Ejercicio del poder “de manera despótica”

A estas alturas, se antoja misión imposible limpiar de cerumen las orejas a los funcionarios del Estado mexicano  responsables de garantizar el respeto al libre ejercicio de las libertades civiles y los derechos políticos de la comunidad nacional.

Vienen visitadores de la ONU, de Amnistía Internacional; hablan el Departamento de Estado (USA), la Comisión y la Corte interamericanas de los Derechos Humanos; viajan a México comisionados de agencias multinacionales para los derechos de la infancia, de las mujeres,  de los pueblos originarios y de la clase trabajadora; de instancias para la protección de los recursos naturales, etcétera.

Portan esas instituciones gruesos expedientes que documentan las incesantes transgresiones a la Constitución mexicana y a los acuerdos y convenciones internacionales de los que México es Estado parte; emiten un día sí, y otro también, juiciosas recomendaciones para reparar ese deprimente estado de cosas que violenta el derecho a la vida.

Frente a todo clamor social, “ni los veo ni los oigo”

Se ha institucionalizado, no obstante, una vieja expresión que llegó para quedarse: ¡Ni los veo, ni los oigo! Penosa, e inadmisible a la vez, respuesta, cuando a estamos a escasas horas de que se cumplan cinco años del compromiso rector del sexenio: ¡Un México en paz!

Es frente aquellas manifestaciones externas de preocupación, que el gobierno parece pertrecharse en la soberanía nacional y casi se defiende contra un supuesto injerencismo en la vida institucional doméstica.

El viernes pasado, sin embargo, fue el portavoz de uno de los tres poderes de la Unión, el Judicial, quien denunció la situación de oprobio a la que están expuestos los mexicanos.

Indignante corrupción de funcionarios y empresarios

En ocasión del bicentenario del nacimiento del jurista mexicano Mariano Otero, fue el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, quien le puso el cascabel al gato.

Acusó Aguilar Morales que en el México actual prevalecen la mala educación, el mal diseño de las instituciones y la indignante corrupción de algunos funcionarios y empresarios.

Doblemente lacerante es la situación de extrema pobreza en la que se encuentran muchos mexicanos, señaló el ministro presidente y listó los agravios: Falta de oportunidades para generaciones de jóvenes, la ausencia de condiciones dignas de trabajo, así como la situación de vulnerabilidad que sufren las mujeres, las minorías sexuales, los grupos indígenas y las personas con discapacidad.

No omitió el orador la responsabilidad los jueces, “pero ningún derecho puede ejercerse con efectividad si se carece de las garantías mínimas de bienestar social. Se trata de evitar que la autoridad ejerza el poder de manera despótica, caprichosa, sin límite alguno, sin frenos ni contrapesos, sin rendición de cuentas…”.

Por lo que corresponde al Poder Judicial, Aguilar Morales dejó un modelo para armar.

En la Corte Internacional de Justicia otra denuncia más

Horas antes, la Corte Internacional de Justicia de La Haya, emitió un oficio por el cual da por recibida la solicitud de una representación parlamentaria mexicana en torno a la inacción del gobierno mexicano para disminuir y resolver en su caso, los homicidios, desapariciones forzadas y atentados contra periodistas y defensores de los derechos humanos en México.

Condena la ONU la violencia contra periodistas

Ese es el punto que ocupa nuestro tema de hoy. Precisamente el viernes pasado, en Culiacán, Sinaloa, con la asistencia del relator de la ONU para los derechos humanos, Jan Jarab, se realizó ceremonia organizada por las embajadas del Reino Unido, Alemania, Suecia y Canadá al cumplirse seis meses del asesinato del colega Javier Valdez Cárdenas.

Estamos aquí, dijo Jan Jarab, para condenar y expresar nuestra preocupación por la violencia y la insuficiente protección de periodistas y activistas

Horas antes, en la capital de Chihuahua, al menos tres organismos defensores de los derechos a Libertad de Expresión y el Derecho a la Información, se congregaron para denunciar que, después de ocho meses, no hay un solo detenido por el asesinato de la colega Miroslava Breach Velducea.

¿Cómo no hablar de Estado fallido?

La impunidad llega a tal grado que, según denuncia de los oradores, la Fiscalía General del Estado mantiene una sistemática negativa a que los familiares de la víctima tengan acceso al expediente del caso y evite aclarar el móvil del crimen.

Lo dicho, el ni los veo ni los oigo es por sistema la conducta de aquellos que tienen en sus manos la procuración y la administración de la Justicia en México. Donde no hay voluntad política, no se puede apelar ni siquiera a la justicia inmanente. ¿Cómo no hablar de Estado fallido?