PROFECO convertida en fábrica de corrupción

La Procuraduría Federal del Consumidor alcanzó en Sinaloa el rango de elefante blanco, porque no tiene puntería para combatir el mercado negro de semillas y sus funcionarios se rindieron ante la corrupción en la comercialización de las cosechas.

De la mano de la delegada Adelaida Ayón Lares, la dependencia sigue la ruta de la ineficiencia trazada por su antecesor, Jorge Alan Urbina, que transformó el color de la lucha contra la especulación al blanco y negro con que ahora opera.

El sembradío de irregularidades de los comerciantes contra los consumidores se plantó en el corazón de Sinaloa, ya que desde la capital del estado se dispersaron semillas de mala calidad de maíz etiquetado como calidad Pioneer, Cargill, y Asgrow a la cara norte y sur del estado, sorteando las verificaciones sanitaras en materia agropecuaria.

Con la ruta irregular de la venta de semillas de mala calidad, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación sufrió un golpe en el rostro, porque quedó en evidencia su falta de interés por mantener el equilibrio productivo de las más de un millón 200 mil hectáreas con vocación agrícola en la entidad y se colocó en el foco de la sospecha de la corrupción en el manejo sanitario de la producción del campo regional.

La omisión en el cuidado de la venta de semillas causó una caída de más de 1.5 millones de toneladas de maíz en el estado y desbarrancó a Sinaloa como principal productor del grano a nivel nacional.

En el tejado de la ineficiencia también se colocó al Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas –SNICS-, cuyos encargados en la entidad le buscan mangas al chaleco al responsabilizar a La Procuraduría Federal del Consumidor como responsable del ataque al bolsillo de los agricultores sociales y privados mediante la venta de insumos agrícolas de mala calidad.

NI ESCUCHAN LAS QUEJAS DE LOS PRODUCTORES

La trayectoria de irregularidades de la PROFECO la colocan como campeona de la ineficiencia ya que las quejas de los consumidores son desoídas y en el plano de la justicia no hay rincón que proteja a los afectados con el mercado negro y la violación de precios a productos diversos.

En el terreno de los hechos, las estadísticas disparan una realidad cruel ya que los indicadores expresan que por cada cien denuncias presentadas contra anomalías cometidas por comerciantes del estado, sólo se atienden trece de ellas mediante formalidades administrativas engorrosas de la dependencia.

Al resto de las quejas los funcionarios de la dependencia les dan rodeos para vencer por cansancio a los consumidores afectados y con ello le dan músculo a las violaciones de precios y otras irregularidades en que inciden las casas comerciales.

HACEN DE 7 A 13 VISITAS A PROFECO PARA SER ATENDIDOS

De acuerdo a los indicadores los consumidores que se atreven a acudir a las oficinas de la PROFECO en la cara centro, norte y sur de la entidad, tienen que cumplir el protocolo de presentarse al menos en siete ocasiones ante los funcionarios para que estos les den curso a sus problemáticas.

El record de asistencia para pedir justicia ante PROFECO corresponde al indígena Rosario Fierro, que en el mes de noviembre del año 2016 dejó en reparación un teléfono celular que no le fue devuelto y ha acudido en trece ocasiones en una infructuosa lucha que libra en la ciudad de Los Mochis. Asegura que no se rendirá.

No siempre tienen éxito porque además de ser atendidos a regañadientes los violadores de los precios no acuden a los llamados conciliatorios por lo que los consumidores no ven resarcido su daño patrimonial.

En el caso de las violaciones al servicio de las gasolineras, la ineficiencia en la lucha contra la corrupción en el servicio y malos tratos, se evidencia por la entrega de litros incompletos y en el 92 por ciento de los casos las empresas del ramo siguen operando sin responder a favor del perjudicado.

En el caso del servicio de agua potable, las quejas contra las juntas administradoras del líquido cabalgan a una impunidad del 97 por ciento.

En tanto que, por cada cien quejas que se presentan contra violaciones a los precios y la calidad del servicio de transporte terrestre, solamente el 6 por ciento de las quejas son tomadas en cuenta y solo el 1.5 por ciento es resuelto a favor del consumidor.

En el caso del servicio turístico y de la actividad restaurantera el 12 por ciento de los casos planteados son a favor del consumidor por lo que los visitantes de las zonas turísticas de la entidad que sufren un menoscabo en su bolsillo representan el 88 por ciento de los ofendidos.

Es por eso que la PROFECO es una dependencia donde la ineficiencia se sirve a la carta.

Primero está el prestador del servicio que tiene medios para pagar la “buena voluntad” de la procuraduría más inservible del aparato gubernamental.

Ayón Lares sigue la ruta de su antecesor, “nadando de muertita”, para no incomodar a nadie. Los consumidores estamos abandonados a nuestra suerte y al recurso de gritar en el desierto.