Fiscalía del Estado, bajo “presión” del ex procurador

Ríos Estavillo orillado a no investigar; mantiene parte de la vieja estructura

Sin atención mil 54 homicidios y 800 desapariciones, a pesar de protestas

Sin recursos suficientes ni personal de fiar en el terreno de la investigación, la Fiscalía General del Estado no es siquiera la “misma gata pero revolcada” comparada con la Procuraduría General de Justicia del Estado. Se le empuja a un retroceso más grave en la impartición de justicia y en el combate a la impunidad que protege a los delincuentes y flagela a la sociedad.

La casi totalidad de la estructura judicial sigue en manos del gabinete que instaló Marco Antonio Higuera Gómez, el funcionario malovista cuya influencia sigue trascendiendo el periodo del gobierno que le correspondió ejerciendo “presión” para mantener el control de la Fiscalía.

Con base en los resultados que ofrece Juan José Ríos Estavillo, se siembra la percepción de que la Fiscalía no da resultados dándole respuestas pobres o nulas al fenómeno delictivo estatal, con base en parámetros que indican que la impunidad llegó en este año al 100 por ciento absoluto, sin excepción alguna.

Ríos Estavillo requiere de mayor presupuesto y de personal de su más entera confianza y si no se le respalda con recursos y un nuevo aparato técnico y de investigación altamente eficiente y fiel se le condenaría a pasar como improductivo como fiscal del estado. Por razones inexplicables los únicos cuerpos de investigación que funcionaban fueron desmantelados, al ser mal informados por los propios malovistas enquistados en la Fiscalía.

Personal altamente capaz, relegado en el sexenio pasado a cargos segundones por Malova, Marco Antonio Higuera Laura, y Genaro García, ahora ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, fue “congelado” o despedido atribuyéndole no haber pasado el examen de control de confianza o de tener “vínculos con el malovismo”, a pesar de que nada más lo requería para que desarrollaran investigaciones de gran calibre o bien armar operativos contra el hampa.

Una vez resueltos los casos de alto impacto o frenado los embates de la delincuencia, Higuera Osuna les ordenaba regresar a las instalaciones de la Procuraduría o a sus comandancias. Aun así sin ser un “ala política policial” de Malova ese equipo le fue desprendido a Ríos Estavillo dejándolo en la indefensión y con un nuevo cuerpo de “investigadores” en la Policía Ministerial que no da el ancho y que ni siguiera se atreve a salir a las calles.

Los delitos no se investigan porque los “peritos” sólo recogen huellas y evidencias, y sin apoyo policial especializado, con experiencia, el Ministerio Público no profundiza en ninguna investigación, dando manga ancha a la operación a los delincuentes, incluso en los hechos de más alto impacto que han ocurrido este año en Sinaloa.

Tampoco se abre la posibilidad a futuro de una más eficaz acción de la justicia. Así, Ríos Estavillo está imposibilitado para “mover” siguiera una hoja de los expedientes para avanzar en el cumplimiento de sus obligaciones, si a esto se suma que contrató personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos especialista en archivar expedientes o únicamente emitir “recomendaciones”.

La parálisis ofrece la mal fundada percepción de que Ríos Estavillo protege al ex procurador Marco Antonio Higuera, cuyo personal “grilla” y presiona, oculta datos, para que el Fiscal incumpla con una de sus primeras obligaciones luego de que recibió el cargo: rendir un informe detallado, objetivo y analítico de lo que encontró en la dependencia. No sólo precisar inventarios y nóminas, sino el trabajo realizado en averiguaciones, lo que no se toca y lo que de plano se oculta en perjuicio de la sociedad.

El silencio persiste alrededor de la herencia de Higuera, a pesar de que en su toma de posesión Ríos Estavillo prometió realizar un diagnóstico integral de lo que encontrara en la “desaparecida” PGJE. Hasta ahora no ha cumplido y es presionado para que oculte todo lo que encontró.

SÓLO SIRVE PARA CONTAR NO PARA ACLARAR MUERTES VIOLENTAS

Lo dicen las estadísticas de la nula procuración de justicia que sufre Sinaloa, provocando en la opinión pública el estupor más alto ante la ineptitud del Fiscal que llegó cubierto de grandes expectativas y apoyo publicitario.

Como oficina de gobierno encargada sólo de contar los homicidios dolosos de su competencia, no de investigarlos y, menos aún, de aclararlos, la Fiscalía General muestra el tamaño del problema, al dar a conocer estadísticas pavorosas: mil 54 asesinatos cometidos en Sinaloa de enero a julio del presente año, siendo mayo el de más alto número de crímenes, con 183.

En idéntico pantano están sumergidos casi todos los siete mil homicidios que corresponden al sexenio anterior.

Ningún reporte sobre los esclarecimientos, detenciones y turnados a los tribunales, porque la cuenta de resultados sigue en cero.

Por estos niveles de violencia y de impunidad, Sinaloa es de los cinco estados que en el semáforo delictivo nacional se encuentra en “doble rojo” en el renglón de homicidios dolosos.

Además, la inseguridad campea en calles, domicilios y comercios de ciudades y comunidades rurales. En robo de vehículos, Sinaloa se ubica en tercer lugar nacional, por la ramificación de sus bandas de ladrones y la protección de las fuerzas de seguridad municipales, incluso de las estatales dependientes de la propia Fiscalía General.

Con el peso de la herencia malovista, la corrupción y la ineficacia prevalecen en toda la estructura de la ex Procuraduría porque a Ríos Estavillo otras “fuerzas obscuras” lo presionan para que no mueva las piezas que no funcionan y que fueron colocadas por su predecesor Higuera Gómez.

GRUPOS “TÉCNICOS”, INTACTOS COMO LOS DEJÓ HIGUERA

Los abogados de Sinaloa, sujetos a un movimiento de dispersión por el régimen malovista para elegir directivos plenamente coludidos con Mario López Valdez, revelaron a Proyecto 3, voces que rompen el silencio, que una clara señal de la influencia de Higuera Gómez en la Procuraduría de Justicia fue recibida por la sociedad cuando prolongó su gestión en la dependencia hasta más de dos meses después del relevo sexenal.

El pretexto a modo fue la creación de la Fiscalía, un cambio de hasta ahora de membrete, no de fondo para romper con el pasado.

Esto, a pesar de que la procuración de justicia fue una de las primigenias responsabilidades del estado que fueron descuidadas a un extremo sin precedentes, al grado de que los profesionales del derecho califican al ex procurador como el peor titular que ha pasado por la dependencia.

Es inexplicable, dicen, el poder que retiene Higuera en la ahora llamada Fiscalía General del Estado, demostrada en dos vertientes:

Una, la permanencia junto a Ríos Estavillo del mismo equipo “técnico” de colaboradores de Higuera Gómez. El agraciado por el Congreso nombró vicefiscales, general y regionales, para acomodar sus “cuates” que salieron también de la CEDH y que demostraron su escasa sensibilidad para procurar justicia y defender el derecho. No se pensó en los efectos de sus designaciones.

Otra, por algo igualmente atentatorio no sólo para la procuración de justicia, sino también para la administración de ella, en virtud de que el ex funcionario sigue litigando con toda la fuerza del estado, como lo hacía en la era de Mario López Valdez, al grado de que impone consignas a jueces de los distintos fueros, para lograr resoluciones sólo a favor de los defendidos de su despacho.

IMPUNIDAD, OBVIO RESULTADO DE LA PARÁLISIS EN LA FISCALÍA

El resultado de la parálisis total en la Fiscalía es la impunidad extendida a la totalidad de los asuntos conocidos, que sólo conocen la apertura de expedientes y luego el abandono como “archivo muerto”, lo mismo en casos en que las víctimas son personas desconocidas que en los hechos que costaron la vida a figuras de la sociedad.

La cancelación de la justicia como derecho esencial de la sociedad, ocurre lo mismo en la muerte violenta del abogado ex secretario del ayuntamiento de Mazatlán, Miguel Sánchez Morán, que en la ejecución de que fue víctima el periodista Javier Valdez Cárdenas, y en la del hermano de Julio César Chávez.

Mientras que la violencia llegó a niveles históricos en el primer semestre del año en Sinaloa, fue a la baja el trabajo de la Fiscalía para esclarecer alguno de estos hechos, justificados todos con la cantinela que “siguen abiertas varias líneas de investigación”, aunque no avancen hacia ningún lado.

TERROR SOBRE LA ABOGACÍA SINALOENSE, COMPETIR CON HIGUERA

En ese escenario, es comentario común entre abogados de las distintas regiones de la entidad que resulta atemorizante competir con el despacho de Higuera en cualquier asunto jurídico, porque la “cargada” de los oficiales de la fiscalía y del poder judicial siempre es favorable hacia la causa que defienda Higuera.

Esto es más de lo mismo de la era malovista, cuando defendió a una minera del extranjero y detuvo a campesinos despojados por la empresa.

Existen casos concretos recientes de la protección desmedida que ejercen las autoridades para atender los intereses de los “favoritos” de autoridades encargadas de la procuración y de la impartición de justicia, incluso con incongruencias como el negar a otro abogado lo mismo que sobre un mismo asunto hayan concedido a los influyentes.

Son asuntos que están en reserva hasta que no signifique un riesgo exponerlo. Afirman que aún no pueden ventilarse ni en reuniones de los profesionales del derecho, por el desmantelamiento de la disidencia o la oposición al grupo de directivos impuestos en los colegios de abogados desde la pasada administración pública estatal.

En todos los juicios en desarrollo, los “favoritos” de fiscales y jueces avasallan las resoluciones y la justicia en Sinaloa se concede según el nombre del gestor, sean asunto penal, civil o agrario. La tendencia para la ley es la del influyentismo.

El cambio sigue sin justificarse y las expectativas dela reivindicación de la justicia en Sinaloa queda solamente en quimera.