General Salvador Cienfuegos: ¡Primera llamada!

A la canalla que detenta la cleptómana partidocracia en México le ciegan la estupidez y la soberbia. Todavía no cae en cuenta que, como diría el clásico, ha venido tejiendo la soga con la que será ahorcada.

Desde hace tiempo, la Presidencia de México ha sido devaluada, el sistema de partidos cruje, desvencijado por la ambición y la miopía de sus tribus y sectas; el partido en el gobierno está reducido a una camarilla tripulada torpemente desde Los Pinos, los árbitros electorales están cooptados y envilecidos por los mismos que los nombraron y el llano mexicano está en llamas.

Enrique Peña Nieto -sus últimas apariciones en las pantallas televisivas lo retratan ya como piltrafa humana-, representa a la perfección un diagnóstico siquiátrico que establece que la dignidad de un cargo de Estado no dota en automático a quien es designado, de las virtudes y capacidades para su eficaz desempeño.

Los sedicentes dirigentes de los partidos políticos llegaron a sus funciones burocráticas sin cruzar por los territorios de la democracia verdadera. Su ascenso lo lograron sobre el exterminio de mentores y compañeros de heroicas luchas por cambiar el estado de cosas que humilla al pueblo al que dicen representar, o son abyectos servidores de quien, desde lo alto, dirigió su dedo para hacerlos responsables de una función en la que cayeron víctimas del Principio de Peter.

Verbigracia: El jefe del PRI, Enrique Ochoa Reza, incluye en su currículum su supuesta militancia en el tricolor desde los 19 años. Sin embargo, hace siete años, cuando pretendía ser consejero electoral del IFE, no escuchó tres veces el canto del gallo: Declaró que no tenía vínculos partidarios.

En todo caso, tiempo antes de arribar a la presidencia nacional del PRI, la  fuente de ingresos de Ochoa Reza era la de ruletero de cuello blanco. Explotaba una flotilla de 50 taxis que el gobierno de la Ciudad de México, hasta hace poco, incluía entre las organizaciones piratas del transporte público.

Los consejeros y magistrados electorales federales tienen tatuado el estigma de haber llegado a sus encargos al través de bastardos acuerdos de los partidos políticos en la Cámara de Diputados y el Senado de la República.

En términos de una crisis de Estado, como la que atraviesa a México, la sentencia política y filosófica establece que, cuando un gobierno muere, no se requiere la autopsia: Murió por suicidio.

Sobre la hipótesis del Estado Fallido

Dicho en los viejos libros, los dioses ciegan a los que quieren perder.

La advertencia no es asunto de ocasión. Los manes internacionales y las conciencias lúcidas que aún existen en este ofendido país, coinciden en que, el de México, es un Estado fallido.

Que lo digan los detractores del gobierno de la República, es una cuestión que se da por descontada: La lucha de los contrarios autoriza a desprestigiar a partidos y hombres que están en el poder a fin de suplirlos. La regla es de suma cero: Todo lo que pierde uno, se abona en el haber del otro.

Es el eterno y deprimente espectáculo que ofrece toda democracia. Si es “representativa”, como la de México, lo cínico y grotesco se eleva al cubo.

Que lo del Estado fallido lo acusen los beligerantes de la casa de enfrente, es una cosa.

Otra cosa, de suyo grave, es que la evaluación negativa del desempeño de la autoridad civil la asuman los propios subordinados.

Por esas cosas tan absurdas de la vida política en México, el jefe del Ejecutivo federal, entre sus facultades metaconstitucionales, tiene el rango de Comandante Supremo de las Fuerzas armadas.

Al mando del Comandante Supremo deben disciplina institucional los miembros del Ejército y de la Marina Armada.

Es llegada la hora de una “nueva revolución”.

Sin embargo, desde que esas instituciones -cuya misión está claramente especificada por la Constitución- fueron embrocadas en el combate al narcotráfico y tareas de Seguridad Pública, de la que deben ser responsables corporaciones civiles, es palpable el descontento de algunos segmentos de la oficialidad media y alta de las instituciones armadas.

Una voz que debe ser escuchada juiciosamente por la burocracia civil que detenta el poder supremo en México, es la del general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda.

De un tiempo para acá, particularmente cuando partidas militares han sido víctimas de emboscadas con víctimas mortales, el general Cienfuegos ha expresado públicamente su irritación frente a las omisiones del gobierno federal,  de los estados y del Congreso de la Unión.

Es el argumento esgrimido por el jefe del Ejército para exigir la reglamentación del artículo 29 de la Constitución sobre la declaración del estado de excepción para suspender las garantías individuales: La Ley de Seguridad Interior.

Con la paciencia de las Fuerzas Armadas no se juega. Eso, no obstante, pretenden hacer los del poder civil.

Hace algunas semanas, el general Cienfuegos Cepedas empleó una especie de retruécano al anunciar que es llegada la hora de una nueva revolución. La intencionalidad no quedó despejada cuando acotó el secretario de la Defensa… “con las armas de la educación, la cultura, las artes…”.

El pasado 23 de junio, el propio general Cienfuegos, desde su atalaya, oteó peligros para la democracia en México.

Lo trascribimos con sus propias palabras al referirse al Sistema Nacional Anticorrupción. La aplicación de este esquema, dijo, precisa y contundente, permitirá enfrentar la corrupción que ha dañado a nuestra sociedad.

Emplazó enérgico a fortalecer la cultura de la legalidad, de la transparencia y la rendición de cuentas en todas las instituciones de la República: “Estamos obligados a preservar el México donde la ley impere, la corrupción se erradique y la impunidad se destierre”.

El adusto militar mentó la soga en casa del ahorcado. Entre sus escuchas estaba la ex procuradora general de la República, Arely Gómez, ahora titular de la Secretaría de la Función Pública, instancia que ha sido omisa desde su creación en la detección, persecución y castigo a funcionarios de gobierno transgresores de la norma, e imputados de actos de corrupción.

¿Qué respondió Arely Gómez? La corrupción es un flagelo que lesiona y deteriora la capacidad de las instituciones, así como la confianza en los gobiernos y los servidores públicos. Y siguió tan campante.

Sin humor tremendista, en el marco de una incierta sucesión presidencial marcada por el vacío de poder, la voz del general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, debe tomarse como una primera llamada. La paciencia de las fuerzas armadas tiene un límite. Y dígalo que yo lo dije. Es cuanto.