Irregularidades por 2 mil 264 MDP ¡en 25 por ciento de las cuentas de Malova!

El informe sucinto que presentó la secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, Guadalupe Yan Rubio, sobre el desorden financiero adjudicadoa Mario López Valdez, no puntualiza un dato más que revelador del verdadero tamaño del irregular manejo financiero: mil 164 millones de pesos desviados, que contiene el reporte oficial hecho público, corresponde apenas al 25 por ciento de avance en la auditoría en proceso.

Las cifras anteriores indican que la investigación ha encontrado más omisiones y responsabilidades de las que suponían los críticos más severos de la pasada administración pública del estado.

Lo que no dijo Yan Rubio es que de hecho no hay cuenta bancaria que no registre movimientos improcedentes, con miles de traspasos y de pagos a proveedores o acreedores sin comprobantes que los justifiquen, lo mismo que retiros sin soporte documental apegado a la normatividad.

El avance del trabajo de los auditores ha sido lento por la verificación de decenas de miles de pólizas, cargos y abonos en casi mil cuentas bancarias con la conciliación de saldos, más la información en poder del Servicio de Administración Fiscal y la verificación de cuentas del gobierno federal que registraron recursos enviados a Sinaloa.

Las evidencias descritas justifican hasta el ejercicio de la acción penal contra quien resulte implicado, a menos que lo impidan los caminos ocultos que desvían el objetivo de la ley en el sector público.

PRIMER NOMBRE QUE FILTRAN LAS INVESTIGACIONES: CLODOMIRO

El ex subsecretario de Ingresos, Clodomiro Espinoza García, es el primer nombre mencionado entre los llamados a declarar ante los auditores y fiscalizadores sobre el manejo de los recursos recibidos y mal aplicados, según las revisiones de las partidas presupuestales de la federación y las captaciones del estado. Así lo indicaron funcionarios estatales a Proyecto 3.

Si existió desorden en la supersecretaría a cargo de Armando Villarreal Ibarra, se da por descontado que idénticas desviaciones serán encontradas en los recursos de las dependencias sustantivas del gobierno.

El caos financiero tiene por fuerza el nombre del tesorero.

LO PEOR TODAVÍA NO APARECE: EDUCACIÓN Y SALUD 

Por lo expresado en la conferencia de prensa de Yan Rubio, falta poner mano en las áreas que han sido señaladas como las más irregulares durante el sexenio, las secretarías de Salud y de Educación Pública y Cultura.

Información oficial de Transparencia confirma que las finanzas de educación y salud son las más plagadas de irregularidades, en tanto que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas encontró el mayor volumen de irregularidades en la licitación de obras, que obligará a una más amplia revisión de expedientes.

En la SEPyC han sido encontradas grandes partidas de presupuesto federal, de más de 400 millones de pesos, que fueron reportadas como desvío por la Auditoría Superior de la Federación, todavía en el ejercicio de Francisco Cuauhtémoc Frías Castro al frente de la dependencia.

La opacidad continuó en el mismo tono denso en el periodo de Gómer Monárrez González, porque siguió medrando en perjuicio del sector educativo el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física, más dedicado al contratismo y al saqueo de recursos que al mejoramiento de los ámbitos escolares.

La permanencia de Bernardino Antelo Vilches, director del ISIFE, una de las docenas de cuotas de cuates de Malova, evitó el avance en la solución de las carencias en miles de escuelas de la entidad.

Bernardino es la punta de la madeja de una red de corrupcion en materia de obra pública en el área educativa y en otras vincuadas incluso a la secretaría de Obras Publicas del Gobierno del Estado y la Unidad de Inversiones.  

En Salud, ocurrió la peor devastación financiera, no sólo por la falta de comprobación de gasto ordenado y limpio de los recursos, sino por la existencia de un convenio inadmisible en cualquier otro gobierno para permitir que amigos de poder fáctico del mandatario se convirtieran en únicos proveedores de medicamentos y de equipo médico, muy caros, en los hospitales del estado, beneficios que ahora tratan de imponer al gobierno de Quirino Ordaz Coppel y sus socios.  

El negocio fue la proveeduría más especializada y costosa en cientos o miles de millones de pesos.

Por las implicaciones de la “cirugía mayor” al Sector Salud, con evidencias para proceder contra el ex secretario, Ernesto Echeverría Aispuro, es que este funcionario, uno de los que más alto nivel de enriquecimiento ha mostrado por la prestación de sus servicios a Malova, significa uno de los más conflictivos para el régimen de Ordaz Coppel.

Lo que ocurrió en Salud explica con claridad las razones que tuvo López Valdez para aceptar la imposición de sus “cuates” en la figura de Echeverría Aispuro, director de un servicio médico “social” denominado Mi Salud.

El ex secretario de Salud apuesta a que un medio de comunicación es blindaje seguro contra cualquier abuso y desvío en perjuicio del gobierno, suponiendo que la exigencia de justicia es sólo para los “de fuera”, no para los “de casa”.

EL SENADO TIENE MONTO DE IRREGULARIDADES DE 2011 A 2014

El caso del desaseo en las cuentas públicas de Sinaloa desde el primer año de la pasada administración, está desde hace más de un año en el Senado de la República, con cifras de recursos recibidos y no comprobados en su aplicación que rebasan ampliamente el avance consignado por la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas.

Hace un año, el 20 de julio de 2016, la Mesa Directiva del Senado, a cargo de Roberto Gil Zuart, recibió un documento extenso, conteniendo las irregularidades observadas en los manejos financieros del gobierno de Mario López Valdez, de 2011 a 2015.

Desde entonces se destacaban los latrocinios cometidos con programas y presupuestos para salud y educación.

De aquel informe, son los siguientes párrafos, que permiten puntualizar que el acopio de pruebas contra la administración malovista se encontraba en marcha:

En 2011 se determinaron observaciones por 960.70 millones de pesos; en 2012 por 2,989.20 millones de pesos, en 2013 por 1,420.20 millones de pesos, y en 2014 por 652.9 millones de pesos. Lo anterior suma el gran total de 6,023 millones de pesos, lo que representa más del 46% del total de las observaciones desde el 2011 al 2014. Ahora bien, de este gran total de observaciones determinadas de 6,023 millones de pesos ¿cuánto es lo que la ASF reconoce como montos operados, aclarados o en proceso resarcitorio? Solamente 2,469.30 millones de pesos.

Lo anterior indica que del 100% de las observaciones realizadas a la actual administración solamente un 40% se encuentran solventadas. La ASF es muy clara al señalar que el gobierno del estado de Sinaloa tiene pendiente de recuperar o de aclarar las cantidades en millones de pesos de 258.50; del año 2011; 2,202.7 del año 2012; 711.10 del 2013 y 549.5 del 2014, lo que da un total de 3,721.80 millones de pesos pendientes de recuperar o aclarar, cantidad que representa el 60% del monto observado de 6,023 millones de pesos. Es decir, de cada 10 observaciones, el Gobierno del Estado solamente ha aclarado 4.

Precisamente con el propósito de consolidar la transparencia y en virtud de que está por concluir la gestión del gobernador de Sinaloa Mario López Valdez, creo que es fundamental que se presente un informe puntual que aclare el estatus de cada una de las observaciones que le hizo la Auditoría Superior de la Federación al gobierno y que están pendientes de solventar. De otra manera se estará dejando una percepción de opacidad y falta de transparencia con lo que se alimenta la impunidad.

¿LA ACCIÓN DE LA LEY, HASTA RECUPERAR RECURSOS DESVIADOS? 

La falta de transparencia y de respuesta a las observaciones de la ASF, conocidas en el Senado, se debió a la falta de elementos probatorios de aplicación correcta de los recursos federales o bien al hecho de que el ex gobernador puso toda su apuesta en el blindaje político que le ofrecería el presidente Enrique Peña Nieto a cambio de su apoyo en los procesos electorales de 2012, 2013, 2015 y 2016, a favor de los candidatos priistas.

Los números que contienen el informe en manos de la directiva de la cámara alta y las auditorías reveladas por Yan Rubio, dicen que existen condiciones para ejercer no sólo la acción penal.

También es procedente aplicar los mecanismos de la ley para iniciar la recuperación de activos en poder de ex funcionarios, para resarcir el daño causado a las finanzas públicas.

Estos procedimientos que ya están aplicándose en otros estados donde han sido encontrados graves desvíos de recursos durante sus gobiernos anteriores, pueden ser aplicados en Sinaloa, si la actual administración tiene el propósito de llevar el ataque a la corrupción pasada hasta sus últimas consecuencias.