Capital sinaloense del huachicol

El estado, “santuario” de protección al robo de combustibles

Guamúchil y todo el Evora, dominados por ordeñadores de Pemex

A pesar de la presencia de un cuartel militar y del silencio sospechoso de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, los “huachicoleros” avanzan en el control del abasto de combustibles en la región del Evora con la extracción ilegal de los ductos de Petróleos Mexicanos.

Es la principal actividad de la delincuencia organizada y de un número creciente de “peones” y “halcones”, convertidos en fauna de acompañamiento en el saqueo y venta ilegal de gasolinas y diesel.

Actúan con total impunidad, bajo la premisa de que es negocio tanto o más redituable que el narcotráfico, porque es un producto que todo el pueblo consume, mientras que la droga tiene más riesgos para surtir a un segmento de la sociedad que es clara minoría a pesar de su incremento.

Este mercado negro del combustible ha provocado el cierre de gasolinerías, sobre todo en la zona rural de aquella región del centro norte sinaloense.

Informes proporcionados a Proyecto 3, voces que rompen el silencio, indican que dos casos concretos del cierre de empresas se dieron recientemente en el campo pesquero de La Reforma y en la comunidad agrícola de Chinitos.

 LA SOCIEDAD CALLA, DOMINADA POR EL MIEDO

 Los tres municipios del Evora, Salvador Alvarado, Mocorito y Angostura, sufren el avance de los amos regionales del huachicol, que no respetan la voluntad de los consumidores y los obligan a comprar los combustibles extraídos ilegalmente de los ductos de Pemex.

“Los clientes escuchan que tocan sus puertas, abren y encuentran un bidón con gasolina, que deben comprar, sí o sí, dejando el dinero cuando el repartidor vuelva a pasar por sus domicilios”.

Las amenazas no dejan lugar a dudas de lo que pasaría a los consumidores si no pagan por el producto en las condiciones que les exigen.

Explicaron los informantes que no se aplica el mismo precio a todas las comunidades, pero es claro que la tarifa nunca es menor a 10 pesos por litro, lo que representa de cualquier forma una utilidad amplísima, por ser producto robado, con una práctica de extracción que ya dominan los operadores de las bandas que controlan la región.

Para los compradores cautivos es evidente que en la cadena de mandos del negocio deben figurar técnicos de la empresa nacional y algunos empresarios locales, por el influyentismo que protege a esa actividad.

Una muestra de la especialización de los “ordeñadores” de ductos es que casi siempre realizan un trabajo “limpio” en los sitios donde realizan la “ordeña”, sin accidentes y sin pérdidas por fugas de gasolina. Ahí la eficiencia sube de nivel y deja mayores utilidades.

SILENCIO Y PARÁLISIS DE TODAS LAS AUTORIDADES

 Lo más sorprendente, sin embargo, es la pasividad de todas las autoridades con presencia en la zona, desde el regimiento militar acampado en Guamúchil, hasta la Procuraduría General de la República y las policías federal, del estado y de los municipios.

Mientras que en otras entidades del país se realiza un constante y amplio operativo contra los huachicoleros, incluso con sistemas de localización con drones funcionando de día y de noche, en Sinaloa parece establecerse un “santuario” para los robos a Pemex.

La condición de impunidad de ese delito tiende sobre esas autoridades un manto de sospecha que no desaparece ni con el vacío de información mediática en los medios regionales. El silencio en torno al comercio más productivo en la zona es señal de que hay connivencia entre los “ordeñadores” y algunas instancias claves de gobierno.

Llama la atención que el delito que más ha crecido este año en Sinaloa es el que practican los huachicoleros, pero no aparece en la lista de preocupaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

Esa dependencia, a cargo de Genaro Robles Casillas, se apega a la justificación de que, si el ejército y la PGR no actúan a pesar de que la actividad ilícita se realiza a la vista de todas las fuerzas del orden, en calles de Guamúchil, de las otras cabeceras municipales, de las comunidades y en las carreteras que cruzan la región, incluso la “Costera” y la México 15, las autoridades locales no tienen por qué involucrarse en otra guerra. El asunto es una “papa caliente” que lanzan de una oficina de seguridad pública al ejército y luego va de regreso.

Menos se involucran si deben atacar a un adversario que cuenta con capacidad de respuesta a cualquier agresión, incluso si proviene del ejército, así como de una legión de “halcones” o espías de calles y caminos, que reportan a una base de operación no localizada para evitar cualquier ataque a un distribuidor del carburante robado.

En plan retador, o de franco desafío, los vehículos que transportan los combustibles robados circulan por la carretera a Mocorito, en las “narices” de la base militar.

LA FACILIDAD DEL COMERCIO ILÍCITO PUEDE PROPICIAR SU EXPANSIÓN

 Los informantes advierten que las facilidades para ese comercio ilegal, expedidas irresponsablemente por las omisas autoridades federales, estatales y municipales, puede propiciar su expansión gradual a otras zonas de Sinaloa en vecindad con el Evora, sobre todo en las más vulnerables por su alta inseguridad pública, como Guasave y Navolato.

Nada alienta más la ofensiva de la delincuencia organizada que la pasividad de los combatientes oficiales del saqueo de los insumos básicos para la actividad económica.

Incluso la política de precios del gobierno federal para los combustibles significa un acicate para los huachicoleros, porque les permite aplicar la tarifa de más de 10 pesos por litro de gasolina.

Es inexplicable, sobre todo, que la partida militar de Guamúchil no realice ninguna acción para interceptar las rutas de distribución de los ductos al depósito de Petróleos Mexicanos en la ciudad.

El desparpajo de los repartidores llega al extremo de haber dejado carga de gasolina en la residencia del alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez. Se desconoce si concluyó la “compra-venta”, pero esa acción indica que la actividad ilícita hace blanco en todos los sectores sociales de la ciudad.

El presidente municipal dice en su demagógico discurso que está decidido a trabajar para que la sociedad de Salvador Alvarado aplique y respete los valores individuales y del colectivo que son parte de las raíces de ese pueblo.

Sin embargo, en los hechos no cuida los valores esenciales de todo conglomerado humano, como son la seguridad y el respeto a la ley, que debe procurar todo gobierno.

GUAMÚCHIL, CIUDAD ESTANCADA EN TODOS LOS FRENTES ECONÓMICOS

 La ciudad vive una etapa de estancamiento económico desde hace diez años, acentuado durante la pasada administración municipal, encabezada por Liliana Cárdenas, señalada por la sociedad como una alcaldesa preocupada únicamente por los negocios de su grupo empresarial y en espera de una candidatura a diputada federal por el PRI.

A simple vista es apreciable el descuido de los servicios públicos elementales y la parálisis económica de la región, antes dinámica y en constante expansión.

Esta realidad explica la falta de empleos, especialmente para los jóvenes, sean o no profesionistas o técnicos especializados.

Es igualmente la razón del éxito que han tenido los huachicoleros al reclutar repartidores y espías que reportan cualquier movimiento de militares o policías que pueda representar una amenaza para la actividad ilícita.

De acuerdo con observaciones de funcionarios de PEMEX, Sinaloa es el estado “santuario” del noroeste de la república donde más ha crecido el saqueo de los ductos, con “maestrías” obtenidas en Puebla, Veracruz, Jalisco y otras entidades modelo para las bandas de saqueadores.

Y Guamúchil es la capital regional por el tamaño del negocio que ya compite con el narcotráfico por su impacto económico.