Monjardín traiciona a Quirino

Resultados adversos de gente clave del gobierno causan la mala calificación de Quirino Ordaz Coppel entre los gobernadores estatales.

Un dominante foco rojo que tiñe el escenario de Sinaloa es la inseguridad y la impunidad, para los delincuentes y para los que devastaron las finanzas públicas. No es el único, pero es el que resalta y explica la percepción negativa de la opinión pública.

Los hechos hablan y son convincentes:

Hace justamente 15 meses, el entonces gobernador Mario López Valdez festinó los logros en seguridad pública.  Dio un reporte exagerado y por lo tanto mentiroso: que en ese renglón del gasto público del estado se invirtieron 16 mil millones de pesos.

Pero al llegar al poder, Quirino Ordaz Coppel, interesado por saber lo que ocurrió en materia de seguridad y bajo la presión ciudadana por la ola de violencia, declaró públicamente que las corporaciones de seguridad pública estaban devastadas, carentes de todo, con equipo en ruinas, hasta en lo más elemental.

Buscó soluciones, pero ahí cometió sus más grandes errores, al reclutar a Rigoberto Monjardín Zazueta como las partes de una pinza que cierra el acceso a la aptitud y a la transparencia en la seguridad pública. Se equivocó el ejecutivo o lo traicionó quien fue depositarios de su confianza.

“No sabía”, dijo el gobernador el 15 de mayo, en que grado de deterioro se encontraban las instituciones del gabinete de seguridad. Se refirió implícita pero claramente a lo poco o nada que recibió de Malova, sin correspondencia con la suma estratosférica que dijo gastó en “reforzar” a los órganos encargados de vigilancia y justicia.

Genaro García Castro, secretario de Seguridad Pública, fue prestanombres de maquinaciones superiores que destrozaron las bases de la protección a los sinaloenses. Sargento de tránsito, pero muy amigo del ex mandatario, se enredó en sus propias mentiras, al decir que cada año del sexenio se redujeron los delitos de alto, medio y bajo impacto, pero que de manera inexplicable la suma final era mayor. Miente o ni siquiera tuvo escuela para aprender las matemáticas elementales.

En abril de este año, el general retirado Genaro Robles Casillas, copió el falso mensaje, al decir ante el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública que “aunque la percepción de la gente es negativa”, hay grandes avances en la materia. Pero se cuidó de no resbalar con el manejo de cifras, como su predecesor.  Se precipitó en un diagnóstico. Mal comienzo del militar.

La peor desfachatez de García Castro fue replicar la exageración de Malova, para pretender adornarse con la cifra que se gastó en su área durante la administración malovista.

¿Quién miente? ¿Malova y Genaro? ¿O el general?

Como Genaro fue la parte operativa de los programas y el tramo delgado del hilo del poder pasado, por el impúdico escudo del jefe que permitió el maquillaje de las cifras, cabe relanzar la pregunta: ¿dónde quedaron los 16 mil millones de pesos?

LA VERDAD OCULTA IMPLICA COMPLICIDADES ENTRE AYER Y HOY

A Sinaloa se le oculta la verdad del desfalco, sobre todo el perpetrado con la seguridad pública.

Por lo que dijo Quirino, las corporaciones de vigilancia, todas, se encontraban en tal carencia, que ni se lo imaginaba en sus más pesimistas pensamientos.

No se explican los 16 mil millones de pesos si las ciudades carecieron y carecen de videovigilancia efectiva, ni armas suficientes y modernas en manos de sus policías, tampoco patrullas, porque se incurrió en el negocio sucio de la renta de vehículos, ni equipo táctico de calidad, con personal en rebeldía por demoras en pagos, con mandos que no pasaron nunca el control de confianza. Esto, sin mencionar el pésimo estado del sistema carcelario, corrupto y deshumanizado, porque así convenía para otra clase de negocios.

Robles Casillas no precisa cómo encontró las fuerzas de seguridad. Sólo declara que está bien. A secas.

El Sistema Estatal de Seguridad Pública, con un improvisado en la materia, traiciona al gobernador del estado, y tampoco ha rendido un informe al jefe y a la sociedad de “mala percepción” de qué recibieron realmente de Malova y Genaro.

Un vacío de información, desprecio a la opinión y a la exigencia del pueblo, en que incurren los que se fueron y los actuales funcionarios, envuelve la danza de los 16 mil millones de pesos y de los cientos de millones que ya recibió Sinaloa este año, con FORTASEG y a través de los recursos propios.

La opacidad del gabinete de Quirino en muy poco puede diferenciarse de la que encontró y de la que se ha lamentado públicamente.

MALA SEGURIDAD, PERO FUNCIONARIOS ENRIQUECIDOS

A Genaro García le fue muy bien, excelente, en el gobierno, como a casi todos -todos- sus compañeros, de primero, segundo y tercer nivel. Es próspero empresario, de diversos giros, entre ellos el del transporte. ¿Ahorros del sueldo?

Alardea de su nuevo estatus en el estado, con su blindaje confeccionado en el Congreso del Estado y la Auditoría Superior.

La amistad íntima con el personaje indicado deja más beneficios que la capacitación, el esfuerzo honesto y la actuación transparente.

Pero a Sinaloa le fue -y aún le va- pésimo, sobre todo en seguridad pública. Pero ya le va peor porque las “fuerzas del (des)orden” están desmanteladas y con mandos tan ineptos como sus predecesores, incluyendo los militares.

Y ni Malova ni su gabinete de seguridad pública tienen justificación, como tampoco ahora la tienen los encargados de las áreas en la nueva administración.

El antídoto contra la opacidad y la corrupción no funciona con Monjardín y los consejos municipales, porque no hay contrapesos y todo queda entre los mismos que envenenan las finanzas públicas. La anticorrupción es un placebo o cuando mucho un compuesto degradado para no curar el mal.

El discurso oficial dice siempre lo contrario. Es falaz por tradición que perdura todavía.

LOS “CONSEJEROS” -MONJARDÍN- QUE VALIDAN CUENTAS MOCHAS

Hay más cómplices, tan responsables como los malos funcionarios. El primero es el encargado del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Rigoberto Monjardín Zazueta y luego aparecen los consejos municipales, órganos ciudadanos para repartir responsabilidades e involucrar a la sociedad en la conducción de las estrategias en el combate del delito y de la impunidad. Pero el dinero se pierde a pesar de estos filtros. Nada se avanza a los ojos de la calle.

Más que responsabilidades, los consejeros, por lo menos los presidentes, tienen que ver con las culpas del inmenso desvío, porque entraron al festín pagado con el dinero público, que ni transparentaron ni cuidaron.

Con privilegios faraónicos, los titulares de los consejos aportaron una alta cuota de derroche de cientos de millones de pesos anuales, hasta sumar miles de millones, sin que se beneficiara la seguridad que aún reclama el pueblo.

Este año, los funcionarios y consejeros de Culiacán y Mazatlán, se esfuerzan en descarada connivencia para justificar más de 150 millones de pesos provenientes de FORTASEG.

Hace falta una auditoría integral a todo el aparato de seguridad pública de Sinaloa, de 2011 a 2017, porque el rumbo en el primer año de nuevo gobierno, sigue la inercia de la corrupción.

Este cáncer y la impunidad siguen siendo inatacables, tan extendidas que provocan mayores ambiciones políticas, en partidos y en la iniciativa privada, para ser incorporados al carrusel de los abusos y del exceso de la prevaricación. El gobierno mal manejado es más negocio que cualquier empresa privada, aún para simples consejeros.

Los consejos de seguridad pública siguen siendo filtros que limpian la mugre en el paso de recursos públicos para ese concepto.

El sistema anticorrupción que ofrece el gobierno es eso. Un blandengue esfuerzo para encubrir y no para castigar a los responsables vigentes del desfalco que sigue en marcha.

MONJARDÍN, HUNDE A QUIRINO

Rigoberto Monjardín Zazueta, sin más mérito que la amistad y los antecedentes de cercanía con Ordaz Coppel en su época de tesorero en el gobierno de Jesús Aguilar Padilla, llegó a prolongar la opacidad en las áreas de seguridad, olvidándose de su ofrecimiento de hacer que Sinaloa sea un modelo nacional de eficiencia y transparencia. En los hechos, y ya no caben excusas, no propicia ni una cosa ni otra.

La inseguridad no decrece, la violencia sigue en lo alto en todos sus renglones estadísticos, lo mismo que el gasto excesivo.

Monjardín Zazueta no transparenta sus gastos, pero su presupuesto anual es situado en un rango de 300 millones de pesos, que sólo generan burocracia adicta sólo a la nómina, a la semana inglesa y sin compromisos sociales, con 20 jefes de área y cada uno con su corte de empleados tan desconectados de la realidad como don Rigoberto, el pensionado ex compañero del gobernador en la Secretaría de Administración y Finanzas.

En la Subsecretaría de Egresos, Rigoberto fue parte de la camarilla cuyos excesos fueron bandera de campaña de López Valdez, tan lesivo para Sinaloa como sus antecesores. Manejó papeles y dinero, pero no realidades conflictivas como la violencia y la falta de orden y justicia.

Manejó y maquilló cifras, sin ninguna vinculación con el reclamo de seguridad pública. Amistad y no cualidades personales y técnicas más allá del ocultamiento de números reales, el bagaje del fallido titular del Sistema de Seguridad Pública.

En la otra pieza de la pinza, funcionarios menores e mandos intermedios, vice-fiscales de la Fiscalía General del Estado, “trabajan” en la misma línea de conducta, de no hacer nada por castigar a los delincuentes y mantener la impunidad muy cerca del 100 por ciento de los hechos violentos en perjuicio de la sociedad sinaloense.

Atrocidades de un costoso aparato que aplaude y justifica don Rigoberto.