad rivereña ya que programaron un apoyo de 800 millones de pesos para los empresarios pesqueros de alta mar y dejaron en el presupuesto 140 millones de pesos para las capturas en las bahías regionales.

Además los legisladores autorizaron un subsidio de 200 mil litros de combustible para las embarcaciones de alta mar y dejaron en 5 mil litros el apoyo a los pescadores de bahía a pesar de que el acento laboral está en las cooperativas de los campos pesqueros.

Para depredar el ecosistema marino los empresarios de alta mar desarrollaron en el año 2013 la estrategia de no tomar en cuenta la opinión de los rivereños en los programas pesqueros y crearon una ONG denominada MCS pesquería integrada por personas surgidas de las empresas industrializadoras que expiden certificaciones que les permiten utilizar con impunidad artes prohibidas y que en otros países como Ecuador ya han sido retiradas en las capturas.

Para reforzar la pinza que asfixia al sector rivereño fue colocado al frente del Instituto Nacional de Pesca-INAPESCA- Pablo Arenas quien se encuentra identificado por sus conexiones con la pesca atunera y la industria sonorense.

Este funcionario eliminó la instalación de vedas para las embarcaciones de alta mar que capturan camarón y otras especies durante todo el año.

Detrás de las maniobras para depredar la zona donde hay larvas marinas está escondida la intención de crear granjas para la reproducción en cautiverio de especies de escama demandadas por la industria regional y que permita reducir la influencia de la producción rivereña en el mercado.

Con este propósito se puso al volante de la cámara nacional de la industria pesquera a Humberto Becerra Batista –CANAINPESCA- que surgió de la industria pesquera de altamar y sostiene un matrimonio por conveniencia con los dueños del capital pesquero que lo colocaron en ese puesto  para mejorar la economía del sector pero no ha logrado su propósito.

El diputado Próspero Manuel Ibarra Otero, Pablo Arena y Humberto Becerra Batista  son la servidumbre de los titanes de la depredación pesquera.