Propuesta histórica y disruptiva

La consulta presentada por el líder del Partido Sinaloense el ex rector de la UAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda, primero ante el Instituto Nacional Electoral y luego ante el Instituto Federal Electoral, con el objeto de que esa autoridad aclare o determine si un partido local puede válidamente  registrar candidatos  a diputados federales uninominales y senadores en la próxima contienda electoral en el 2018, abre una puerta de par en par, no solo para la discusión y resolución de la consulta presentada por esta formación política sinaloense,  sino para ampliar la discusión sobre la necesidad de acotar un centralismo cultural, económico y político, disfrazado de federalismo democrático, que ha convertido a los estados de la república en meros e irresponsables observadores de la vida pública nacional.

Enrique Peña Nieto en su desesperación derrotista está buscando castigar a los estados y sus gobernadores de la enorme crisis de seguridad y debacle económica (desviación de recursos federales)  que vive la nación, pero lo cierto es que su gobierno y su partido, el PRI, es corresponsable de las miserias y corrupción política descubierta a lo largo y ancho  de México; el gobierno federal ha actuado movido solo por la presión social, nada ha sido motu proprio.

Pero volvamos al PAS: La consulta de referencia tiene su fundamento en la reforma de la fracción segunda del artículo 35 constitucional publicada el 9 de agosto del 2012 y que tuvo por objetivo ampliar los derechos  políticos de los mexicanos dado que sentó las bases para hacer derecho vigente las candidaturas independientes y una mayor democratización de la vida pública nacional, ampliando la masa crítica de actores políticos. En este sentido, el representante del PAS en dicha consulta, sostiene que la interpretación del mencionado artículo 35 constitucional en su fracción segunda debe de interpretarse de una manera extensiva y no restrictiva, con apoyo en diversas jurisprudencias que así lo sostienen, de tal forma que el Partido Sinaloense, al igual que los “candidatos independientes”, tiene derecho a nominar sus candidatos a diputados federales y senadores en las elecciones concurrentes que se celebraran el año entrante.

A mayor abundamiento, el maestro Héctor Melesio Cuén Ojeda, sostiene que el artículo primero constitucional, establece los principios fundamentales de la igualdad y la equidad ante las leyes y que por tal motivo, negar que militantes del Partido Sinaloense tengan acceso a una candidatura federal, ya sea a la cámara de diputados o al senado de la república, violaría aquellos principios fundamentales  que informan a nuestra constitución mexicana, en desdoro ídem de los ejes rectores de la progresividad que en materia de derechos humanos están imbíbitos  en nuestra carta magna y en consideración también a las cláusulas internacionales del convencionalismo que México ha adoptado en el marco del derecho internacional.

A vuelo de pájaro y sin entrar en mayores consideraciones legales, la propuesta del Partido Sinaloense es disruptiva de un federalismo anquilosado y decadente. El control de la esfera federal sobre lo local, ha producido un centralismo en los hechos que ha hecho que el país crezca de una forma amorfa y desigual. La propuesta de Cuén Ojeda es en materia electoral y sus fundamentos constitucionales se observan sólidos y sin duda serán objeto de una interesante y conveniente disputa jurídica y política; la capacidad de Cuén Ojeda para liderar, socializar  e implantar esta idea entre los diversos actores y partidos políticos de los estados de la república le podría granjear un liderazgo nacional en la defensa de la soberanía de los estados y de la igualdad y equidad electoral.

El Partido Sinaloense podría abrir un sano y necesario debate sobre la desigualdad política, cultural y económica de las regiones con las instancias federales. No ignoró para nada, que desde el año 2000 a la fecha con la pérdida de la Presidencia priista, los gobernadores sin la camisa de fuerza presidencial, desbocaron los potros de la corrupción. Las evidencias allí están. Los Duarte, Roberto Borge, Andrés Granier, Malova, Guillermo Padres et al. Sin embargo, hay un asunto que a nuestra clase política pasa por alto: la necesidad de otorgar mayores facultades económicas y a la vez responsabilidad política a los estados de la república.

Me explico: las facultades económicas o fiscales de los estados son muy limitadas. En virtud del convenio de coordinación fiscal establecido con la federación los estados han renunciado a gravar actividades económicas de donde podrían obtener recursos directamente y no estar estirando la mano para que “papá gobierno federal” le transfiera los recursos correspondientes de acuerdo con las reglas proporcionales establecidas para la división equitativa del ingreso nacional entre los estados de la república, esto ha llevado a que los gobernadores, no tomen decisiones en el ámbito fiscal, que pudiesen lastimar su carrera política y una forma de estar eludiendo responsabilidades en virtud que todo ” es federal”.

Una reforma al artículo 73 de la constitución mexicana, donde se establecen las materias de exclusivo conocimiento federal  ( cámara de diputados ) es de urgente resolución, para sacar varias materias económicas de ese catalogó y entregárselas como potestad fiscal a los estados, logrando con ello un doble propósito: una mayor recaudación fiscal ( no habría intermediarios), produciendo además un incentivo a la eficiencia gubernamental local y generando una nueva dinámica de responsabilidad en el ejercicio político/económico de los gobernadores, que viven pretextando penurias en virtud de la lenta e injusta asignación de recursos federales.

Como colofón: a mí me parece que la propuesta del Partido Sinaloense, adicionalmente a lo antes expuesto tiene una virtud política: los diputados y senadores de las formaciones políticas nacionales, no votan los presupuestos, ni las leyes a conciencia. Ellos dependen de las camarillas que controlan las fracciones parlamentarias y los que pertenecen al partido en el poder, tienen aún mayores problemas para ejercer su libertad política por su sometimiento al pastor legislativo de turno y al Presidente de la Republica.

Los diputados y senadores de un partido local no dependerán de una estructura partidista nacional y mucho menos tendrían adscripción y sometimiento a los líderes parlamentarios o al presidente de la república, ya que en este caso, al igual que los legisladores independientes, representaran los intereses de los ciudadanos de sus respectivos estados y eso, lectores , ya es mucho decir.

Recordemos que el motivo detonador de la independencia de Estados Unidos de Inglaterra, fue en base a la exigencia de: “no taxation, with out representation” (no impuestos sin representación política), porque los colonos originales pagaban impuestos a la corona Inglesa pero no tenían representantes en las cámaras del Imperio Británico.

Por lo que haciendo una analogía histórica comparada me atrevería a preguntar: ¿qué representación tendrían en las cámaras federales 260 mil sinaloenses votantes del PAS que se pronunciaron en el pasado proceso electoral local por este partido local?

Por lo pronto, la pelota está en el INE y en el Tribunal Federal Electoral y su resolución, de suyo difícil, podría marcar el inicio de una rica discusión sobre nuestro endeble federalismo ¿Feudos, Estados Autónomos con responsabilidades y potestades propias o vasallos /vástagos del omnímodo poder federal?