Diez mandamientos a la clase política y gobernante para ayudar a la reconstrucción

Labastida Gómez de la Torre, exhibido por corrupción con terrenos para gasoducto

Puede parecer un adelanto del 28 de diciembre, que sirve, sin embargo, para señalar un tope mítico de generosidad que nunca alcanzará la clase política, incluyendo a grandes partidos nacionales, a los legisladores federales y locales, a la alta burocracia del Instituto Nacional Electoral e Institutos estatales homólogos, a diversas dependencias con fines recaudatorios y a los altos funcionarios de los tres órdenes de gobierno. Si respondieran todos ellos -y no lo hacen en la medida requerida- se incrementaría en cientos de millones de pesos la aportación para las obras de vivienda de los pobres que quedaron desamparados.

Es un decálogo para extraer algo de lo “perdido” de parte de quienes han explotado el cargo público, beneficiándose escandalosamente de los recursos que, en su origen y destino, corresponden al pueblo.

Serían diez mandamientos obligatorios para los políticos, que ayuden a compensar en beneficio de nuestros hermanos en desgracia un poco de lo mucho que se ha desviado. Aquí están (si consideran otros, agréguelos):

Uno. Que los legisladores federales y locales renuncien de una vez a sus respectivos aguinaldos, para cederlo a la reconstrucción en las zonas devastadas por los desastres naturales. Y que se revele el monto de ese dinero que sólo sirve para ensanchar la desigualdad social con una aplicación caprichosa de la ley laboral.

Dos. Que de este mes hasta el final del sexenio y de los periodos legislativos en marcha, aquellos mismos funcionarios renuncien a los demás bonos y al pago de servidumbre y de servicio telefónico.

Tres. En el caso del Congreso de la Unión, que se reduzcan los gastos de los legisladores al extranjero que no sean estrictamente necesarios por corresponder a compromisos de México en foros y eventos nacionales. Y más aún, que se establezca en el plazo más corto posible una reforma constitucional, que se reduzca, como ya ha sido propuesto, una cámara de diputados con 100 representantes de representación proporcional menos y que la de senadores reciba un recorte de cuatro a tres escaños por entidad federativa.

Cuatro. Que desaparezca la publicidad oficial y de los partidos en medios de comunicación, que se mide en total en miles de millones de pesos, para forzar a las grandes empresas a ser verdaderamente solidarias con las necesidades de las víctimas de los desastres, siempre los más pobres, que viven en casas vulnerables.

Cinco. Recortar a la mitad el tiempo de campañas políticas para todos los procesos electorales en 2018, a fin de reducir el gasto en esa misma proporción, para poner un piso más parejo a los candidatos, que, se supone, ya son sobradamente conocidos por los electores en municipios, distritos y estados. Grandes foros regionales y nacionales pueden sustituir los viajes que rellenan la agenda de la demagogia.

Seis. Aun con plazos reducidos, las campañas políticas deberán ser austeras, verdaderos actos republicanos, sin festines que no respetan el sentimiento de duelo que durará muchos años o de por vida para los cientos de miles de mexicanos que vivieron los horrores de la devastación.

Siete. Incluir en las licitaciones de obras federales y estatales, la obligatoriedad de la transparencia y el arbitraje de representantes de la sociedad, para elegir las propuestas más convenientes no a las más influyentes, y aplicar un porcentaje de apoyo al fondo nacional de reconstrucción, que elimine o al menos reduzca el “diezmo” o cualquier “moche” a los funcionarios.

Ocho. Reducir significativamente, por lo menos hasta el final de los periodos constitucionales que se cumplen el año próximo, los sueldos de todos los altos funcionarios que perciben más de 30 mil pesos mensuales, y aplicar una mayor proporción a directores generales, subsecretarios, secretarios, coordinadores, jefes de asesores, consejeros, secretarios y más aún a jefes de ejecutivo, para el gasto de reparación de daños.

Nueve. Que CAPUFE, también conocida como la “caja chica” de Los Pinos, destine la mitad de sus ingresos por concepto de cuotas para el mismo fin, aunque esto signifique un golpe directo a los planes discrecionales financiados por transportistas y automovilistas.

Diez. Que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), destine las cuotas del magisterio que recibe durante un año para ayudar a la reparación de las escuelas colapsadas o con daños materiales, y que la CNTE también renuncie por igual periodo de tiempo a sus ingresos, destinándose ese recurso a los planteles de los estados donde tiene su coto de poder.

No es justo que la generosidad sea una reacción exclusiva del pueblo y de actores de la vida social, deportiva y artística.

Si las necesidades pesan sobre los hombros de los pobres y la solidaridad es destacadamente reconocida en otros muchos pobres, modestos asalariados, estudiantes, soldados, bomberos, policías, que ponen su vida en riesgo, sudan y dan ayuda más allá de su capacidad económica, es hora de que las grandes fortunas de la política aterricen una vez al menos en el campo de las familias en desgracia.

FRANCISCO LABASTIDA GÓMEZ DE LA TORRE es el principal protagonista de un pleito judicial que se sigue en el Tribunal Agrario, un juzgado federal y la Procuraduría General de la República, por haber entrado en conflicto en el ejido Sibajahui reclamando la propiedad de 35 hectáreas estratégicas por ser donde se cruzan las dos líneas del gasoducto, hacia Topolobampo al oeste y al sur hasta Mazatlán.

Este “gandallismo” del junior tuvo como finalidad comprar por cuentas de vidrio varias parcelas y revenderlas a precio de alta plusvalía a la empresa alemana que realiza la obra, que ya llevó a Europa información precisa del tamaño de la corrupción en Sinaloa.

Ser el coordinador de Proyectos Estratégicos en el gobierno de Mario López Valdez, dio al hijo del ex candidato presidencial y ex gobernador del estado la oportunidad de conocer anticipadamente información privilegiada de la ruta que seguiría el gasoducto y desempeñar la función de corredor inmobiliario para sacar provecho personal de la considerada infraestructura cumbre para detonar el desarrollo regional.

En pocas semanas más podría surgir el fallo sobre a quién pertenecen las tierras que, por lo pronto, ya no son del ejido, porque los campesinos no supieron lo que venía y aceptaron las cuentas de vidrio que les ofrecieron particulares conectados en el gobierno del estado, desde fines del sexenio de Jesús Aguilar Padilla y durante todo el periodo del mandato de Mario López Valdez.

Gane o pierda el juicio, Labastida Gómez de la Torre es un perdedor en este asunto legal, por quedar expuesta su pobre calidad de servidor público.

Este caso puede involucrar a otras figuras refulgentes del escenario sinaloense en la anterior administración pública y todavía queda por ver la participación directa de Malova en el negocio.

Si el expediente tiene cinco años de abierto en el Tribunal Agrario, necesariamente lo conoció el ex mandatario y por lo tanto pudo calcular en detalle la voracidad de su colaborador, que debió contar con todo el respaldo del jefe político porque todavía recibió la encomienda de la Secretaría de Desarrollo Económico. Habría que investigar otras “promociones” de Labastida hijo.

Sirve esto para comprobar con pruebas que el combate a la corrupción fue solamente un discurso mentiroso de Malova.

A decir verdad, la SEDECO figura entre las dependencias que mayor desprestigio ganaron en el régimen anterior, junto a otras igualmente oscuras, como Salud, Obras Públicas, Administración y Finanzas, Agricultura, Vialidad e Instituto Promotor del Deporte.