Hartazgo social sólo ocupa una chispa

Tirado y Menchaca no saben plantear reforma

Indignación social por impunidad a corruptos

Por primera vez, en la corriente que propone ensanchar la transparencia en la función pública, el Congreso local de Sinaloa con su mayoría priista al frente, promueve la reforma al artículo 37 Constitucional, de manera torpe, a grado tal que abrió el abanico para que el PAN y otras corrientes ociosas alegaran que se quiere regresar a las peores prácticas corruptas, para despojar al electorado de su derecho a conocer los asuntos trascendentes que le incumben y afectan.

El planteamiento ligero, apresurado, no razonado en su impacto mediático, ofreció la oportunidad a quienes pretenden elevarse en dueños de la verdad a asegurar que la iniciativa de modificación a dos párrafos de la Constitución Política del Estado es una medida oscurantista que no ofrece más que la información que en lo secreto acuerde una junta que decide lo que debe decirse de cada organismo o entidad que maneja fondos públicos.

Todo por la torpeza y la falta de oficio político del diputado José Menchaca López y la presienta de la JUCOPO y de la bancada priista, Irma Tirado.

La verdadera idea de esa mayoría camaral es institucionalizar el Sistema Anticorrupción y legislar para romper los procedimientos operativos que permiten el saqueo, pero planteado “al vapor” provocó una reacción adversa, política, propalándose que los diputados que apoyan la iniciativa no quieren un poder legislativo democrático ni republicano y que vienen por una trinchera más fuerte y segura para proteger a los corruptos en todos los rincones del servicio público en estado y municipios.

Por el contrario, la verdadera trinchera de la impunidad la da la operación de una comisión de fiscalización operada desde el exterior del Congreso por ex gobernadores y gobernadores, que raya en la duplicidad de funciones y “atora” cualquier pretensión de la Auditoría Superior del Estado de llevar a juicio penal y administrativo a los funcionarios y ex funcionarios corruptos.

La iniciativa vista con buenos ojos surge en momentos de mayor indignación popular por el manto protector que ha tendido en el Congreso y la Auditoría Superior del Estado sobre los saqueadores, por ineptitud, complicidad o consigna de sus jefes políticos.

El inexperto político José Menchaca López, alfil del “chilorio power”, presidente de la Comisión de Fiscalización, con indispensable anuencia de su coordinadora y presidenta de la Junta de Coordinación Política, Irma Tirado Sandoval, no supo orientar este proyecto legislativo, la reforma al artículo 37 Constitucional, y lo hizo aparecer en extremo opaco en la verificación de las finanzas públicas.

Exactamente, la reforma podría considerarse débil, si se estima que como baluarte de los amigos, aunque no de la justicia, no de Sinaloa, aparece la Auditoría Superior del Estado, en manos de una ex empleada de los señalados como por los presuntos responsables de irregularidades y desviaciones, Emma Guadalupe Félix Rivera.

No es descabellada la propuesta de suspender la discusión de las cuentas públicas en la tribuna del Congreso, porque siempre se han politizado, y se han usado para que de manera perversa, en comisiones, es decir, en lo oscuro, diputados fiscalizadores y funcionarios estatales, municipales y de todas las entidades que reciben recursos públicos, acuerden que hacer en cada caso de omisiones o delitos de mayor peso.

Sinaloa no está lejos del caso San Luis Potosí

A medio año de iniciado este gobierno y a nueve meses del principio de la actual legislatura, Sinaloa no está lejos de las condiciones de hartazgo social que en San Luis Potosí provocó un movimiento de protesta ciudadana para exigir y lograr que el Congreso del Estado removiera a diputados que solaparon el “blanqueado” de cuentas públicas plagadas de irregularidades.

En aquella entidad como aquí, la sociedad está indignada por la evidente colusión del legislativo y la Auditoría Superior del Estado para cubrir de impunidad a los responsables del saqueo que devastó las recientes administraciones públicas, estatal, municipales, de empresas paramunicipales y de todos los organismos que reciben recursos públicos.

En San Luis Potosí también se acumularon autorizaciones sospechosas de cuentas públicas que, sin contabilidad en la mano, el pueblo sabe que no pasan la prueba de la elemental honestidad.

Allá como en Sinaloa, auditores y legisladores se negaban a exhibir las pruebas de peculado y castigarlo de manera ejemplar protegidos por la operación de “comisiones”, hasta que una prueba en video circuló en las redes sociales.

Las cuentas irregulares y el endeudamiento desmedido, el flagrante del desaseo financiero, no fueron suficientes pruebas de que el Congreso y la Auditoría ocultaban delitos, omisiones y abusos, sin aplicar la ley. Hablamos de lo que ocurrió en la tierra potosina, que también vivió una alternancia que elevó el nivel de la corrupción, aunque es el espejo de lo que indigna en Sinaloa.

Para que la chispa incendiaria surja falta escuchar la desvergüenza de algún diputado tasando el servicio a los corruptos para provocar que la aun muda protesta ciudadana se exprese.

Falta una movilización colectiva en acción de abordaje del palacio convertido en refugio de los peores actos ilegales que se han cometido de manera simultánea en todo el territorio sinaloense.

Igualmente falta conocer aquí si hubo consigna enviada a los 18 municipios para establecer un necesario pacto secreto para limpiar o encubrir los desfalcos o desvíos que arruinaron las finanzas públicas del estado y de los ayuntamientos, como si el acuerdo hubiera sido saquear por la obligación de pagar la oportunidad de ser alcaldes.

Irma Tirado Sandoval y José Menchaca López, son los principales protagonistas de la duda que se propaga en la opinión pública, de palabra y a través de las redes sociales, sobre la sospechosa conducta del Congreso, retrasando el ajuste de cuentas a las autoridades del pasado sexenio.

En aparente oposición, pero al servicio de los mismos intereses contra la transparencia, la bancada del Partido Acción Nacional, especialmente de los protagonistas Roberto Cruz Castro y Carlos Castaños Valenzuela.

A pesar del contenido de las cuentas devoradas, de las deudas reconocidas y admitidas, y del descarado enriquecimiento de funcionarios, que pasean su impunidad ante la indignada comunidad sinaloense, ésta es la única instancia que ya dictó su veredicto, aunque no pueda plasmarse en un acto de justicia, porque se lo niegan sus “representantes populares” en el Congreso y en el gobierno.

Irma tirado y josé menchaca se hunden en la sospecha

La presidenta de la Junta de Coordinación Política, Irma Tirado Sandoval, llegó al extremo de la desfachatez cuando sostiene que llegó a “dignificar la política”, al tiempo que impide el acuerdo para abrir proceso contra los implicados en desfalcos y desvíos. Dignidad corrupta o corrupción con fingida dignidad. Operadora de un acuerdo de más alto nivel o procuradora de una defensa para sus metas y logros si llega a autoridad ejecutiva en el futuro.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, José Menchaca López, se atora cada vez más en el fango de las evidencias que lo comprometen, y es tan torpe, pero tan torpe, que proponer una especie de jurisprudencia para facilitar el castigo a los corruptos, y la hace ver como todo lo contrario.

Con la reforma a la Constitución no existirá la mordaza a la denuncia en tribuna, que seguirá siendo foro disponible al conocimiento de la sociedad sobre lo que ocurre en las entrañas de los gobiernos.

Con la necesaria complacencia de Tirado Sandoval, el encargado de fiscalizar durante esta legislatura está pensando en el futuro de su clase política, aunque no llegará muy lejos, porque es largos dedos y corto de mente. En su caso particular, trata de  despejar el camino hacia la presidencia municipal de Guasave pero no pasa el examen de conocimientos.