Entre la Revolución electoral y el golpe de Estado

La fauna política no está para saberlo, pero hoy, 27 de septiembre, una parcialidad mexicana, no la más noble por cierto, “celebra” el 196 aniversario de la “consumación” de la independencia de México, con Agustín de Iturbide como prócer.

Acá, en el llano incendiado, la plebe rinde tributo al patriota mexiquense Adolfo López Mateos porque un día como hoy, en 1960, proclamó la nacionalización de la industria eléctrica, para hacer de México un país “cada día más soberano, más libre y más independiente”. Y justo.

De eso todavía no se entera -ni quiere enterarse- su paisano Enrique Peña Nieto quien, con su Reforma Energética, ha endosado al extranjero todo el patrimonio nacional sin exigirle a cambio contraprestación alguna en favor de los compatriotas.

Lo que, en una Patria en ruinas se confirma, es la advertencia del clásico: Si el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. La profunda tragedia mexicana de la hora da para eso y más.

El despertar de la insurgencia civil

Como en septiembre de 1985, la energía de la sociedad civil se volcó en solidaridad en suplencia de un gobierno amodorrado que pasa la mayor parte de su tiempo en los camerinos de maquillaje para la próxima aparición en los canales de televisión.

En la macabra escena, un ensayo de implicados en el relevo de Peña Nieto en Los Pinos:

El gobernador amarillo de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, pretendiente de la hermosas Belinda, contribuye a la fundación de esta actriz y cantante para que pueda reunir bastimento gratuito destinado a los damnificados de Morelos.

En Morelos, el gobernador amarillo Graco Ramírez, se agandalla de esos envíos para que su segunda actual compañera, presidenta del DIF, haga caravana con sombrero ajeno, malversando las donaciones solidarias.

En Oaxaca, La Gaviota presidencial quita de cuadro televisivo a la esposa del gobernador oaxaqueño, presidenta del DIF, para ganar los reflectores en obra altruista de tan humana magnitud.

En Chiapas, el verde aspirante presidencial, Manuel Velasco Coello, le da su lugar a su conyugue Anahí para que luzca sus prendas filantrópicas.

Damnificados políticos: Peña, Mancera, Nuño…

Nadie se mortifica por tres damnificados políticos de los terremotos del 7 y el 19 de septiembre: El propio Enrique Peña Nieto, su contraparte en la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera y el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer.

El mexiquense ya se va de Los Pinos; pero Mancera quería tomar su sitio el 1 de diciembre de 2018.

El equinoccio de otoño, cuando las noches empiezan a ser más largas, no trata nada bien al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, que nunca quiso pintar de amarillo. Ahora puede cantar: Amarillo no me pongo/ amarillo es mi color. Pero de frustración.

Después de presentar su quinto informe de Gobierno, Mancera había anunciado que a principios de octubre pediría licencia para buscar la candidatura presidencial.

Queda Mancera en calidad de suspirante entre la espada y la pared: Si renuncia, la sociedad le reclamará el abandono de sus gobernados en plena catástrofe.

Si permanece en el encargo, la prueba del ácido será aún peor: No está en aptitud de dirigir el proceso de reconstrucción de la ciudad, de la que se harán cargo los mandos de las secretarias federales de Hacienda, Gobernación y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; dos de cuyos titulares, José Antonio Meade y Miguel Ángel Osorio Chong, pujan también por la sucesión de Peña Nieto.

A Nuño Mayer se le desplomó su frágil castillo del 18 junto con las endebles estructuras del colegio privado Enrique Rébsamen, en cuyos escombros quedaron los cadáveres de 26 niños y de seis adultos.

Nuño Mayer había acompañado a su jefe cuando éste hizo su show entre los sangrantes escombros de dicho colegio y se fue con la finta del mito Frida Sofía inventado por los “líderes de opinión” de las cadenas televisoras para hacer de la tragedia una telenovela de siete pañuelos.

Ahora, la SEP federal le carga todos los muertos al gobierno de la Ciudad de México por las corruptas complicidades que dieron pie a que los inmoralmente enriquecidos propietarios del colegio montaran sobre los pisos escolares una lujosa residencia habilitada hasta con jacuzzi.

Quince años estuvieron vecinos de ese complejo escolar denunciando la construcción de dicho paraíso de tentación. Nadie los escuchó. Hoy, todos los implicados andan con la cola entre las patas, gritando ¡Al ladrón! ¡Al ladrón!
Son, las anteriores, apenas pálidas estampas de la corrupción y el miedo de los responsables de la conflagración por la que, sin publicarse, se ha declarado en la Ciudad de México alerta sanitaria debido a la descomposición de los cuerpos que, aún vivos, no lograron ser rescatados a tiempo.

Pasado la conmoción sicológica, ahora viene lo peor; si es que pudiera haberlo.

La tomadura de pelo del Plan Nuevo Guerrero

Ilustremos el reto al gobierno federal a partir de un dato: Cuando en 2013 los huracanes devastaron las costas del Pacífico, Peña Nieto anunció el Plan Nuevo Guerrero al que se destinaron casi 78 mil millones de pesos. Solamente para Guerrero.

Obviamente, entre las inundaciones y los terremotos de septiembre, los requerimientos para la reconstrucción se han disparado geométricamente medida la dimensión de la catástrofe física y la crisis humanitaria que se extienden en ocho entidades de la República, incluyendo la Ciudad de México. No hay parangón posible.

Salido por la fuerza de los hechos y de la presión social de su caparazón, el gobierno de Peña Nieto anuncia, en primer término, que todos los recursos para la tarea de reconstrucción se canalizarán al través del Fondo Nacional de Desastres (Fonden), que administra la Secretaría de Gobernación.

Promesa poco realista y estimulante. El Fonden tiene a la hora en caja o en libros apenas unos nueve mil millones de pesos. Si se le asignan seis mil 600 millones de pesos en el 18, como lo prometió la Secretaria de Hacienda, la suma disponible será de poco más de 15 mil millones de pesos.

Si se echa mano al Fondo Catastrófico del Banco Mundial, se dispondrían adicionalmente de unos 360 millones de dólares.

La suma total equivaldría a sólo una cuarta parte de lo que se gastó en el Plan Nuevo Guerrero -al que se le capó la cochi- y a apenas la mitad de los casi 38 mil millones de pesos que se obsequiarán en 2018 a los órganos electorales y a los partidos políticos.

Por todos los costados, el asunto apesta

El asunto tiene otras vertientes malolientes:

1) No se ha visto voluntad del gobierno de Mancera de proceder penalmente contra las autoridades delegacionales, cuya corrupción auspició que los traficantes del negocio inmobiliario levantaran torres-ataúdes habitacionales a todas luces inseguras; como ha quedado demostrado.

2) Las agencias de crédito hipotecario para vivienda y las compañías aseguradoras tienen como beneficiarios ante cualquier siniestro, primero a los bancos y luego a las propias compañías constructoras: no a los titulares de la compra de esos bienes. Los rembolsos no pasan, pues, si los hay, por las manos de las víctimas damnificadas;

3) Los peritajes sobre los daños estructurales se dejan bajo la responsabilidad de las corruptas instancias de Protección Civil o de Obras Públicas, implicadas en las criminales maquinaciones de la industria de la construcción. Es absolutamente probable que esos peritajes autoricen de nuevo la ocupación de complejos colapsados, y

4) Dado los escandalosos expedientes del peñismo, proclive a obsequiar los contratos públicos de obras y servicios a los “amigochos”, se da por descontado que la ventana de oportunidades que abrirá la reconstrucción favorecerá a los mismos criminales, tan dispuestos a pagar favores financiando campañas electorales de sus benefactores.

Se afilan los cuchillos largos para la noche del 1 de julio/ 2018

Si de obscenas oportunidades se trata, pronto veremos a los partidos políticos afilando los cuchillos largos para la noche electoral del 1 de julio de 2018.

Dirigentes partidistas y precandidatos presidenciales ya han venido ofreciendo señales de esa predisposición canalla al descontón; no sólo contra el partido en el poder presidencial, sino entre los que ya pasaron por él y los que aspiran a ocuparlo el año entrante.

Con la institución presidencial resquebrajada aun antes de los terremotos; con la unidad de mando fracturada y las ambiciones personales desenfrenadas; y árbitros electorales sin competencia profesional ni autoridad moral, desde ahora podemos pintar la flor de fango, como heráldica de las elecciones generales de 2018.

Sin un Plan de Salvación Nacional ni compromiso para convocarlo, no quedan para 2018 más que dos opciones: La revolución electoral y, como respuesta consustancial en automático, el golpe de Estado. Esa es la obra de un peñismo que en mala hora llegó a Los Pinos. Es cuanto.