Olímpico deslinde de auditorías y demandas

Destapan la “caja de pandora”….

¿Dónde quedó la bolita, dónde quedó? Conforme avanza el tiempo y se acerca la revisión de la cuenta del segundo semestre del 2016 -últimos 6 meses del gobierno de Mario López Valdez- se vuelve más difícil encontrar el hilo de la madeja de la pasada corrupción sexenal.
Todo se vuelve un galimatías. Incluso los documentos comprometedores “se vuelven ojo de hormiga”.
Al gobernador Quirino Ordaz Coppel le falta un equipo de colaboradores realmente interesados en ir a fondo en el combate a la corrupción, pero “por razones políticas”, por el clásico hoy por ti mañana por mí, en materia de indagatorias de peculados y otros desfalcos nadie quiere meter las manos para apoyar al mandatario estatal.
Más aún: algunos ni les interesa tocar el tema de la corrupción malovista porque se consideran que van de paso y que abandonarán el barco a más tardar en marzo del 2018 para irse en busca de candidaturas a alcaldías, diputaciones locales y federales.
Precisamos en la anterior edición de Proyecto 3:
“La ASF, sin necesidad de aplicar sopletes autógenos, está abriendo la ‘Caja negra de Malova’, dicen los quirinistas, y ha descubierto otra caja: La de Pandora, que estaría llena de desagradables sorpresas gracias a los administradores del gobierno de Sinaloa en el periodo analizado…
Pongámosle nombre a algunos usos comunes en los procesos de la ASF: Recomendaciones (32), procedimientos de responsabilidad administrativa, que  implican simulación en los reportes contables (38) y pliegos sancionatorios (32). Se refieren a la administración de López Valdez…
De acuerdo a información otorgada a Proyecto 3 por personal de la súper-subsecretaría de Gobierno, en la que despacha Antonio -Tony- Castañeda, ya han surgido siete denuncias penales interpuestas ante la Procuraduría General de la República (PGR), a raíz de los procesos de fiscalización de la ASF.
A los preceptos contables, se suman -dijeron los empleados de la Subsecretaría de Gobierno- dos administrativos que marcan la gestión de la hacienda pública sinaloense: La discrecionalidad y falsos reintegros de recursos no ejercidos. O supuestos pagos de deuda pública estatal, reportados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en lo que toca a las participaciones federales.
Aunque el actual seguimiento del gasto federal (que incluye el concepto de gasto federalizado, el que se extiende a las entidades estatales) viene desde 2012, los datos más consultados ahora son los de la Cuenta Pública de 2015.
En ese punto es donde la Auditoría Superior de la Federación encuentra en la gestión de López Valdez un acumulado de unos tres mil 728 millones de pesos de gasto sospechoso, desviado o, de plano, robado, según los quirinistas.
En seguridad pública, Educación y Salud se encuentran, de entrada, 507 millones de pesos ‘de aplicación irregular’, según el eufemismo fiscalizador.
Se profundiza la mirada del auditor y se hallan, según personal de ‘Tony’ Castañeda, ‘inconsistencias’ por 645 millones de pesos en el gasto de Educación y Salud.
El subsecretario de gobierno, Antonio –Tony- Castañeda Verduzco, dijo que “no está enterado” ni de las auditorías ni de las demandas de la PGR. “Esa información ni yo la conocía”.
“Seguramente quien proporcionó la información (a Proyecto 3) desconoce las funciones de esta secretaría en la que no tenemos absolutamente nada que ver con auditorías y demandas”, puntualizó.
No hay nada de que espantarse. El que nada debe nada teme. La información salió de la subsecretaría de una “fuente confidencial”, que efectivamente nada tiene que ver ni con auditorías ni demandas, pero que está enterada del tejemaneje del curso que siguen las demandas, en un escenario donde prevalece el interés de que “desaparezcan”.
El asunto publicado por Proyecto 3 no es de carácter estatal. Son querellas de orden federal.
El seguimiento de estas demandas  le corresponden a María Guadalupe Yan Rubio, titular de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, quien tiene a su cargo 68 empleados de lo que parece ser una de las principales “agencias de colocaciones” de militantes del PAN y del PRI, todo un aparato burocrático que devora el presupuesto estatal sin resultados a la vista.
De las demandas contra personal de Malova no hay reportes en la Fiscalía General del Estado y la Comisión de Fiscalización del Congreso del Congreso del Estado opera con la etiqueta “de la espera” del resultado de la comprobación de las cuentas públicas del primer semestre del gobierno malovista.
En la Auditoría Superior del Estado las irregularidades se cubren incluso con facturas de “empresas fantasmas” ¿dónde entonces quedó la bolita, dónde quedó? Nadie sabe y nadie supo. Y ya está encima la fecha para revisar el segundo semestre, los ultimos 6 meses del gobierno de Mario López Valdez.

Álvaro Aragón Ayala

Conductor del programa de radio Ruta Mexico y analista politico en Radio UAS, Diario de Sinaloa y Director Ejecutivo de Proyecto 3.