Retan a Quirino en transportes

Paraíso del lavado de dinero conserva intactas irregularidades heredadas

El transporte público se volvió un paraíso para la inversión irregular, donde ni la autoridad del gobernador del estado es respetada. La Dirección General de Vialidad y Transportes es presionada para que suelte el control del servicio en Sinaloa, y podría ser rebasada por la corrupción e intereses personales de funcionarios coludidos con la mafia de “coyotes” que negocia permisos irregulares que desquician todas las actividades del sector.Las alianzas tradicionales ya fueron rebasadas, incapaces de defender los intereses de sus miembros frente al contubernio de funcionarios, con líderes venales vitalicios e inversionistas que introducen sus capitales para explotar el transporte.

La agenda más reciente de la actividad dice que Quirino Ordaz Coppel no ha logrado cumplir la promesa que hizo a transportistas de la CNOP, liderados por Miguel Loaiza Pérez, de retirar cientos de permisos expedidos en lo oscuro por la dependencia del ramo para favorecer a camioneros piratas o advenedizos que así procuran “blanquear” dinero obtenido en otras actividades sin regulación.

El director general de Vialidad y Transportes, Guillermo Haro Millán, está siendo presionado y se pretende que se convierta en una figura decorativa dentro de la estructura de gobierno; las decisiones se toman en la Subsecretaría de Gobierno, a espaldas del mandatario y del secretario General de Gobierno.

El subsecretario Antonio Castañeda Verduzco frena la limpia en la Dirección General porque la corrupción encontrada en el área resulta conveniente a intereses que se manejan desde esa cartera del tercer piso de palacio de gobierno.

Castañeda opera la trampa y maneja que un asesor jurídico que se dice “externo” en Vialidad y Transporte, es el encargado de operar los acuerdos y las negociaciones que permiten mantener intactos los servicios de “piratas” o de oportunistas que desplazan a los concesionarios autorizados. El plan es que paguen justos por pecadores mientras se cocina el gran negocio.

En reunión con el gobernador Ordaz Coppel, las alianzas cenopistas revelaron el mes pasado que “cientos de permisos ilegales permitieron a la piratería y otros nuevos capos del transporte mover las cosechas de granos en el centro y norte de la entidad. En la zona del Evora, Guasave y El Fuerte, la estimación de los camioneros representados por el cenopista Loaiza es que unos 500 vehículos desplazaron a los aliancistas organizados.

Los reclamos de las viejas membresías camioneras tuvieron como respuesta amenazas de muerte y de agresiones al patrimonio y a las familias de los camioneros tradicionales. 

LA INVASIÓN DE ILEGALES, PEOR QUE LA LIBERACIÓN DEL TRANSPORTE

En las actuales circunstancias, la invasión de la ilegalidad en el transporte sinaloense resulta peor que cualquier acto jurídico a favor de la liberación del servicio público en todas sus modalidades.

En el régimen de Mario López Valdez, el lavado de dinero penetró profundamente en el transporte, haciendo posible el surgimiento de nuevas empresas en el acarreo de pasajeros, de carga en general, de cosechas y de materiales de construcción.

El ex director general de Vialidad, Domingo Ramírez Armenta, con apoyo del actual diputado local, Jesús Antonio Marcial Liparoli, entonces subsecretario de Gobierno, con el beneplácito de Malova, autorizaron la expedición masiva de concesiones sin cubrir los requisitos de ley, sobre todo los estudios técnicos que deben justificar un aumento en la oferta del servicio, en relación con una mayor demanda del público.

La unión cenopista sostiene que la liberación del transporte ya existe de manera implícita en la ley, al permitir que, por ejemplo, cualquier agricultor pueda mover su cosecha con vehículos propios o que un productor de hortarlizas desplace con unidades de su propiedad a cualquier número de jornaleros que ocupe en su campo.

“El problema es que funcionarios que sólo ven sus intereses autorizan permisos a grupos de particulares ajenos a la actividad y a personas que sólo llegan a lavar dinero”, indicaron a Proyecto 3, voces que rompen el silencio. Toleran la competencia ilegal en la movilidad porque se benefician de ella.

Los permisos, explicaron, están cotizados en 8 mil pesos por unidad, en el caso de los externos que llegaron a competir por el acarreo de la producción de granos.

 LA PIRÁMIDE DEL PODER NO RESPETA LA LEY NI LA HACE RESPETAR

Se trata de un movimiento corrupto en el transporte, con pleno consentimiento de los funcionarios estatales que, desde la pirámide del poder ya denunciada, deben respetar y hacer respetar la ley.
Para los aliancistas, se requiere un golpe de mano del gobernador Quirino Ordaz y del secretario General de Gobierno, Gonzalo Gómez, obligando a la estructura que encabeza Castañeda Verduzco a respetar la ley de transporte y contener la presión de grupos “piratas” o de lavadores de dinero que operan en contra de las organizaciones reconocidas legalmente.

Haro Millán debe recibir todo el apoyo del gobernador Quirino Ordaz y rescatar su autoridad y hacerla valer, por encima de cualquier otro interés político y económico, denunciándolo ante el propio ejecutivo.