Caos colosal y corrupción, legado de Frías y Gómer

Descubren negocio de Monárrez con Ciudad del Saber

 El doctor Enrique Villa Rivera llegó a la Secretaría de Educación Pública y Cultura con la encomienda de elevar el nivel del sistema educativo y de la honestidad en la dependencia, que sus dos antecesores dejaron a ras del suelo. Sin embargo, los planes de rescate de la SEPyC y sus programas estuvieron frenados durante los primeros seis meses de gobierno de Quirino Ordaz Coppel, tratando de ordenar el desorden y las grandes irregularidades en que incurrieron Francisco Cuauhtémoc Frías Castro y Gómer Monárrez González.

Villa Rivera no encuentra aún la salida al profundo pozo de calamidades en que se encuentra sumergida la educación en Sinaloa.

En el sector educativo, la observación más frecuente en toda evaluación de los complejos problemas que dejó el régimen de Mario López Valdez, dice que Frías Castro y Monárrez González no merecen estar en cargos de gobierno, sino en la “congeladora” de la justicia que corresponda a los más irresponsables servidores públicos que han pasado por el gobierno.

Ambos ex secretarios están involucrados en graves actos que provocaron desvíos y omisiones en la aplicación de recursos públicos, federales y estatales, merecedores de fincamiento de responsabilidades.

Ni Frías Castro tiene hoja de servicios, sobre todo en el manejo de presupuestos para la educación, que le hagan merecedor del encargo que recibió como director del Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICATSIN), ni el ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa puede alegar méritos para ser responsable de la Ciudad del Saber.

Los nombramientos de ambos funcionarios fueron anteriores a los días en que Villa Rivera comprobara el tamaño del “boquete” financiero y de problemas financieros y legales recogidos de un sexenio plagado de omisiones y responsabilidades.

FRÍAS CASTRO, MAYOR CARGA DE RESPONSABILIDADES

Según las autoridades que lleva a cabo la revisión de las tropelías realizadas en el gobierno “del cambio”, pero hacia la corrupción, el caso de Frías Castro es el que concentra mayores responsabilidades, por el periodo de cinco años que cubrió al frente de la SEPyC.

Además de la existencia de desvíos por cientos de millones de pesos ya señalados por la Auditoría Superior de la Federación desde 2015, el grupo investigador que trabaja en el rastreo de recursos perdidos en la SEPyC, observó la evidente complicidad del ex secretario (que luego hizo el papel de “patiño electoral”), con el ex director de la Universidad Pedagógica del Estado, Aniceto Cárdenas Galindo, quien libremente realizó transferencias de recursos de la institución a decenas de cuentas cuya titularidad sólo el amigo de Frías Castro conocía.

Además, está cuantificándose el daño al erario por sueldos pagados a cientos de falsos docentes en la UPES, entre los años de 2013 a 2016; y arrendamientos amparados en contratos que ocultan más desvíos de presupuesto durante los ejercicios 2015 y 2016.

La rendición de cuentas tiene en Aniceto Cárdenas a uno de los expedientes de irregularidades más abultados, al amparo de la protección con rostro de complicidad de parte de su jefe directo, el ex secretario Frías Castro.

El desapego a la legalidad también se encontró en la proliferación de escuelas normales en el estado, sin cumplir los requisitos para su autorización. Entre ellas se encuentran dos escuelas “patito” en el puerto de Mazatlán, cuyos antecedentes y protectores están siendo rastreados por personal de Villa Rivera.

TRAFIQUE CON TERRENO DE PRIMO DE MALOVA PARA OBRA EDUCATIVA

Una de las peores aberraciones jurídicas y financieras encontradas por los investigadores en los archivos malovistas se refiere a la “donación” de un terreno de 20 hectáreas en Mazatlán, para edificar aulas como parte de un proyecto de la universidad tecnológica del sur.

Un primo y compadre del ex gobernador del estado, identificado a la fecha de este proceso de aclaración como Hugo López, figura en una nueva carpeta de la muy extensa investigación que distrae esfuerzos y servicios jurídicos de las nuevas autoridades de la SEPyC.

La aparente generosidad del donante ocultaba una intención que se mantuvo oculta: cobrar favores al gobierno “del compadre” para ser beneficiado con en vertientes no conocidas aun, donde encontraría facilidades para otros negocios con el régimen.

En esta operación, Mario López Valdez hizo intervenir al Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa (ISIFE), para invertir 80 millones de pesos de presupuesto federal en el terreno obsequiado por el “altruista”.

Como Malova no cumplió su parte del negocio, el compadre no legalizó la propiedad y ahora el gobierno enfrenta la reclamación del donante, que se siente agraviado por la falta de reciprocidad del ex mandatario.

La devolución del predio no es sencilla, porque ya se realizó una construcción costosa, que de momento no reporta ningún beneficio a la educación y sólo provoca un conflicto jurídico más que distrae la atención de las autoridades.

Este caso ejemplifica la forma irresponsable en que el ex gobernador autorizó la ejecución de una obra financiada con recursos federales, en un terreno del que no se tuvo nunca la propiedad legal.

Con la misma ligereza de la secretaría, actuó el ISIFE, a cargo de Bernardino Antelo Vilches, presto siempre a cumplir órdenes y caprichos de su amigo y jefe, entendiendo que en el sector público priva una nueva máxima que dice: “la obra es negocio grande”.

UAIS, ENTREGADA A SAQUEADORES, INCLUSO FAMILIARES DEL EX RECTOR

También la Universidad indígena arroja nuevas “sorpresas” en cada semana de investigación que no parece tener fin.

Trascendió para Proyecto 3, voces que rompen el silencio, que el problema de corrupción y pésimo manejo en esa institución es todavía mayor que el de las demás integrantes del sector educativo porque las omisiones y errores persisten con la rectora que se suponía llegó este año con la encomienda de poner orden.

La Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa (UAIS), no sólo registró un evidente acto de corrupción al disponer el ex rector Guadalupe Camargo Orduño un total de 200 altas de empleados el último día de diciembre pasado y del sexenio, con el fin de crear una sólida base laboral de su lado.

También se expidió un estatuto que se contrapone con la ley que rige a la casa de estudios, abierta para servir a las etnias de todo el país, lo que ha generado una lista larga de conflictos que son desmadejados lentamente en tanto se derogan los contrasentidos de un reglamento perverso que llegó a servir a los fines de Camargo y que ha explotado también la sucesora, la “solución” que representaría María Guadalupe Ibarra Ceceña.

Un lastre financiero y una distracción obligada es la serie de demandas judiciales que enfrenta la UAIS de parte de empresas proveedoras que reclaman el pago de bienes y servicios prestados, a la anterior y a la actual administración.

Llama la atención que también deban resolver el reclamo de una hermana de Guadalupe Camargo, que era proveedora de alimentos para el funcionamiento de los comedores al servicio de los estudiantes nativos. Esta situación irregular no fue observada en ninguna revisión o auditoría aplicada en la era de Juan Pablo Yamuni Robles como responsable de la transparencia y de la rendición de cuentas.

Otro caso emblemático es el de una proveedora de carne que reclamó a la rectora Ibarra Ceceña el pago del alimento surtido durante casi un año a la universidad en la era Camargo. La nueva autoridad aseguró al empresario que “no habría problema con el pago” y que siguiera abasteciendo a la institución.

Así fue hasta que la misma titular del centro universitario le aclaró que siempre no, que no pagaría, ni lo anterior ni lo del presente año. Esta es otra demanda en los tribunales que debe solventar la UAIS y que llegó hasta la instancia de la Junta Ejecutiva, que pudo comprobar también la costosa e inoperante asesoría jurídica externa contratada por Camargo, que sólo es un acuerdo en el papel, sin aplicación en la realidad. Pago abogados sólo en el papel, para ocultar desvíos.