El combate a la corrupción topa con la “fiscalización” del Congreso

Analice el alcance y el contenido de la locución: “En mis planes esta seguir en la política porque de esto vivo”, dixit el alcalde, Jesús Valdez Palazuelos. La degradación de la política en negocio alberga un sumario de corrupción que afecta a las familias sinaloenses, todas, a excepción, precisamente, de quienes blasonan vivir de la política.

Los escándalos de corrupción se desbordan trienio tras trienio, sexenio tras sexenio, y la cofradía que vive de la política escapa del brazo de la ley. La legislación actual en Sinaloa es canal o coyuntura para comprar voluntades políticas con halagos y regalos, vacaciones pagadas, viajes, contratación de familiares o pago de comisiones. O el acceso a nuevos cargos públicos o electorales para que el círculo vicioso permanezca inalterable.

Paradójicamente es la Comisión de Fiscalización del Congreso Local y los diputados mismos quienes validan el tránsito de la corrupción gubernamental al operar y manejar, sujetos a sus intereses políticos, en una especie de hoy por ti y mañana por mí, el resultado de las cuentas públicas entregadas al Poder Legislativo por la Auditoría Superior del Estado.

Es la Comisión de Fiscalización con el voto de los tribunos es la que decide qué cuenta se aprueba o no, cual se veta, y cuál puede ser turnada ante una instancia administrativa y penal, incurriendo tradicionalmente en la protección de sus iguales políticos, socios o militantes de sus partidos.

Así, los dictámenes de la cuenta pública se politizan. No pasan a los tribunales los escandalosos casos de peculados ni pruebas de enriquecimiento inexplicable.

En Sinaloa ¿Cuántos gobernadores y alcaldes han sido sometidos a juicio y encarcelados por actos de corrupción, por peculados y enriquecimiento inexplicable? Ninguno. Han abundado las pruebas para encarcelarlos y la Comisión de Fiscalización, con sus “facultades”, se alza en Tribunal de la Exoneración, revelando la falta de ética de Poder Legislativo al “legalizar” o validar actos de ilegalidad.

¿Ha funcionado en materia de combate a la corrupción la Comisión de Fiscalización? La respuesta es un rotundo no.

La corrupción es un lastre por los enormes costos económicos, políticos y sociales que ocasiona a Sinaloa, práctica que es vista por amplios segmentos de la sociedad como deleznable y por una minoría “normal” o “natural” en las transacciones de la vida diaria, de los negocios y del trato con los servidores públicos.

¿Por qué entonces obstaculizar una reforma que impedirá a los diputados el oficio de politizar las cuentas públicas del gobierno de Sinaloa y de los ayuntamientos?

Las “facultades” en materia de fiscalización del Congreso Local, aparte de ser una grotesca duplicidad de funciones, es la trampa legal-legislativa creada por los regímenes del pasado para salvarse de cualquier acción legal, no en balde alcaldes salientes y entrantes y gobernadores que se van o vienen, usan todas sus “influencias” para elevar a sus socios o lacayos de diputados locales y ejercen todo tipo de presiones a fin de empotrarlos en la Comisión de Fiscalización y la de Hacienda Pública.

Es en esa figura legal, que funciona en la ilegalidad, con la que se topa el combate a la corrupción.

Es en el artículo 37 de la Constitución Política del Estado donde convergen los intereses y las acciones políticas, las componendas. La ley fundamental de Sinaloa especifica:

…El Congreso del Estado revisará, aprobará, hará observaciones o suspenderá y, de proceder, expedirá el finiquito respectivo, por cada ejercicio fiscal en los casos de las cuentas públicas del Estado y de los Municipios. Cuando se decrete la suspensión de la aprobación de una cuenta pública, ésta deberá ser nuevamente discutida en el siguiente período ordinario de sesiones, previa a la revisión y aprobación en su caso, de la que corresponda al mismo.

En caso de que en la revisión de una cuenta pública o de la información sobre aplicación de recursos de cualquier ente fiscalizable, se encuentren irregularidades o hechos que hagan presumir la existencia de delitos o que impliquen responsabilidades de cualquier tipo, la Auditoría Superior del Estado deberá presentar las denuncias o querellas que correspondan ante la Fiscalía General del Estado. De igual forma las presentará ante los órganos de control interno de los Poderes del Estado, de los municipios o de los órganos constitucionales autónomos, según el caso.

Gobernantes y alcaldes han escapado del brazo de la ley por una interpretación politizada y tramposa del contenido del artículo. Su derogación facilitaría alzar y agilizar, turnar con celeridad, las denuncias por peculados e irregularidades administrativas, sin el “cedazo político” de los diputados del Congreso Local.

A saber: la Auditoría Superior del Estado es un órgano técnico de fiscalización general en la Entidad, bajo la coordinación del Congreso del Estado y para tal efecto gozará de plena, independencia y autonomía técnica y de gestión, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Estado de Sinaloa y en esta Ley (la de la Auditoría), cuyo trabajo se sustenta en “los principios rectores de la fiscalización superior: la posterioridad, la simultaneidad, la anualidad, la confiabilidad, la legalidad, la objetividad, la imparcialidad y el profesionalismo”.

La facultad del Congreso del Estado de revisar y fiscalizar las cuentas públicas se realizará por medio de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, conforme a lo previsto en el artículo 116, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 43, fracciones XXII y XXII bis, 53 y 54 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.

El artículo 5 de la Ley de la propia ASE, especifica que la fiscalización superior que realice la Auditoría Superior del Estado, se ejerce de manera simultánea y posterior a la gestión financiera; tiene el carácter externo y por lo tanto, se lleva a cabo de manera independiente y autónoma de cualquier otra forma de control o fiscalización interna de los Poderes del Estado, municipios y entes públicos.

Por encima, entiéndase, “de cualquier otra forma de control o fiscalización de los Poderes del Estado, municipios y entes públicos”. La otra forma de control es la inoperante Comisión de Fiscalización del Congreso Local.

La Auditoría Superior del Estado tiene como obligación presentar denuncias y querellas a que haya lugar, en el caso de presuntas conductas delictivas de servidores públicos y en contra de particulares, cuando tenga conocimiento de hechos que pudieran implicar la comisión de un delito relacionado con daños al patrimonio de las entidades fiscalizadas; y promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades en que incurran servidores públicos o quienes dejaran de serlo en las entidades fiscalizadas;

Bien. El combate a la corrupción ha topado siempre con la Comisión de Fiscalización del Congreso Local, cuya función se pervirtió y politizó. Los informes de las cuentas públicas irregulares, datos o pruebas de peculados y otros ilícitos cometidos por funcionarios de todos los niveles de gobierno y de todos los colores, se guardan y negocian en petit comité, en lo obscurito.

Desde su creación la Comisión de marras nunca ha exigido el encarcelamiento de ningún funcionario corrupto y nunca ha  informado al Congreso Local y a la sociedad de las responsabilidades en que incurren quienes administran recursos en las entidades objeto de fiscalización y control.

No son pocos los casos en que obstaculiza las quejas o denuncias en contra de servidores públicos de las entidades fiscalizadas relativas al manejo de recursos financieros, materiales y humanos, y no las canaliza a la Auditoría Superior del Estado, para su debido seguimiento

Los costos políticos de la corrupción traban el ejercicio pleno de la democracia y el accionar de la propia Auditoría Superior del Estado, y daños económicos y sociales de los latrocinios son todo un obstáculo a la productividad, a la competitividad, a la inversión y, por tanto, al crecimiento.

La iniciativa de reformas  al  artículo  37 de  la  Constitución Política de Sinaloa tiene que ser aprobada porque así lo demanda el pueblo sinaloense, porque facilitaría el juicio penal y administrativo de gobernadores y alcaldes sinvergüenzas y porque forma parte del proyecto de  armonización  del Sistema Nacional Anticorrupción  para reforzar el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción.

Después de su virtual aprobación la Auditoría Superior del Estado tendrá un plazo de 90 días para que presente las modificaciones a la Ley de la propia Auditoría, para homologar las 7 leyes reglamentarias del Sistema Nacional Anticorrupción.

Sí. Los más inquietos con la reforma anticorrupción y la descalificación contra la ineficiente y corrupta Comisión de Fiscalización del Congreso Local son quienes viven de la política y de los negocios que alberga el ejercicio de gobierno.

Y la lista de vividores es muy larga…

Álvaro Aragón Ayala

Conductor del programa de radio Ruta Mexico y analista politico en Radio UAS, Diario de Sinaloa y Director Ejecutivo de Proyecto 3.