Desfachatez el discurso de Rocha sobre “refundar” el país; ¿y los delitos que quedan atrás?

La FAS va a “Guatepeor” si gana Polo Palafox; ocultan fracaso del sistema de justicia penal

Como engañoso “lobo vegetariano” habló Rocha Moya, al pontificar en su gira partidista de MORENA sobre la necesidad de que la castigada población de esta entidad vivamos en la “medianía republicana” que elimine las injusticias sociales.

Y sobre su proclama para “refundar el país” a fin de darle nuevo rumbo, hay que aclarar que tiene razón, pero en esa refundación no dice que se debe descartar a los políticos de mil rostros y otras tantas ambiciones como Rocha, no volver a abrir puertas a gobiernos como el de Jesús Aguilar Padilla, del cual fue parte Rocha, en cargos de primer nivel y en excesos del mismo rango.

Y nunca más aceptar perfiles de esa clase al frente de las universidades del país.

Es decir, para una refundación de México hay que borrar del escenario a esa especie de políticos. Entonces sí sería viable el cambio con certeza. Pero, ¿y el castigo a lo que nos orilló a estas crisis en cadena?

En el caso de Sinaloa, la necesidad de una refundación sería el remedio a los efectos del desorden financiero, pero ¿dejar que los responsables se vayan tranquilamente a disfrutar sus beneficios mal habidos?

Rocha habló por hablar, se dio baños de pureza al presentarse como si acabara de lavar todos sus pecados en el Jordán mexicano. Y no es así.

Al presentarse como promotor de MORENA y de Andrés Manuel López, el ex funcionario estatal y ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, olvidó en el discurso la “dolce vita” que ha disfrutado en el manejo de recursos públicos, que lo convirtieron en un miembro de la élite de la opulencia a su paso por la escuela de estudios y los gobiernos de Jesús Aguilar Padilla y Quirino Ordaz Coppel.

Caza oportunidades por ambición, huyó al nicho donde espera seguir medrando a un más alto nivel dentro del sector público, pero federal la próxima vez. Es su plan. De seguro, si gana su candidato presidencial, se le olvidará el mensaje de la “medianía” que vino a recomendar con labia demagógica.

Que se sepa, su rectorado marcó un repunte en el tramo de peor estancamiento en la UAS, en sus décadas de oscuridad académica y administrativa. En ese periodo aciago, el nivel de la institución llegó al fondo del pantano, con la identidad perredista en todo lo alto.

En su trayectoria política, fue identificado en su juventud como comunista recalcitrante. En la universidad, se alineó con los “moderados” de la izquierda para hacer carrera hasta alcanzar la rectoría, donde no se distinguió por encabezar una administración que practicara la “medianía” que ahora invoca.

Ayudó a despejar el camino al triunfo de Juan S. Millán en 1998, explotando el “boom” del PRD y se aseguró de no ser excluido del poder, aunque éste fuera priista y volvió a colarse a un proceso electoral, del 2004, en apoyo a Jesús Aguilar Padilla, dándole la espalda al candidato perredista, Audómar Ahumada. JAP le pagó sobradamente con la coordinación de asesores.

Rocha Moya fue miembro de la “camarilla mafiosa” del tricolor y se esfumó temporalmente luego del 2010, para esperar el regreso del PRI al gobierno y aparecer otra vez de la mano de Aguilar Padilla ofreciendo sus servicios a Ordaz Coppel, a quien terminó abandonando en un acto de traición.

Refugiado con Andrés Manuel López Obrador, trata de justificarse pretendiendo “evangelizar” a los sinaloenses sobre la austeridad que debe imperar a fin de lograr una refundación del estado.

Comunista, perredista, priista, apartidista, otra vez priista y finalmente morenista, Rocha Moya no es el “embajador” ni el “apóstol” que más conviene a López Obrador para ganar adeptos en Sinaloa.

Al “peje” le irá mejor aquí si esconde a su sospechoso pupilo, lejos de la mirada del electorado sinaloense. Y debe tener cuidado, porque lo traicionará en cuanto perciba que los vientos del 2018 no son propicios.

LA OFICIALOIDE FEDERACIÓN DE ABOGADOS DE SINALOA ESTÁ EN RUTA A SU EXTINCIÓN con el intento de José Luis Polo Palafox de suceder a Carlos Roberto Valle Saracho.

Este fue impuesto y sostenido por el gobierno de Mario López Valdez para acallar la disidencia de los profesionales del derecho y la apuesta actual es que el régimen actual imponga a Polo en esa agrupación de rala membresía.

Los abogados no tienen la culpa de que el gobierno trate de deshacerse del responsable de muchas atrocidades que se cometen en la Dirección General de Vialidad y Transportes, como recolector de “moches” y “cuotas” en perjuicio de los concesionarios, según han revelado las alianzas en repetidas ocasiones a lo largo de este año, aciago para ellos.

El “asesor jurídico externo” de la dependencia estatal ya hizo públicas sus aspiraciones, que por supuesto tienen la bendición de sus superiores en la pirámide gubernamental.

La FAS de Valle Saracho agrupa principalmente a asociaciones fantasmas, pero apuntalada por el gobierno del estado a partir de la primera mitad del pasado sexenio, cuando Malova dispuso acabar con las voces críticas de los abogados y apoderarse de la federación con un consejo manipulable.

La inercia parece continuar con Polo Palafox, que alcanzó notoriedad en el inicio de esta administración estatal como jurídico de Vialidad y Transportes, encargándose de extender el caos que el ex director general, Domingo Ramírez Armenta, impuso en el gremio para crear nuevos cacicazgos en todas las modalidades del servicio público, controladas por ese funcionario y el diputado local Jesús Antonio Marcial Liparoli.

En Sinaloa existe una federación de abogados más genuina en su representación, presidida por Ricardo Beltrán Armenta, con reconocimiento de la representación nacional, que por cierto celebró la semana pasado su asamblea en el puerto de Mazatlán. Pero carece de reconocimiento en el estado.

La Federación de Abogados de Sinaloa está a punto de caer en “Guatepeor” con el intento de José Luis Polo Palafox de suceder a Carlos Roberto Valle Saracho.

El fondo del problema social que esto genera, es la manipulación y el fracaso del nuevo sistema de justicia penal que operó el pasado gobierno para favorecer a unos cuantos jurisconsultos encabezados por el ex procurador Marco Antonio Higuera Gómez. Esta realidad ha detonado una mayor incidencia del delito en las zonas lejanas de las oficinas regionales que conocen las denuncias de las víctimas de la delincuencia.