Cobro “mafioso” provoca revuelta de camioneros

Lo adelantó Proyecto 3: Acusación ante gobernador y director Haro

El crecimiento de la corrupción en Vialidad y Transportes gana terreno en dos vertientes, al denunciarse que llegó a Sinaloa el cobro de un “derecho de piso” que la mafia suele cobrar en sus paraísos fronterizos, para condicionar el trabajo de las alianzas de camioneros y de particulares. Al mismo tiempo, continúan vigentes los permisos a “piratas” y empresarios que pagan “moches” por lavar dinero en la actividad.

Los hechos confirman las denuncias publicadas en Proyecto 3, voces que rompen el silencio, sobre la corrupción que ha penetrado toda la estructura de la Dirección General de Vialidad y Transportes y que las actuales autoridades no combaten para continuar exprimiendo la ubre de las concesiones ilegales a cambio de “moches” claramente denunciados por alianzas de camioneros.

El director general de Vialidad y Transportes, Guillermo Damián Haro Millán, se tambalea en el cargo por defender tercamente a su asesor jurídico, José Luis Polo Palafox, acusado en su de cobrar “piso”, es decir un impuesto mafioso que se queda en manos de funcionarios para transitar por caminos y calles de Sinaloa.

Este hecho ocurrió en una reunión de Haro Millán y otros funcionarios con transportistas, concertada la semana anterior por instrucciones directas del gobernador Quirino Ordaz Coppel, a quien los aliancistas reclaman que no se han cumplido los compromisos que formalizaron con el ejecutivo en el mes de junio, en el tercer piso de palacio de gobierno.

Es una práctica corrupta peor que las del antecesor inmediato, Domingo Ramírez Armenta, solapado por el actual diputado local Jesús Antonio Marcial Liparoli.

La corrupción en esa dependencia estatal, reiteradamente señalada desde hace más de un año en este semanario, está a punto de hacer crisis con nuevas movilizaciones de protesta de las alianzas de camioneros que presionan para la cancelación de permisos a “piratas” y otros particulares mezclados en el lavado de dinero a través de la actividad del transporte.

ALIANCISTAS A DOS FUEGOS DE CORRUPCIÓN: GOBIERNO Y PIRATAS

El hartazgo de los concesionarios reconocidos llega al límite porque no aterrizan los compromisos que formalizaron en reunión con el gobernador Quirino Ordaz Coppel, cuya autoridad es abiertamente desafiada por funcionarios de distintos niveles, desde el subsecretario de Gobierno, Antonio Castañeda Verduzco y el director general de Vialidad, Guillermo Damián Haro Millán, hasta los operadores de los “moches”, el jurídico José Luis Polo Palafox y sus colaboradores de despacho.

Los camioneros acordaron el pasado fin de semana realizar diversas acciones de protesta, principalmente plantones y tomas de delegaciones de Vialidad y Transportes, por considerar que el director general Haro Millán se resiste a cumplir acuerdos del mandatario con dirigentes de las organizaciones de concesionarios.

En reunión de líderes camioneros con el director Haro, para tratar la queja reiterada -y sin resultados- en contra del cobro de piso y los “moches”, se hizo pública la confirmación de lo que aquí habíamos advertido repetidamente, sobre la colusión de una mafia dentro del gobierno del estado para seguir explotando el desorden que dejó la pasada administración, preservada por un grupo de funcionarios a fin de satisfacer apetitos que se escudan en el nuevo gobierno.

SOSPECHOSA PROTECCIÓN DEL DIRECTOR A UN JURÍDICO “EXTERNO”

En la nueva reunión de transportistas con las autoridades del estado, Haro Millán llegó a un extremo innecesario, por candidez o por involucramiento en la corrupción que cala hondo en la dependencia estatal.

Ya quedó consignado que se atrevió a desmentir a los dirigentes aliancistas que señalaban el cobro de piso de que son víctimas de parte de representantes del estado, con cuotas que en algunos llegan hasta 30 mil pesos mensuales. Por supuesto que ese dinero sucio no deja huella en documentos oficiales de Recaudación de Rentas. Es ganancia en un río muy revuelto desde el sexenio pasado.

Los camioneros no se anduvieron con rodeos ni contemplaciones, afectados severamente por el vacío de autoridad que los aqueja.

Un presidente de organización, Francisco Eduardo Astorga, presidente de la Alianza Río Zuaque, espetó sin tapujos ante el incrédulo director general:

“No es falso lo que decimos”. Ahí tiene, aseveró, a un lado suyo, al licenciado Polo Palafox que nos cobra hasta 30 mil pesos por dejarnos trabajar. Y también está el jurídico de la zona norte, Erick Morales, que nos exige el dinero cuando Polo debe atender otros asuntos en Culiacán.

Haro Medina quedó en evidencia por involucrarse, por ignorancia o complicidad con los explotadores del transporte. No se atrevió a salpicar culpas más arriba, como sí lo hacen los directamente afectados, que observan a Polo Palafox como un operador con línea de mando más arriba del nivel del director.

El compromiso forzado en esa reunión que terminó en careo que dejó mal parado al nominal jefe de Vialidad y Transportes, fue que en una semana debían notarse cambios, sobre todo, dejar de cobrar derecho de piso por las carreteras del estado, o si no, habría despidos al más alto nivel de esa área corrupta.

Esa “descobijada” que sufrió Haro tuvo raíz en el desespero de los camioneros, que hace un mes ya habían denunciado ante Quirino Ordaz el acoso de que son víctimas, sin ningún resultado. En plena movilización de la cosecha de maíz, los “piratas” arrebataron a las alianzas parte de las ganancias de la temporada más importante del año.

Agobiado por las evidencias y las acusaciones de los representantes aliancistas, Haro llegó a poner su “cabeza” como prenda. Afirmó que, si no había vuelta al orden en el plazo de una semana, renunciaba al cargo.

Para desespero del director, el “negocio” oscuro a sus espaldas o con su tolerancia, sigue adelante contra todo lo que se hayan acordado las partes confrontadas ante el mandatario.

De jueves a sábado anteriores no se apreció ninguna variante en la actuación de los funcionarios, por lo que se celebraron nuevos cabildeos de camioneros para tomar otras medidas de presión extremas, como la toma de oficinas de Transportes en el estado, con la consigna de que “al sordo hay que gritarle”, sin importar donde se encuentre.

POLO PALAFOX LLEGÓ AL GOBIERNO PARA COBRAR CUOTAS

Afirman transportistas que en los hechos se demuestra que el “asesor jurídico externo” de Vialidad y Transportes, José Luis Polo Palafox, llegó a la dependencia sólo para hacerse cargo de extender el problema de la corrupción que la actual administración encontró en esa estructura de gobierno.

Con una falsa intención de “regularizar” al transporte, primero en el de carga, se obliga a los concesionarios a cubrir una cuota “en lo corto” que les permita seguir prestando el servicio público.

Esos mismos “recaudadores” permiten el libre tránsito de piratas y particulares metidos a la actividad, que ya pagaron el respectivo “moche” de 8 mil pesos por permiso.

Los aliancistas son esquilmados por un motivo y los “independientes” o advenedizos, por otro muy distinto. Nadie escapa a la voracidad de los implacables recaudadores a las órdenes del asesor jurídico.