De Leyson a lady Diana

Puente de corrupcion

Con alcaldesa del PRI no llegó la solución: la impunidad trajo la metástasis

La administración municipal de Armando Leyson Castro, la más plagada de irregularidades en la historia de Guasave y destacada negativamente incluso en el escenario estatal, dejó una estela de corrupción sólo medible con el tamaño de la impunidad que le ha concedido la Auditoría Superior del Estado, revelan resultados de las revisiones correspondientes al “año de Hidalgo” de ese gobierno panista.

Lo peor para los guasavenses, sin embargo, es que la falta de castigo al saqueo financiero, es ejemplo que la alcaldesa Diana Armenta Armenta sigue con esfuerzo de imitación que indigna a la ciudadanía, expresan denuncias públicas que reportan colusión de los principales funcionarios para hacer posible el desvío de recursos que profundiza la crisis del infortunado municipio.

En el registro de las auditorías oficiales realizadas al segundo semestre de 2016, constan toda clase de omisiones y mal uso de fondos propios de la comuna, lo mismo que de la federación, dejando como testimonios la afectación de programas emblemáticos en el país, como la cruzada contra el hambre, además de obras no realizadas pero pagadas, muchas otras inconclusas y de mala calidad, pero igualmente liquidadas, que dejaron a comunidades marginadas con sus carencias de servicios en peor nivel que antes de sentir la mano “bienhechora” del “Kory” Leyson.

El tamaño de la devastación que encontraron los auditores y el relevo priista en el gobierno, no ha generado soluciones y las sanciones que prevé la ley porque la ASE perdona al infinito a los saqueadores y les tiende el manto protector de la impunidad por ocultos pactos políticos establecidos desde el pasado sexenio.

En este contexto de permisividad del sistema, el gobierno de Armenta Armenta ha desarrollado su propia estrategia de opacidad administrativa, con la certeza de que la regla es el perdón para los funcionarios que buscan enriquecerse como premisa en el servicio público.

El recuento de faltas que tipifican delitos, van desde la increíble “pérdida” de maquinaria pesada del municipio, que la desviación de fondos para escuelas, dispensarios médicos, comedores comunitarios, además de no enterar retenciones de descuentos a trabajadores, por cuotas IMSS e INFONAVIT, o a comercios de la localidad por créditos al consumo, y aun para disfrazar pagos indebidos a los regidores que votaron siempre por validar las cuentas públicas de la “pandilla azul”, sin poner a salvo ni el Impuesto Predial Rústico, desviado de sus objetivos sociales con descaro que hace posible el salvoconducto al perdón indignante.

DONDE HAY HAMBRE, LEYSON DEJÓ MÁS HAMBRE

Documentos que obran en poder de Proyecto 3, voces que rompen el silencio, indican que ni siquiera obras federales destinadas a apoyar la cruzada contra el hambre quedaron a salvo de la voracidad del anterior gobierno municipal.

Ejemplos: Pagar y no construir los comedores comunitarios en las comunidades marginadas, entre ellas Maximiliano R. López y Estación Bamoa, con importes de 457,820 y 456,388 pesos, que se perdieron en la sospechosa ineptitud financiera de Leyson y su tesorera, Angelina Morales, “asesorados” por el hermano del alcalde, Arnoldo Leyson, el que desde fuera operó los programas y recursos, como vicealcalde controlador del gabinete económico y financiero.

Los mencionados comederos no operan porque los trabajos quedaron a medias, de modo que Leyson dejó más hambre donde ya había pobreza extrema.

Otra “hazaña” fue el desvío de 2 millones 800 mil pesos enviados por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que debió destinarse a la adquisición de activos, mismos que no encontraron físicamente en ningún rincón de las oficinas municipales, dejando en pie la sospecha de que sólo el clan Leyson sabe si hubo compra y dónde están esos bienes públicos perdidos en la espesa selva de la corrupción.

MAS DESVÍOS Y EXCESOS AL AMPARO DE OBRAS PARA MÁS POBRES

Los abusos cometidos al amparo con el programa de Enrique Peña Nieto contra el hambre, no son los únicos perpetrados en las comunidades rurales pobres, que son mayoría en el campo guasavense.

En San Marcial comprobaron un faltante de 560 mil pesos del Fondo federal para Fortalecimiento de los Municipios, que impidió terminar y poner en servicio un dispensario médico que urge en ese asentamiento rural, además de que el avance en la obra es con material de mala calidad, aprovechando que la supervisión del gobierno de Leyson careció de interés en servir a la clase social que siempre dijo apoyar más que los priistas que califica de corruptos.

Las aportaciones de CAPUFE también resintieron la “mano negra” de la ineptitud, como ocurrió con el reencarpetado de calles en Batamote y en rehabilitaciones del parque Hernando de Villafañe. En esos lugares se desperdiciaron o se esfumaron 203,379 pesos, cuya aplicación no fue posible comprobar.

LISTA DE IRREGULARIDADES QUE ESPERA EL LLAMADO A CUENTAS

Donde pusieron el lápiz los auditores encontraron faltantes, malas aplicaciones o francamente desvíos.

En San Joachín sector Cárcamo quedó inconclusa la ampliación del sistema eléctrico porque se “desperdiciaron” 805 mil 365 pesos del Fondo de apoyo a municipios.

En Los Angeles del Triunfo sector Estadio se repitió esta práctica en una extensión de la red eléctrica, con una irregularidad que importa 103 mil 700 pesos

Del mismo fondo federal, la tesorería a cargo de los Leyson dispuso de un millón 031 mil 730 pesos 64 centavos para pagar seguros de vida a policías y agentes de tránsito, con la grave omisión de no haber comprobado la erogación con los comprobantes que el más inexperto jefe de oficina habría exigido.

Las becas a los hijos de trabajadores sindicalizados no escaparon al voraz manoseo de la tesorera Morales. Los auditores observaron que supuestamente se entregaron casi 200 mil pesos sin reunir la documentación comprobatoria.

Aquel trienio fue un festín de pagos sin respaldar con facturas o recibos.

“ACTO DE MAGIA” SIN ACLARAR: NO HALLAN DRAGA “PERDIDA”

Entre lo insólito del latrocinio extendido de la era Leyson, está el reporte de la desaparición de una draga asignada a la Dirección General de Obras Públicas, a cargo del ingeniero “amigo” y socio de Leyson, Domingo Mexía. La denuncia del misterioso caso de la enorme máquina “desaparecida”, conocida en julio pasado, aún no llega a su desenlace obligado.

Ni la ASE ni el gobierno de Diana Armenta se preocupan por restituir ese importante activo, que no se esfuma en el aire sin dejar huella o alguna autorización escrita del último movimiento de la unidad.

Mexía y su jefe son los directamente responsables del robo de una máquina que no puede mover un ladrón común para ocultarla o sacarla del municipio sin complicidad de los funcionarios, quedando en pie la posibilidad de que la draga sea parte de la “gratificación” por los servicios prestados al municipio por uno o varios funcionarios o socios de ellos.

Aún no se realiza la investigación que requiere el manejo de la obra pública municipal, para poner en claro la intromisión de los hermanos del alcalde en el trabajo de “coordinar” la actividad y transparentar los pagos realizados en ese concepto.

PAGOS INDEBIDOS A REGIDORES POR SU “APOYO” A LATROCINIOS

El cabildo recibió gratificaciones indebidas para “solidarizarse” con el desorden financiero y aprobar las cuentas sin ningún reclamo ni exigencia de aclaración.

Destaca el pago de 2 millones 430 mil pesos que recibieron los 18 ediles por concepto de “riesgo laboral” que según El Kory debieron enfrentar sus escrupulosos compañeros del ayuntamiento.

Ese pago es considerado por los auditores como una obvención, es decir, no procedía el pago extraordinario fuera de presupuesto, porque se trata de servidores públicos con sueldo fijo considerable, que no justifica la gratificación, ganancia y lucro, por el pretexto de que corren grandes “riesgos” al defender lo indefendible.

¿Por qué sólo a los ediles correspondería ese beneficio? La respuesta es obvia al observar la necesaria complicidad del cabildo en las revisiones de las cuentas públicas de la pasada administración.

(Con ese criterio Leyson, todos los trabajadores en territorio sinaloense deberían percibir un pago adicional a sus salarios por encontrarnos, sin excepción, en “riesgo laboral” debido a la inseguridad que no han sabido darnos las autoridades)

El manejo de sueldos fue igualmente desordenado como el de obras y servicios, a pesar del permanente grito lastimero del ex alcalde por la situación financiera que recibió de las administraciones priistas. En los hechos se condujo como si estuvieran manejando grandes excedentes de recursos.

Pero lo antes descrito no fue todo: las auditorías observaron que la tesorera no enteró las retenciones por concepto de “Pago de Ayuda de Habitación”, algo que se manejó discrecionalmente, hasta sumar un considerable faltante de un millón 483 mil 983 pesos.

Tampoco enteró retenciones por abono a préstamos de trabajadores, que dieron un total más alto aún, de 2 millones 105 mil 896 pesos 14 centavos. Se concluye que los trabajadores pagaron, pero el dinero se esfumó en el registro de los descuentos.

Fue todavía fue mayor el desvío que afectó la imagen de los trabajadores municipales en el comercio, enviados por su patrón a cartera vencida y al buró de crédito, luego de que la comuna descontó abonos a su personal sindicalizado, pero no entregó el dinero a los acreedores, algo que se llama fraude.

El mal manejo se evidenció en el anticipo acordado en el convenio para pago del adeudo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, por 5 millones 498 mil 3221 pesos 19 centavos, agregando a lo anterior otro escamoteo de retenciones de cuotas al personal, en dos partidas, de 953 mil y 246 mil pesos.

En este recuento de una parte menor de los cientos de irregularidades, omisiones y desviaciones encontradas en la revisión final del pasado trienio, destaca la partida de 7 millones 943 mil 092 pesos 76 centavos, que bajaron del Predial Rústico para pagar recolección de basura en áreas rurales, totalmente fuera de norma, por ser concepto de gasto corriente. Pero PASA fue siempre una debilidad de Armando Leyson, atenido a la protección de palabra y de hecho que recibió del pasado gobierno, hasta permitirle que el ex auditor del estado se encargara de “limpiar” sus cuentas públicas.

El aseo total de los números y de los actos que implican no pudo ser total por la cuantía de las irregularidades consignadas en las carpetas que aún oculta o tiene en archivo muerto la Auditoría Superior del Estado.