Tony Castañeda y Joel Hernández, manipulan el transporte como Mingo

Una de las áreas con mayor nivel de corrupción, la Dirección General de Vialidad y Transportes, a las órdenes omnímodas de Domingo Ramírez Armenta, sigue ocupando la misma jerarquía entre las dependencias más irregulares debido a personajes del pasado que agarraron vuelo de nuevo. 

Esta realidad parece estar oculta para el gobernador Quirino Ordaz Coppel, porque sus principales operadores en esa Dirección General trabajan bajo presión para obligarlos a  continuar los negocios oscuros que sólo lastiman más a los camioneros tradicionales. 

El subsecretario de Gobierno, Antonio Castañeda Verduzco; el subsecretario de Normatividad, Ramón Murguía; el asesor Joel Hernández Niño, han armado una red de intereses que impide la limpia en Transportes. Hernández Niño sólo se movía si lo ordenaba Juan S. Millán y en los últimos días opera por su cuenta, también, actuando como si el giro fuera parte de sus negocios.   

Para los tres, desmontar el tinglado minguista y liparolista para sanear los procedimientos, significa a estas “alturas” del año uno de Quirino prescindir de la tajada que deja la corrupción. 

Ese clan presiona y exige pasar sobre la autoridad del director general, Guillermo Haro Millán, y no respeta ni las órdenes del gobernador ni los acuerdos de éste con los transportistas, aunque son testigos de ellos. 

Una muestra: en junio, las alianzas de camioneros de carga pidieron a Ordaz Coppel en Salón de Gobernadores, que no expidieran permisos para carga de cosechas, porque los “piratas” estaban desplazando a las uniones en el movimiento de los granos. 

El mandatario dio la orden de retirar los permisos, ofrecidos a cambio de una cuota de 8 mil pesos cada uno, pero no para Recaudación de Rentas. Y ¿saben cuántos de los 600 permisos regados en los campos del Évora, Guasave y El Fuerte, fueron recogidos?… ¡Ninguno! 

Así lo denunciaron aliancistas de la CNOP, cuyo líder, Miguel Loayza, ya no sabe a que santo orar, si a Quirino, a “San Joel” o “San Tony”. 

Hasta diciembre pasado, el enjuague en el transporte lo controlaban Mingo y Marcial Liparoli. Ahora son Castañeda, Hernández Niño, Murguía. El director Haro ni pinta en el escenario. Al trio les urge meter en su juego al jurídico de Vialidad, Polo Palafox, que se la rifa con Haro. 

MALOVA NO NEGOCIA CON EL PRI: EXIGE, DESAFÍA, confiado seguramente en ases que tiene bajo la manga y que, si los sube a la mesa perjudicará el juego del partido. Pero, ¿son ases o es un blof? Solamente el que gobierna Sinaloa y la dirigencia nacional del partido pueden saberlo. 

Pero no puede negarse que hay jaloneos que provoca el grupo del ex gobernador del estado

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para evitar que las cuentas públicas lleven al ejercicio de una acción judicial contra uno o varios miembros de la pasada administración. Son nueve los que serían llamados en un primer paquete de coludidos. 

La exigencia malovista es que ninguno de sus ex colaboradores sea enviado ante la justicia a defenderse por una acusación en su contra. No reconoce que la práctica de dar cuotas a los cuates, a pesar de que prometió lo contrario, lastró a su administración y detonó toda clase de irregularidades hasta traspasar linderos para llegar al peculado. 

Los más expuestos a un llamado a cuentas son Armando Villarreal Ibarra y Ernesto Echeverría Aispuro; pero se mencionan resultados oscuros principalmente en las áreas que estuvieron a cargo de Francisco Frías Castro y Gomer Monárrez González, Bernardino Antelo Vilchis, José Luis Sevilla Suárez y Juan Nicasio Guerra Ochoa. Todos ellos, con involucramiento del ex secretario de Administración y Finanzas. 

Además, los ex presidentes municipales Marco Vinicio Galaviz Serrano, Armando Leyson Castro, Sergio Torres Félix y Carlos Felton González, aun no libran las consecuencias de sus actos. 

La opinión pública escucha, pero duda en si habrá o no aplicación de la ley en presuntos o visibles responsables. Esto golpea la credibilidad ciudadana en el actual gobierno, y no se requiere de mucho esfuerzo para imaginar el efecto que el perdón tendría en los comicios del año próximo.     

Con el agua al cuello, no dejan de pedir. La cuota política que el grupo de Mario López Valdez exige al PRI, son las presidencias municipales de Ahome y El Fuerte; retener las cinco diputaciones locales que actualmente ocupan Jesús Antonio Marcial Liparoli, Marco Antonio Osuna Moreno, Fernanda Rivera de Bloch, Roberto Cruz y Juan Pablo Yamuni Robles; la diputación federal de Bernardino Antelo Esper y, sobre todo, como la joya de la corona del grupo, una senaduría o diputación federal, además de un reconocimiento al menos tácito del liderazgo de Malova, que aún se atribuye el mérito de haber influido en el triunfo priista en 2016. 

UN MES PARA LAS DEFINICIONES DE LA ASAMBLEA NACIONAL PRIISTA resultará mucho tiempo para el presidente Peña Nieto porque el ruido que envuelve el proceso para elegir candidato priista a la sucesión es cada vez más intenso, destacando en la cacofonía la crítica al desaseo que se observa en el método irritante del “dedazo”. 

Beatriz Pagés habló el pasado fin de semana en México de que ese proceso “está secuestrado” por la cúpula del PRI, es decir, queda fuera de toda posibilidad de que haya apertura para tomar una decisión por consenso de la militancia, como es el reclamo cada vez más enérgico. 

Con toda la capacidad de maniobra que pueda tener el presidente, el caso puede salirse de su control. El clamor de democracia sube de tono. Y surge de tantas voces que no podrán callarlo, a menos que concedan lo que piden. 

Pero el respeto a la opinión de la militancia no está en el ADN priista de estos tiempos.   

Manlio Fabio Beltrones, uno de los cabecillas del movimiento, trata de reclutar votos de la estructura tricolor en Sinaloa, pero sin el gafete de presidente del partido no tiene la influencia que en el primer semestre del año pasado. 

El único que le hace caso, y más que nada por su condición de acosado por los auditores, el ex alcalde Sergio Torres Félix, no garantiza nada para Beltrones ni para el partido. Ahora es un priista

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incómodo, hasta para su compadre íntimo, Jesús Valdés Palazuelos. Este no quiere saber nada de alzamientos, porque sólo quiere la reelección si se le escapa el escaño que lo ilusionaba en enero. 

Por cierto, Torres aún confía en que Rosa Elena Millán sea candidata al Senado para reclamar otra vez la Sedesol estatal. Es que ahora el padre del “Morrín” debe agarrarse hasta de un clavo al rojo vivo.