Flo, “delincuente ambiental”

La obra no es una planta de amoniaco junto al mar: es un extenso complejo petroquímico de alta contaminación

Francisco Labastida Ochoa es considerado por defensores de la zona protegida de la bahía de Topolobampo un “delincuente ambiental”, con al menos siete delitos comprobados, cubiertos con el manto de la impunidad generalizada en el paraíso de la corrupción que es México.
Traspuesto el Día Mundial del Medio Ambiente, la celebración en Sinaloa resultó una farsa, ya que no fue suficiente para mover la conciencia de las autoridades responsables del equilibrio ecológico a fin de frenar definitivamente el proyecto, entendiendo que la resistencia es contra la ubicación de la industria, no por el proyecto en sí mismo.
La amenaza para el amenazado ecosistema de Sinaloa, el noveno en importancia en el mundo, es mayor de lo que se conoce hasta el momento, porque los planes del ex candidato presidencial del PRI y ex gobernador del estado, en sociedad con el magnate del atún, Eduvigildo “Leovi” Carranza Beltrán, consiste en instalar un complejo petroquímico cinco veces mayor que la fábrica de amoniaco anunciada por los influyentes inversionistas.
Labastida promueve la obra de su vida para acaparar el mercado nacional de fertilizantes y ser proveedor de productos derivados del petróleo dentro y fuera del país, aunque tenga que desaparecer la zona protegida Ramsar y aplastar la resistencia de expertos ambientalistas que denuncian el atentado contra el humedal que sustenta la actividad pesquera de Topolobampo y el santuario de biodiversidad incluido en el convenio internacional que el país está obligado a respetar.
Una mafia de intereses que se complementan alienta el megaproyecto industrial de alta contaminación, fuertemente respaldado por secretarios de estado y el silencio complaciente del gobierno del estado.
La oposición del grupo de ciudadanos sinaloenses que gestionó el amparo contra la obra contaminante, no objeta la fábrica ni lo que genere después, con el complejo petroquímico. Se opone a su actual localización, junto al mar y dentro del perímetro federal intocable, en una ubicación elegida por capricho e intereses inmobiliarios de socios de Labastida.
Ni un metro de humedal puede ser vendido y menos aun escriturado, como ocurre con total desfachatez y corrupción del notariado en este caso.
La industria y el empleo que genere no pueden pagarse con la depredación de la bahía de Ohuira-Topolobampo-Santa María, sólo porque así compran tierras y, el peor delito, una parte del humedal, sólo para que un político protegido de FLO, Rubén Félix Hays y familiares, ganen con el trasiego inmobiliario más de 100 millones de pesos.
REPRIMEN LAS OPINIONES TÉCNICAS CONTRARIAS AL PLAN DE FLO
Los secretarios del Medio Ambiente, Rafael Pacchiano Alamán; su procurador ambientalista, Guillermo Haro Belchez; de Energía, Pedro Joaquín Coldwell; el ex gobernador Mario López Valdez, y el secretario de Desarrollo Económico de Sinaloa, Javier Lizárraga, han levantado una fuerza que reprime a los ambientalistas que advierten el alto costo social y de seguridad que representa la ambición de los impulsores del proyecto.
Dentro de la SEMARNAT, Pacchiano marcó la línea de que el complejo industrial debe pasar sobre el amparo judicial que frenó la obra y las consideraciones ecológicas de los expertos, incluso dentro de las instituciones de gobierno y de la propia secretaría.
Semejante atrocidad jurídica encaminada a darle gusto a Labastida aunque México enfrente problemas externos por no respetar el convenio internacional que reglamenta las zonas naturales protegidas.
El titular de la Procuraduría Federal para la Protección del Ambiente (PROFEPA), Guillermo Haro Belchez, entró en contradicciones al emitir un boletín de prensa indicando que la planta de amoniaco no afecta el área de reserva ecológica, sólo para admitir después, sin tanta difusión oficial, que los técnicos tienen razón.
Organismos ambientalistas privados, como ProEsteros, han defendido la zona Ramsar de Topolobampo, sufriendo consecuencias por disentir de los planes de la fábrica de amoniaco.
LOS SIETE DELITOS AMBIENTALES QUE PESAN SOBRE LABASTIDA
Una resolución de la Dirección General de Impacto y y Riesgo Ambiental de la Subsecretaría de de Protección al Ambiente, ya determinó los efectos de la factoría sobre la zona protegida.
Dentro del resolutivo destacan aspectos que configuran los siete delitos ambientales de que puede responsabilizarse a Labastida Ochoa:
1 Existe remoción y eliminación de mangle, señalando claramente las áreas afectadas, comprobándose que “quien desarrolla el proyecto planta de amoniaco incumple con los expresado y ordenado” en una resolución previa de la mencionada dirección general, invocando el contenido de la Ley General de Vida Silvestre.
2 El mismo documento de la DGIRA, número 03576, dice que “en la visita técnica se comprobó que diversas especies que anidan en La Isla de los Patos acuden al espejo de agua que se encuentra en la zona del proyecto para alimentarse, contándose en un periodo de 4 horas la concurrencia de más de 300 aves. Por lo tanto, la zona del proyecto sí tiene una interacción directa con las aves que anidan en esa laguna”.
3 Miente el promovente de la obra, que admite sólo son afectadas tres especies de aves, ya que en la verificación de campo se comprobó perjuicio para al menos seis especies: pelicano pardo, garzón cenizo, sula pies azules, fragata común, gaviota ploma/oscura y ostrero blanquinegro.
4 Es evidente que hay dolo en la aseveración del promovente que asegura que no se realizarán obras sobre el mangla ni se afectarán los flujos hacia los cuerpos de manglares cercanos, al quedar constatado en el terreno que “se realizaron canales de desecación del espejo de agua (humedal), inclusive desde fechas anteriores… ”.
5 También se demostró que mintió al señalar que el proyecto no afecta terrenos forestales o preferentemente forestales y que en la construcción no se perjudicarán individuos del manglar, porque la dirección general constató “la destrucción y eliminación de vegetación de dunas y mangle dentro de la zona, sobre todo donde se realiza el relleno”.
6 Otra falsedad en que incurrió la parte interesada (Labastida) es que el proyecto no tendrá influencia directa sobre todos los componentes ambientales, ya que el proyecto tendrá impacto o influencia directa mucho más allá de los tres kilómetros a la redonda que menciona. En realidad, sostiene el documento que mencionamos, “tendrá un impacto regional”, es decir, hasta más allá de la bahía y de la zona protegida.
7 Con la colusión del gobierno del estado y del municipio de Ahome, se aseguró irresponsablemente que el proyecto puede ser autorizado si no se realiza la remoción del manglar. La verificación demostró “la remoción y eliminación del mangle por el desarrollo de dicho proyecto, por lo cual los órganos de gobierno referidos pueden objetar e inclusive detener las obras hasta ahora realizadas… debido al incumplimiento de la resolución de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental”. Obviamente, los intereses políticos de Javier Lizárraga y su relación con Carranza Beltrán no permiten actuar en el sentido correcto.
DAÑOS A LA ECONOMÍA DE LA POBLACIÓN PESQUERA
En su parte final, el resolutivo reconoce:
“… es necesario establecer que la sociedad que habita cerca de la zona del proyecto será la primera en carecer los importantes servicios ambientales que la vegetación de dunas y mangle que fueron removidos les proveía a través de la crianza y sostenimiento de diversas especies en sus etapas iniciales, ya que una gran parte de esa sociedad se dedica a la pesca en la zona de la bahía de Ohuira, así como el naciente ecoturismo, el cual se encuentra en su etapa de desarrollo y fomento”.
Estas son las evidencias claras, contundentes, sobre la responsabilidad de los desarrolladores del complejo petroquímico, seguramente necesario para Sinaloa, pero que puede encontrar otros sitios para su asentamiento sin perjudicar el medio ambiente, las actividades económicas tradicionales de la zona y la seguridad de sus habitantes.