Los constructores consentidos de la ex alcaldesa Liliana Cárdenas

La ASE revela el caos de la obra pública en Salvador Alvarado que contó millones en subejercicios presupuestales y las adjudicaciones directas a favor un selecto grupo de constructores bajo la sombra de su mentor el diputado federal David López

Las observaciones de la cuenta pública de la ASE descubren el caos de la obra en el municipio de Salvador Alvarado y un probable daño financiero al erario por más de 9 millones de pesos. Fue su cerrojo de lujo.

Los subejercicios por varios millones de pesos en el segundo semestre del 2016, el deficiente nivel de control interno de la obra, la inequidad en la repartición y la aparición de una cofradía de constructores beneficiarios del presupuesto, instalan en la sospecha no solo a la Ex Alcaldesa del municipio de Salvador Alvarado, Liliana Angélica Cárdenas Valenzuela, sino a su padrino el Coordinador de los Diputados Federales en la Cámara Baja David López Gutiérrez y al propio Presidente municipal Carlos Mario Ortiz Sánchez y a su gobierno de la gente.

Las predilecciones de Cárdenas Valenzuela y su afición por ordeñar el presupuesto de las instituciones, como lo hizo al autorizar más de 9 millones por concepto de pagos de indemnizaciones por enfermedades y riesgos laborales para ella, su Síndico Procurador y los regidores cuando fue Alcaldesa en su último año de gestión, ponen en duda ahora la transparencia y equidad de la probable aplicación de los recursos en la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa, (CEAIPAS) cargo que desempeña desde el mes de enero del 2017.

Subejercicio

Tan solo en una de las revisiones de eficacia del segundo semestre del 2016, se advierte un subejercicio superior a los 10 millones de pesos de un programa con recursos federales.

La documentación de la Auditoría establece que “al revisar el Programa Anual de Obra Pública de 2016 del H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado, se observa que no se efectuó una adecuada planeación en el mismo, para el caso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), ya que se consideran para ejecutar 6 (seis) obras dando un costo programado de $2,260,903.15 (Dos millones doscientos sesenta mil novecientos tres pesos 15/100 M.N.), cuando el Municipio recibiría un importe de $13,919,990.66 (Trece millones novecientos diecinueve mil novecientos noventa pesos 66/100 M.N.) para este Fondo”.

Era verdad, tenía presupuestados en ese ejercicio para el cierre del año más de 13 millones de la Federación y la falta de capacidad de su gestión ocasionaría que solo gastara alrededor de los 2 millones 260 mil pesos.

Toda una experta del subejercicio. Desperdició la oportunidad de ejercer 10 millones de pesos en obras.

Los preferidos

Las revisiones realizadas por la Auditoría Superior del Estado dejarían al descubierto muchas más deficiencias y abusos de la Ex Alcaldesa.

Una de ellas sería la confirmación del grupo de “presupuestívoros” protegido por Cárdenas Valenzuela y los intereses del Diputado López Gutiérrez.

Según la ASE, el 48.39 por ciento del total de obras realizadas del 01 de julio al 31 de diciembre de 2016, se adjudicaron directamente, las cuales se asignaron al 13.79 por ciento del total de contratistas inscritos en el padrón.

Es decir, que de las 31 obras contratadas en ese periodo por Liliana Cárdenas 15, muy cerca de la mitad, se asignaron por su propia decisión. Sin invitación ni mucho menos licitación.

Y no solo eso, también se evidenciaron los preferidos de la Alcaldesa ya que del total del padrón de contratistas, que son 58, solo se les asignó a un pequeño grupo de 8 que constituye el 13.79 por ciento.

Lo peor es que la obra se concentró todavía más en solo dos contratistas que se llevaron juntos más del 53 por ciento del total.

Así, Sergio Alberto Román Ríos realizó por adjudicación directa 5 de las 15 obras para llevarse el 33.33 por ciento del pastel presupuestal, mientras Fernando Martínez Avendaño de “Eléctrica Matza” se adjudicó 3 de las 15 para obtener el 20 por ciento.

Todo fue observado por la ASE y su dictamen definitivo:

“Con base en lo anterior, se concluye que el Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa, no ha sido equitativo en la distribución del otorgamiento de contratos respecto al padrón del Municipio, ya que de las obras adjudicadas directamente, el 53.33% se las adjudica a 2 contratistas, comprometiendo con ello la economía y transparencia de los recursos aplicados en la contratación de las obras públicas”.

No había duda era inequitativa y favorecía a un pequeño grupo de contratistas.

¿Vicio o recurso?

Para muchos sonaría a diezmo. Un vicio o práctica común de financiamiento ilegal. Un mito político que cada vez suena con más fuerza.

Para la Auditoría Superior del Estado es distinto. Tan solo dice que en varias obras se elaboraron convenios para modificar el importe y plazo del contrato por cantidades adicionales y obra extraordinaria que rondaba el 10 por ciento.

Al observarlas afirmaría que a pesar de que no rebasan el 25 por ciento del importe contratado, pero si el plazo de ejecución, se advierte que no están debidamente justificados ya que no se integran en el expediente el catálogo de cantidades adicionales y extraordinarias que dieron origen a dichos convenios.

La lista es amplia entre ellas se pueden mencionar el Parque deportivo de voleibol “La Victoria”, obra que aumentó su costo en 73 mil 949.18 pesos e incrementó su plazo de terminación en más del 40 por ciento, el Estadio Deportivo de Beisbol “El Taballal” que se fue arriba más de 51 mil pesos y la Rehabilitación del parque Cacalotita con aumento de más de 84 mil 234 pesos al presupuesto inicial contratado.

Sobre esta misma obra pesan otras observaciones que implican en sus pliegos que se deberá reclamar un monto de 6 mil 933.97, por concepto de indemnización, atendiendo a que del resultado de la revisión se presume un daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal, por haber realizado pagos con los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE 2016), por volúmenes de concepto de obra pagados en exceso, y de 61 mil 746.53, por haber realizado pagos con el mismo fondo por volúmenes de conceptos de obra pagados y no ejecutados.

Las ampliaciones de pago convenidas tienen cara de moche y diezmo. Y la práctica se volvió común.

Ni terminada ni buena

La Pavimentación de la calle Rodolfo T. Loaiza entre avenidas Lázaro Cárdenas y Enrique Dunant, en la colonia del Évora, Guamúchil presume daño patrimonial a la Hacienda Pública Federal por la existencia de volúmenes de obra pagada no ejecutada por 27 mil 061.57 pesos del Programa de Desarrollo Regional y por 59 mil 559.87 por mala calidad de obra.

“El concepto en cita corresponde al concreto colocado en las losas del pavimento el cual presenta agrietamientos en un área de 121.93 m2, ubicado en el área de los aproches”.

Estos hechos, dice el informe, quedaron plasmados en el acta circunstanciada No. 04/CP.2016 de fecha 30 de marzo de 2017. 

Las indemnizaciones

Muy hábiles se creyeron los regidores, el Síndico Procurador José Fredy Camacho Pérez y la Presidente Municipal de Salvador Alvarado Liliana Angélica Cárdenas Valenzuela, hoy titular de la, Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa, (CEAIPAS), al darse a cuenta gotas una especie de autoliquidación que se distribuyó a lo largo del año 2016 y que de manera directa observó la Auditoría Superior del Estado en la revisión de las dos cuentas de ese ejercicio.

Se metieron a la bolsa más de 9 millones de pesos por concepto de pagos de indemnizaciones por enfermedades y riesgos laborales que los evidencia al aprovecharse del recurso público.

En la partida del primer semestre se registraron pólizas por importe acumulado de 4 millones 142 mil 698.60 pesos, el cual se integró al pago quincenal realizado a la Presidente Municipal, Regidores y al Síndico Procurador y de 5 millones 502 mil 387.96 pesos del segundo semestre de igual manera.

La ASE estableció que fueron percepciones quincenales que no se encontraban contempladas en la nómina, además, de que sobre esas asignaciones no se aplicaron las retenciones fiscales correspondientes.

Así la Presidente Liliana Cárdenas recibió quincenalmente desde enero a junio del 2016 la cantidad de 41 mil 369.52 que al final sumó los 496 mil 434.24 pesos.

Para el Síndico Procurador la cifra fue menor y cada quincena le dieron extra de su sueldo de las arcas municipales la cantidad de 21 mil 693.19 que tras el periodo alcanzó los 260 mil 318.28 pesos.

Mientras que los regidores en conjunto cada quince días tomaban su bono variable, pero arriba de 270 mil pesos, que tras seis meses les retribuyó más de 3 millones 382 mil 468 pesos para todos.

El saqueo no se detendría ahí, el siguiente semestre se mantuvo la ordeña y la Presidente recibió además 673 mil 268.36 para tener en el año un millón 169 mil 702.6 de sobresueldo prohibido por la ley de hacienda municipal. Tan solo en diciembre este bono para ella sería de 168 mil 984 pesos.

El Síndico Procurador por ese año sumaría en total 611 mil 978.66 pesos y los regidores alcanzarían la cifra de 7 millones 859 mil 927.22 pesos alrededor de 604 mil pesos cada uno. Para la ASE la acción promovida por daño o perjuicio a la Hacienda Municipal se mantuvo en el pliego resarcitorio y la promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria.

Más daño

La ASE formularía en el dictamen del segundo semestre del 2016 varios pliegos de observaciones más.

Uno de ellos es por la cantidad de 104 mil 592.21 pesos por daños a la hacienda pública municipal por omitir el cobro de multas y recargos, por los pagos extemporáneos de los Derechos por Revalidación Anual de Licencias.

Otro por 42 mil 425.45, por haber realizado pago por concepto de actualizaciones y recargos por cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social, las cuales se debieron cobrar al funcionario responsable de dicho pago.

Una más por 496 mil 467.57 por haber pagado demás en las liquidaciones de algunos trabajadores.

“Por haber realizado el pago por concepto de prima de antigüedad tomando en cuenta el salario del trabajador, debiendo considerar el tope de dos salarios mínimos generales”.

De la misma manera uno más por un monto de 120 mil pesos, cantidad cobrada por el proveedor Sistemas de Innovación y Eficiencia, por concepto de indemnización, por haber realizado los pagos por concepto de Servicios Profesionales de Consultorías sin contar con los informes de avance y evidencia justificativa de los trabajos realizados (entregables) estipulados en el contrato, tales como: digitalización, matriz y diagramas, guía de revisión, tablero de control, respaldo de tablero de control, resúmenes ejecutivos, problemática y estrategias, carpeta de impresión, informe de solventación de observaciones e informe de situaciones de interés del Alcalde, así como acta de entrega-recepción de los mismos.

Y finalmente otro pliego por 16 mil 240 pesos, por haber realizado los pagos por concepto de publicidad en los que omiten evidencia justificativa de los trabajos realizados.