Un desastre los programas de conagua y sagarpa

Sinaloa, líder en alimentos y en infraestructura, “ninguneado” por dependencias federales

La Comisión Nacional del Agua y la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación pusieron en el carril del desastre sexenal a la agricultura sinaloense, ya que con el incentivo de la corrupción de las dependencias federales se fortaleció el tráfico de los programas de impulso al campo y se encareció la explotación de la superficie agrícola.

La actividad agrícola transita por los métodos del mercado negro de los programas federales que no han aterrizado para catapultar la economía de los sectores pobres y son alojados en grupos selectos, mediante ráfagas de complicidades y corrupción a través del descarado sistema de información privilegiada para políticos y líderes agrarios venales, que aprovechan los recursos del gobierno federal con destino a la producción de alimentos.

Detrás de la fachada de CONAGUA y SAGARPA se esconden tramas de personajes que se alimentan financieramente del gobierno federal, a través de amigos, socios y compadres que se encuentran encaramados como funcionarios públicos que les ponen a su disposición un menú de opciones para saquear las finanzas federales bajo el camuflaje de proyectos productivos, sobre todo los que operan con fondos perdidos.

Estos recursos gratis son los favoritos de los saqueadores porque mediante el sistema “del moche” y la información privilegiada los llamados agrotitanes del estado de Sinaloa devoran el 87 por ciento de los proyectos agropecuarios mientras que los dirigentes cenecistas se distribuyen la porción restante, construyendo sin procedencia lícita y clara almacenes de acopio de cosechas en todo el mapa sinaloense.

ANTES UNIONES DE EJIDOS; HOY, SÓLO PARA LÍDERES Y POLÍTICOS

Antes se favorecían uniones ejidales. Ahora, los líderes agrarios y sus jefes políticos acaparan ese beneficio. Si hubo corrupción en el ayer, al menos eran compartidos sus beneficios con las bases campesinas. Hoy, es todo para unos cuantos privilegiados del poder y la influencia.

De esta manera se calcula que tan solo en el estado más de 3 mil millones de pesos se desvían a compadres, amigos, legisladores federales y políticos de alto copete que han encontrado en la corrupción la forma de saquear las finanzas públicas y al mismo tiempo burlar la legalidad.

Además, la Comisión Nacional del Agua ha servido como herramienta para lavar más de 600 millones de pesos anuales que dejan de entrar a las arcas del gobierno federal por el uso ilegal de agua en zonas prohibidas. Ex funcionarios estatales son los favorecidos por ese desvío de riegos, que ya costaron la vida a un presidente de módulo que trató de defender el recurso natural, incluso contra maquinaciones de la dependencia y sus redes mayores.

Desde el arranque del sexenio federal, CONAGUA fue invadida por funcionarios que llegaron a tolerar el contrabando de agua para uso agrícola e industrial, ya que, desde Saúl Sánchez Félix hasta el actual gerente regional, José Antonio Quintero Contreras, el robo de agua permite que más de 220 mil hectáreas colocadas en zonas prohibidas por encontrarse situadas fuera de las unidades de riego sean irrigadas mediante el contrabando del líquido.

De lado de los controles federales, la Secretaria de Función Pública mantiene su poesía de legalidad, pero en el terreno de los hechos el evidente robo de agua se fermenta desde el corazón de CONAGUA estatal y no hay sanción que detenga a los grupos que se enriquecen robando el líquido, porque tienen protección y complicidad de módulos y redes mayores.

DELEGADO DE SAGARPA ENTRA AL TRASIEGO DE CORRUPTELAS

Lo que más llama la atención es que en los predios alimentados por el contrabando de agua la infraestructura agropecuaria utilizada salió de la SAGARPA, donde Patricio Robles Luque, en su calidad de delegado de la dependencia, no ha dado una explicación certera sobre la forma en que se bajaron los recursos para meter incentivos a la producción en campos que eran propiedad de campesinos y que por azares de la corrupción pararon en manos de políticos.

Al mismo tiempo que la especulación con los programas federales de la SAGARPA se dispararon en las manos de dirigentes del sector privado y social, se acentuó la pobreza del campo y se concentraron en pocas manos los proyectos productivos.

La desigualdad social es evidente, ya que en Sinaloa el 32 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza y el 70 por ciento de estos habita en las comunidades rurales de la entidad.

Es decir, cerca de 600 mil sinaloenses están afectados por las políticas agropecuarias implementadas en el estado.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática- INEGI- la pobreza se coloca a un ritmo de 53 millones de personas en el país y la desnutrición cercena la vida de, en promedio, 1.2 personas diariamente.

La amenaza contra los pobres que enfrentan como rival a la desnutrición se disparó en el actual sexenio federal en Sinaloa por la concentración de la producción alimentaria en unas cuantas manos y el despojo de los programas dirigidos a la población en condición de riesgo del estado.

A nivel nacional, más de 3.4 millones de personas son jornaleros agrícolas y dentro del cuadrante de la solvencia económica son los más vulnerables por que padecen hambre y un salario muy por abajo del que debieran percibir tomando en cuenta que el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos puja por iguales condiciones comerciales, pero mientras en aquellas naciones el salario de los trabajadores del campo es en promedio de 1,150 pesos por jornada en México el salario mínimo es de apenas 84 pesos, 14 veces menor.

No hay un trato igual por jornada de trabajo igual. Pero el TLC es negociado anteponiendo el interés del empresario, no de sus obligaciones patronales.

El retrato del fracaso adorna la fachada de SAGARPA, ya que el desigual trato a los productores provocó que en este sexenio federal la producción de alimento en el estado cayera en 12 millones de toneladas y que en materia de generación de empleos se mantenga la política del complot agroindustrial para mantener desactivadas a las fabricas agropecuarias, donde ya no se procesan aceites ni fibras de algodón que se transformaban para su comercialización en otros países.

La punzante pobreza afecta lo mismo a los valles que a la zona serrana, dónde los proyectos ganaderos o forestales no han aterrizado y las expectativas de desarrollo de las familias son una utopía difícil de cumplir.

Lo que sí llego en este sexenio a las cumbres de la sierra son el desempleo, el hambre y la desnutrición, detrás de la violencia, el narcotráfico y la inseguridad.

Los sinvergüenzas abundan por todos lados, afirmó Benjamín Barreras, miembro del Consejo Directivo del Comité Municipal Agrario numero 17, al reclamar que la corrupción es una danza en la que participan políticos y funcionarios de alto copete y adujo que el cuadro de honor en el saqueo de los programas corresponde a los líderes campesinos y los representantes de los  agricultores del sector privado, que marchan por el camino de la rapiña económica dañando las posibilidades del estado de lograr ser competitivos en el intercambio internacional.

Tan mal andan las cosas que a los sinaloenses todavía se les adeudan los apoyos de comercialización de 450 mil toneladas de trigo arrojadas por los campos regionales desde hace dos años y a partir de ese mismo tiempo alrededor de 40 mil toneladas de frijol padecen retrasos en la comercialización.

Esto, sin considerar que el pago por la cosecha de maíz más reciente volvió a mostrar la morosidad y la sospecha de corrupción en el aterrizaje del presupuesto federal para el campo, mientras el secretario de Agricultura, José Calzada Rovirosa, no carece de recursos para seguir su campaña política en el país, mintiendo al referirse al campo mexicano como un edén de felicidad y altos rendimientos e ingresos.