Jorge Abel, as de la impunidad

Oculta magnitud de contaminación criminal y aspira a una diputación federal

A un año de que concluya el sexenio federal, el delegado de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales -SEMARNAT- , Jorge Abel López Sánchez, alimenta la impunidad en la contaminación de suelos, arroyos, ríos y presas de Sinaloa, porque a tres años de que se derramaron 300 mil litros de metales pesados a la presa El Comedero oculta los estudios técnicos de los índices de afectación a los espejos de agua cercanos a los centros de operaciones mineras del atlas estatal.

El desastre tuvo un costo humano con la muerte de cuatro personas que se dedicaban a la pesca doméstica en la presa El Comedero y no han caído culpables que respondan a sus familiares por ese crimen y en los archivos de la SEMARNAT permanecen extraviados los expedientes relacionados con el accidente debido a contaminación de ríos y arroyos en la frontera de Sinaloa con Durango.

Jorge Abel López Sánchez se convirtió en un retrato del fracaso en el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales y fermentó el mal humor de la zona rural de los altos por su abierto proteccionismo al uso indiscriminado de materiales peligrosos que primero son utilizados en las zonas mineras de los altos y sin precaución ni protocolo alguno se colocan en jales que luego se derraman en el subsuelo, arroyos, ríos y presas.

Uno de los  acentos de la problemática surgió en el mes de octubre del año 2014 y corrió por cuenta de la organización Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina y de los dirigentes de las cooperativas pesqueras de la presa El Comedero, que nuevamente elevaron la voz en tono crispado para expresar su  malestar común porque Jorge Abel López Sánchez pretende subirse al ring electoral del año 2018 y abandonar como asunto pendiente el reclamo social de que se sancione enérgicamente a la empresa Bacis que opera la unidad El Herrero de donde se desprendieron fuertes cantidades de zinc, plomo y mercurio para alojarse en el espejo de agua de la obra hidráulica ubicada en Cosalá.

Los metales pesados y productos químicos de alta peligrosidad escurrieron por la cinta del rio San Lorenzo y golpearon la producción pesquera, pero la empresa minera sigue operando sin resarcir los perjuicios legales a la comunidad afectada.

Investigaciones desplegadas por instituciones especializadas de origen independiente, detallaron que el máximo peligro en el uso irregular de los materiales peligrosos en la actividad minera desplegada por Bacis fue en el mes de enero del año 2013 cuando se registró un derramamiento masivo de materiales al romperse los jales de la mina.

DESDE QUE LLEGÓ A SEMARNAT, JORGE ABEL APOYÓ LA CONTAMINACIÓN

Ese mismo año inició la administración pública federal en transe y se colocó la etiqueta de delegado de SEMARNAT a López Sánchez y en uno de sus primeros actos el funcionario desactivó los protocolos de operaciones de riesgos de la dependencia para favorecer a los empresarios mineros de la zona alteña del estado, de Durango y Chihuahua.

Trató así de ocultar las anomalías que rigen a la actividad minera.

En un aparente deslinde de la corrupción de SEMARNAT  el gobierno de Mario López Valdez fraguó y puso en operación un encuentro con el titular de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a quien le deslizo la ineficiencia y la colusión de López Sánchez con los señores del dinero en las minas, y denunció la caótica regulación de la dependencia sobre los materiales peligrosos usados den las minas y el derramamiento de metales de alto riesgo en los cauces de arroyo, ríos y presas regionales.

En el espinazo rocoso de la sierra sinaloense operan minas en las que se produce hierro, oro, plata y otros minerales, pero del censo de ellas nada sabe la Secretaria de Desarrollo Económico, que no lleva ningún control de las exploraciones que se llevan a cabo por empresas piratas en los subsuelos de Choix, Sinaloa, Mocorrito, El Rosario, Concordia y Cosalá, entre otros municipios del estado donde rige la ley de la corrupción para disfrazar el saqueo clandestino de los recursos naturales.

Se calcula que al menos operan 412 minas donde no se vigila el uso adecuado de materiales peligrosos y se violan las leyes laborales y de seguridad en el trabajo, colocando así en peligro la salud tanto de los empleados de las empresas como de los habitantes de las zonas donde se derraman los jales mineros.

La tersura de las relaciones entre los delegados federales y funcionarios estatales en este giro económico entró en terreno de rompimiento y se desmoronó la confianza hacia el desempeño  de López Sánchez en SEMARNAT porque mientras lo ciudadanos pujaban por una revisión profunda a la zona de riesgo minero, explotaron anomalías en la mina Rio Tinto de Choix y El Zafiro, en Mocorito, donde la contaminación y la mala calidad de la infraestructura minera se cobraron la vida de trabajadores que no tenían medidas de seguridad que los protegiera de las condiciones laborales que les impusieron patrones protegidos por el gobierno federal.

ECOCIDIOS NO SÓLO EN LA SIERRA: TAMBIÉN EN LA COSTA

Al mismo tiempo que se detectaron las anomalías en las empresas mineras, el delegado López Sánchez exhibió su falta de tacto político rehuyendo los reclamos sociales de los habitantes de los altos para apacentar en programas de desarrollo en el norte de Sinaloa y, por ironías de sus decisiones, organizó encuentros de trabajo con el empresario y político de doble nacionalidad, Rubén Félix Hays, quien es considerado como el arquitecto del ecocidio desplegado en la zona montañosa que bordea al puerto de Topolobampo.

A un costado del puerto de Topolobampo se encuentra un emporio residencial exclusivo para extranjeros, construido por Félix Hays sobre un cerro donde se pulverizaron 6 especies y 7 sub especies de cactáceas que eran originarias de ese lugar y se extinguieron diversas especies de fauna propia del lugar.

Lo irónico es que ese lugar se ha vuelto zona habitual  de convivencia de Jorge Abel López Sánchez  y el “jet set” de la política del norte de Sinaloa.

Jorge Abel López Sánchez, en su calidad de delegado de SEMARNAT, tampoco ha reclamado ni procedido por la destrucción masiva de la zona marismeña de Sinaloa, donde, sin apego a los protocolos oficiales, se destruyen flora y fauna para crear granjas acuícolas y se introducen proyectos habitacionales con un alto costo en la reproducción de especies regionales de peces y aves.

El delegado de la dependencia aprovecha la ignorancia del secretario del Medio Ambiente, Rafael Pacchiano Almazán, quien llegó al cargo solamente por la amistad de su familia con el presidente Enrique Peña Nieto, para concertar toda clase de acuerdos con los ecocidas para subastar la ley de protección a la naturaleza.

Ni Pacchiano ni sus cercanos colaboradores han inspeccionado alguna vez lo que ocurre con la contaminación en sierras, ríos, litorales y zonas protegidas del país. Esto se demuestra en Sinaloa lo mismo que en entidades de todas regiones del país, como Quintana Roo, Chiapas, Tamaulipas y Nayarit, entre otras.

Se irá de la SEMARNAT sin haber conocido las áreas de su responsabilidad, lo que aprovecha en Sinaloa el delegado de la dependencia para sacar provecho de la devastación ecológica que tolera y alienta.

Al fin que ya dejará “chillando la víbora”, esperando cobrar otra inmerecida e insostenible factura política a su partido mediante un pase para competir por una curul en San Lázaro. Vaya desvergüenza. Dice que para eso apoyó las campañas del PRI el año pasado, incluso en días de trabajo.