Deudas y financiamiento de campañas

En la vorágine de factores que amenazan la posibilidad de unas elecciones legales y pacíficas en 2018, una mala noticia se encima a otra de la hora anterior.

En este aturdimiento de la opinión pública, se ha sacado de primer cuadro la sospechosa iniciativa que, en estricto rigor, proponían la privatización del sistema electoral mexicano.

No significa otra cosa la propuesta de que se cancele el subsidio público reservado a los partidos políticos para su financiamiento ordinario y los costos de campaña.

Obvio, en la iniciativa se cuidaron especificar de qué otra fuente económica vivirían los partidos políticos, considerados por la Constitución como “entidades de interés público” y, en su caso, a quién rendirían cuentas.

Esa posición remite a dos que tres expedientes violatorios de la Constitución. Para las elecciones presidenciales de 2000, el propio Vicente Fox confesó públicamente que Amigos de Fox recibía donaciones del extranjero: “Hasta de Irlanda y Rusia”, llegó a decir.

En 2006, fue visible la mano del Partido Popular Español, cuyo prominente ejecutivo, José María Aznar viajó expresamente a promover el voto en favor de Felipe Calderón.

Entre 2010 y 2012, gobernadores en activo echaron mano a la hacienda pública para desviar recursos del erario las campañas.

El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa fue pillado con las manos en los paquetes de efectivo en avión oficial interceptado en el Aeropuerto Internacional de Toluca.

Pero hubo otros casos que quedaron soterrados: el ex gobernador de Coahuila, Enrique Martínez Martínez fue señalado como uno de los principales donantes a varias campañas. Fue recompensado con la Secretaría de Agricultura, en la que se incorporó como segundo de abordo a Jesús Aguilar Padilla, ex de Sinaloa.

De Coahuila también, Humberto Moreira, premiado con la dirigencia nacional del PRI.

Esos dos priistas caracterizaron sus administraciones por la contratación de deuda en los últimos meses de su mandato, como lo hizo también el de Puebla, Mario Marín Torres.

El punto es la deuda pública de los gobiernos de los estados. Aunque el Instituto Federal Electoral (IFE) y después el INE en sus tareas de fiscalización no tomaron nota de esos desvíos a las campañas, la Auditoría Superior de la Federación ha venido documentando escrupulosamente varios casos.

Sólo hay constancias de que el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez se engolosinó liberando recursos para el quehacer político, según consta ahora en los procesos fincados contra el ex mandatario.

En días pasados, en la Cámara de Diputados se produjo el linchamiento parlamentario del representante de Morena, Ariel Juárez, en el que participó la sinaloense Gloria Félix Niebla: ¡Heee, puto!

Otro estado colocado en la inercia del endeudamiento, es el de Zacatecas. El gobernador Alejandro Tello Cristerna tiene menos de dos años en el mandato: Ya logró, mediante ingeniería financiera, la restructuración de deuda por casi siete mil millones de pesos adicionales, siempre con la complicidad del Congreso local y de la Unidad de Coordinación Fiscal con las Entidades Federativas.

Alejandro Murat también ha logrado el fíat de sus diputados para seguir ensanchando la banda de endeudamiento que su antecesor, Gabino Cué Monteagudo, dejó en la zona de los 12 mil millones de pesos.

Aunque Yucatán no es de los estados más endeudados, Rolando Zapata Bello ha adquirido nuevos débitos en la perspectiva de la elección de gobernador en 2018, que coincide con la sucesión presidencial.

En todos los casos listados, hay una flagrante violación de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, asunto que, desde luego, no es competencia del Instituto Federal Electoral, sino de las secretarías de Hacienda y la Función Pública, y la Procuraduría General de la República, que tiene conocimiento de esa conducta transgresora al través de la Auditoría Superior de la Federación.

Ese es el quid del asunto: Cuando se propone la cancelación del subsidio público a los partidos, obviamente lo hacen quienes tienen la seguridad de que disponen de fuentes alternas para su supervivencia económica: La de las tesorerías de los gobiernos de los estados.

Ahora mismo, es del dominio público los dirigentes nacionales de partidos políticos en posesión y posición de gobiernos estatales están solicitando a sus respectivos mandatarios  mochen con apoyos para el financiamiento de las campañas.

Álvaro Aragón Ayala

Conductor del programa de radio Ruta Mexico y analista politico en Radio UAS, Diario de Sinaloa y Director Ejecutivo de Proyecto 3.