“Delitos graves”, ¿sólo los del narco?

El Observatorio Nacional de la Corrupción Galopante, Incesante e Impune (ONCGII) anuncia para Sinaloa, en octubre, el Cordonazo de San Francisco. La frágil barcaza en la que huyó Mario López Valdez puede ser alcanzada por la turbulenta marejada.

Sería, para Malova, un naufragio menor. El feroz oleaje podría romper los crestones de al menos cuatro presidenciables: Del priista Eruviel Ávila Villegas, del estado de México; del perredista Silvano Aureoles Conejo, de Michoacán; del híbrido Miguel Mancera Salazar, de la Ciudad de México, y del verde Manuel Velasco Coello, de Chiapas.

El frente marítimo sobre el que, desde el pasado 30 de mayo, “Protección Civil” encendió señales de alerta por la formación de depresiones tropicales con potencial de desarrollo ciclónico, se denomina Gasto federalizado.

De ese gran archipiélago, los islotes tienen, entre otras, las siguientes denominaciones: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, Aportaciones para la Salud, Aportaciones para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública, Salud como componente de Prospera,  Seguro Popular, etcétera.

Decir “protección civil” es sólo para seguir la onda de previsión del clima político. Se trata de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, que está mandando señales cautelares a ex gobernadores y gobernadores en activo.

Más de 115 mil millones de pesos hechos humo… y contando

Según la ASF, existen en la revisión de las cuentas públicas del gasto federal un acumulado de irregularidades contables no solventadas por más de 90 mil millones de pesos; a un  corte preliminar de la Cuenta Pública de 2016, el monto es de más de 25 mil millones de pesos: 115 mil millones de pesos que no se los llevó el viento.

De esta última compulsa brota pus en el manejo en 2016 de unos 10 mil millones de pesos. El ojo clínico está puesto en los estados de México (Ávila Villegas), Michoacán, de donde quiere irse en octubre Aureoles Conejo; el Veracruz que le heredó a Miguel Ángel Yunes Linares el esférico sonriente Javier Duarte de Ochoa, y Chiapas, de Velasco Coello.

En un cruce de diagnósticos contables le siguen la Ciudad de México (Mancera Salazar), Tamaulipas (del ex Egidio Torre Cantú) y Guerrero, todavía en manos de un tal señor Astudillo. En orden descendente están otros 23 estados, entre los que se encuentra Sinaloa.

En el estado de México, la ASF -sólo en 2016- detecta mano peluda en la operación opaca de más de tres mil millones de pesos, pero en pesquisas académicas (Centro de Investigación y Docencia Económicas) la cuenta oscura suma más de ocho mil millones de pesos en el sexenio.

Las indagatorias fiscalizadoras de la ASF tiene un factor correlativo: Aunque once de las 32 entidades federativas han reformado sus constituciones para taparle el ojo al macho, no han procesado y promulgado aún las leyes secundarias anticorrupción.

Deuda pública de los estados: 600 mil millones de pesos

Si utilizamos el factor espejo, respecto de la deuda pública federal, nos encontramos que los gobiernos de los estados, además de engullirse a la mala las participaciones federales, de la mano de sus respectivas legislaturas siguen disparando su deuda pública que, a marzo de 2017, ya ha rebasado un global de más de 600 mil millones de pesos.

Otra vez damos en ese denso escenario con los gemelos Ciudad de México-Estado de México. Entre Ávila Villegas y Mancera Salazar tienen un saldo negativo acumulado de 150 mil millones de pesos; equivalente al 25 por ciento del total de deuda pública de las 32 entidades de la República, según monitoreo de la Secretaría de Hacienda.

Si la incipiente Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a cuya observancia de comprometió hace un año la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) sirve para convenios y otras zarandaja mediáticas, ¿qué puede esperarse del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), cuyo círculo legal y operativo se niega a cerrar el Congreso de la Unión para ponerlo en acción?

La doctrina jurídica mexicana tipifica y penaliza como delitos graves aquellos que afectan “valores fundamentales de la sociedad”. Las últimas reformas a la justicia penal catalogan como delitos graves, a saber: homicidio doloso, violación, secuestro y actos contra la seguridad de la nación, etcétera, por los que los inculpados no tienen derecho a la libertad bajo caución.

La madre de todas las desviaciones

La madre de todas esas desviaciones, es la delincuencia organizada. Pero el sistema de procuración e impartición de justicia limita generalmente su aplicación al narco, si es que no a luchadores sociales que se resisten a perversos actos de autoridad. Sedición, puede ser el crimen por el que pueden ser remitidos a prisión esos “transgresores”,

El pillaje que con todas las agravantes cometen los gobernadores, que configuran delitos económicos en quebranto de la hacienda pública y semejan actos contra la seguridad de la nación, son una forma de delincuencia organizada (habida cuenta su orquestación casi deliberada), pero la Procuraduría General de la República, como está ocurriendo, sólo persigue a ex mandatarios que hicieron perder sus estados al partido en el gobierno.

Por eso estamos como estamos. Es cuanto.