Cuentas públicas: falso debate

La pequeña tormenta política/mediática desatada a partir de la inminente reforma del artículo 37 de la Constitución de Sinaloa es de naturaleza hechiza y sintética. Sus vórtices han sido forjados en el laboratorio de los intereses políticos de ocasión  (dícese, electorales) y en un conveniente, pero tramposo discurso políticamente correcto a favor de la transparencia y la rendición de cuentas del estado subnacional, en donde el periodismo objetivo ha dado paso al activismo mediático “ciudadano”, versión de última generación de las confusiones deontológicas disparadas por unos medios de comunicación que cada vez más enrarecen el entendimiento del respetable, en aras del cumplimiento de inconfesables intereses políticos y económicos.

Distintas voces se han dejado oír en la cacofonía mediática como una sinfonía atonal, sin ton y con mucho son. Y los que son y quieren ser aún más se han expresado así:

El diputado federal ” egodependiente” propietario del periódico Noroeste, en el diario de su propiedad declaró lo siguiente: “es algo inconcebible, muy extraño e inexplicable, porque esa es la esencia del poder legislativo (la discusión de cuentas publicas)  y están renunciando a ello”.

Clouthier miente de cabo a rabo: el poder legislativo, tanto local como federal, no tiene como esencia la aprobación o discusión de cuentas públicas. Que se entienda bien: el poder legislativo se justifica esencialmente en su labor de hacer leyes, decir lo contrario, no solo es una burrada, es una estupidez. Desde luego una de sus competencias sería la revisión de las cuentas públicas, pero su esencia no está allí, no nos confundamos.

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca, sostiene (hiperbólicamente digo yo), que de aprobarse la reforma los diputados renunciarían a su obligación constitucional de fiscalizar los recursos públicos, y Sinaloa transitaría hacía una monarquía absoluta o dictadura plena por parte del ejecutivo estatal. A mí me parece que la declaración del Senador entraña desmesura, porque aunque la reforma se concretice las demás facultades de la legislatura quedan incólumes. Y más que una monarquía absoluta, yo vería una democracia simulada, pero eso no es nuevo y el Senador la conoce al dedillo.

La reforma como yo la advierto no cancela la posibilidad de que cualquier diputado de oposición cuestione e impugne las cuentas públicas. Los documentos y las contabilidades públicas son de disposición y del dominio de los diputados. Al final de cuentas quien integrará los expedientes administrativos para efectos de sanciones ídem o penales es la Auditoría Superior del Estado atento a los nuevos criterios establecidos por la reforma constitucional que dio vida al Sistema Nacional Anticorrupción homologado o en vías de homologarse en las entidades de la República.

La experiencia en Sinaloa en tratándose de discusión abierta de las cuentas públicas no ha dado resultados prácticos para llevar a la justicia administrativa o penal a los ladrones políticos de cuello blanco. Cárdenas, ya fue diputado local y podría expresar su experiencia en este sentido. No por mucho discutir se obtienen los beneficios de la rendición y ajustes de cuentas.

El punto nodal es el fortalecimiento de las nuevas instituciones de control ( ASE y SNA y las nuevas facultades de los Tribunales Administrativos y las fiscalías Anticorrupción) cuyo trabajo debe de estar animado y orientado en la utilización de las herramientas técnicas de carácter contable que sean capaces de transparentar los hoyos negros en las contabilidades públicas y en el seguimiento de las “rutas críticas” del tránsito del dinero público a bolsillos privados, como en diverso artículo publicado en la revista Nexos explicó de forma brillante el doctor Luis Manuel Pérez de Acha y actual miembro del consejo ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción y a quien de forma inopinada descalificó Manuel Clouthier, sugiriendo (sin prueba alguna) que Pérez de Acha tendría conflictos de interés en su nueva responsabilidad. Si Clouthier es capaz de descalificar a su propio cuñado sin prueba alguna, está claro que no parará en mientes para seguir llevando agua a su molino con declaraciones sensacionalistas pero vacías de contenido.

No hay ninguna experiencia positiva en México y mucho menos en Sinaloa que las discusiones abiertas y en tribuna de las cuentas públicas hayan arrojado expedientes penales que hayan hecho posible el imperio de la ley, para abatir los niveles de corrupción que laceran las finanzas públicas en Sinaloa. Decir lo contrario es demagogia pura con efectos electorales y de simpatía social.  Además de que rayos sirve una discusión pública abierta cuando para su aprobación en las legislaturas pesa el voto mayoritario del grupo en el poder. Esa no debe de ser la nueva forma de procurar el cuidado de las finanzas públicas del gobierno estatal y los municipios.

A mayor abundamiento me permito transcribir parcialmente un artículo del reconocido periodista  José Cárdenas (07/07/17):

“Cochino hallazgo del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) al tratar de revisar las finanzas de los congresos de los estados de la República. El equipo encabezado por el doctor Juan Pardinas, revela que las cámaras de diputados locales son instituciones excesivamente burocráticas, ineficientes y sobre todo poco transparentes, que se resisten esclarecer sus proyectos presupuestales y el destino de sus gastos pese a que manejan cuantiosos recursos….aunque no existe certidumbre de corrupción en los congresos estatales, si hay evidencia de discrecionalidad y opacidad, que es la combinación perfecta  para la corrupción impune”

“Se trata de mecanismos de ingeniería financiera articulados en complicidad con la estructura gubernamental de cada entidad. Los gobiernos estatales no rinden cuentas ni son vigilados por el Poder Legislativo que actúan como comparsas, sin cuidar ni siquiera las formas, a cambio de carretadas de dinero para repartirlo de la manera más ‘conveniente’ a sus intereses, sin control ni pudor para que cada quien obtenga el mayor beneficio. Si las cámaras de diputados locales fueran contrapesos del poder ejecutivo, no tendríamos los delirios demenciales de corrupción que han gestado celebridades cleptocráticas, como Javier y Cesar Duarte, Roberto Borges y Guillermo Padres…..” Hasta aquí la cita.

En Sinaloa nunca hemos tenido un poder legislativo independiente, porque son parte de la red de complicidades. Los panistas que hoy se oponen a la reforma del artículo 37 (Roberto Cruz y Carlos Castaños et al) son los mismos que aplaudieron a rabiar el gobierno corrupto y corruptor de Malova, a quien le aprobaron todas las cuentas públicas (salvo la última), por más discusiones (bizantinas y de distracción mediática) que se hayan dado en el “pleno”. No es esta asamblea la que por sí sola va a transformar la realidad, porque como sostiene Juan Pardinas y Pepe Cárdenas, las legislaturas tienen un interés económico y político para “negociar prebendas” con el gobernador de turno y son los nuevos organismos autónomos de fiscalización y rendición de cuentas a los que les compete esta labor especializada, con el concierto y coadyuvancia de los diputados interesados en el cumplimiento de la justicia administrativa y Anticorrupción.

Una última pregunta: ¿cerradas y autorizadas las cuentas públicas por la comisión de diputados correspondiente y no por el pleno, se acaban las posibilidades de impugnación y las facultades de indagación y en su caso de sanción y propuestas de acciones penales por parte de la Auditoría Superior del Estado? La respuesta es un rotundo no. ¿Entonces por qué tanto grito estando el suelo tan parejo?

¡Con las elecciones hemos topado Sancho!