Reprueban a jóvenes que quieren combatir la delincuencia

Manipulan exámenes de control de confianza

Bajo la regla de que la criminalidad en Sinaloa tiene músculos  y que los cuerpos policiacos no están dando la batalla a la delincuencia, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de  Sinaloa funciona como laboratorio de fallas y sus integrantes están estigmatizando a la juventud cerrándoles las puertas a su preparación en las carreras de investigación y persecución de los delitos.

En el radar de los errores se encuentra el departamento de control y confianza donde envían la sensación de que la apuesta es por desechar los espacios laborales a la juventud sinaloense al considerar que el 90 por ciento de los aspirantes a  servidores públicos no tienen perfil de honestidad.

En el último censo de exámenes de ingreso a las instituciones de seguridad del estado 2 mil 122 jóvenes buscaron empleo dentro de los cuerpos policiacos pero en forma sorpresiva y sin una valoración profunda de sus cualidades y perfiles personales y profesionales solo aprobaron 187 personas.

Este acto puso entre dicho la seriedad de los controles implementados por el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública que tripula en Sinaloa Ambrocio Mojardín  Heráldez porque a la vista de los sectores productivos la juventud del estado no esta tan mal como para que resulte que la mayoría son desechados cuando buscan trabajos serios y honestos y pretenden ser parte de los cuerpos de seguridad para luchar contra el hampa.

La mayoría de la juventud de Sinaloa tiene perfil de servicio y se les deben abrir la puertas cuando intentan servir a la entidad en el ramo de la investigación y combate al delito, muchachos que fueron puestos bajo la lupa de personal que practica  los exámenes de control y confianza sin ninguna ética.

El grave problema es que el Consejo Ciudadano de Seguridad Publica también está fallando ya que no está evaluando el desempeño de los que realizan los exámenes de control y  confianza porque son unos cuantos los que desechan a los jóvenes que en racimo acuden a las convocatorias del estado para incorporarse a la fuerza de trabajo de la entidad.

En el palmarés nacional Sinaloa ocupa el primer lugar en fallas en los resultados de los exámenes de control y confianza ya que algunos jóvenes que fueron evaluados están trabajando con buenos resultados en las instituciones del gobierno federal y también en otras entidades federativas donde se les reconocen su dedicación y desempeño eficiente.

En Sonora, Baja California Sur, Baja California Norte y otras entidades del país existen funcionarios públicos que han criticado a la veintena de funcionarios que manipulan los exámenes de control y confianza de Sinaloa ya que son los mismos personajes que durante años han estado en esos puestos pero no han servido para bajar los índices de violencia eligiendo a jóvenes con aptitudes y actitudes de servicio.

Las estadísticas muestran que los que tiene a su cargo aprueban o desaprueban los exámenes de control y confianza están fallando a la entidad ya que el estado galopa a un ritmo de violencia e impunidad que coloca a la entidad en tercer lugar nacional entre las entidades más inseguras.

Con un ritmo de 4.2 muertes violentas diarias, Sinaloa se perfila como segundo lugar nacional en homicidios. El ritmo de violencia dirige al estado a las mil 500 muertes de enero al último día de diciembre del año 2017.

La impunidad se puso a caballo desde el lumbral del año ya que el 98 por ciento de los delitos esta  sin castigarse.

El 97.6 por ciento de las familias expresa su temor de sufrir algún delito en sus hogares y el 91 por ciento de las víctimas del delito de robo tiene miedo de denunciar los crímenes cometidos en su contra por la falta de confianza a las instituciones de gobierno porque no hay policías suficientes para garantizar la seguridad pública.

Los números brindados por el propio Consejo Ciudadano de Seguridad Publica y la fiscalía del estado de Sinaloa desencadenan escalofríos y malestar ya que las medidas para la prevención y persecución del delito están siendo descarriladas ya que de  5 mil 500 agentes policiacos 2 mil 800 están ocupados en la seguridad de funcionarios públicos de alto copete y políticos que los usan para cuidar sus empresas.

Es decir descuidan a la ciudadanía para cuidar a los actores políticos.