De fiesta cívica a guerra electoral

Campañas más limpias y menos onerosas, propone Quirino 

Quirino Ordaz Coppel propone establecer garantías legales para prevenir y sancionar las práctica insanas que convierten los procesos electorales en auténticas guerras sucias, durante las que puntualmente se convierte en el peor enemigo al adversario y se polariza al extremo el ambiente político.
La propuesta del gobernador de Sinaloa incluye la posibilidad de anular comicios cuando alrededor del mismo exista un ambiente de calumnias, ofensas e injuria en contra de alguno o algunos de los contendientes.
Atiende el hartazgo y el reclamo de una sociedad harta del dispendio y de presenciar confrontaciones bajunas que en nada contribuyen a mejorar el estado de cosas de su ciudad o su comunidad.
Propone a la LXII Legislatura reducir de 60 a45 días la duración de las campañas de los candidatos a la gubernatura, y de 45 a 30 las de los aspirantes a las alcaldías, a síndicos procuradores, regidores y diputados locales.
Los periodos de precampañas no deberán rebasar las dos terceras partes del tiempo oficial de las campañas oficiales: no más de 30 días de proselitismo en el caso de los candidatos a gobernador, ni más de 20 días de precampaña de los aspirantes a las alcaldías, a síndico procurador, diputados locales y regidores.
Las iniciativas del Ejecutivo plantean la necesidad de disminuir en 35% la aportación de dinero público del gobierno del estado a los partidos políticos en años no electorales, con lo que la administración estatal estima ahorrar alrededor de 33 millones de pesos anuales que bien podrían invertirse en otras cosas urgentes.
Considera que los avances de la tecnología de permiten la transmisión y recepción rápida y eficaz de la propaganda de los candidatos, incluyendo a los independientes.
Califica como pertinente prohibir la colocación de propaganda en los autobuses y camiones de carga del servicio público y, como ya lo prevé la ley correspondiente, en cualquier espacio de la infraestructura urbana.
Previo a la formulación de estas dos nuevas iniciativas que pretenden reformar diversos artículos de las leyes de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana, el Ejecutivo había solicitado al Congreso reducir el número de diputados locales y de regidores en los 18 municipios, lo cual fue aprobado por los diputados.
Las propuestas del gobernador, dígase sin tapujos, corresponden fielmente a lo que los ciudadanos hemos exigido una y otra vez: que se acabe el derroche de dinero, los golpes bajos y la manipulación de la información, lo que sucede –paradójicamente- bajo el patrocinio del mismo Estado, que financia a los partidos por mandato de las leyes vigentes.
Invariablemente, el ambiente social del distrito, del municipio, del estado o de la nación, se polariza al extremo y retrocede el proceso democrático.
Lo que debiera ser una fiesta cívica auténtica se transforma en una guerra verdadera.
En Sinaloa, como en todo México, el común denominador de estas jornadas ha sido que los candidatos y sus partidos entren a las contiendas dispuestos a ganar a cualquier costo, aunque éste sea el destrozo de la fama pública de sus contrincantes.
Así, las reglas democráticas no soportan ni siquiera pocos días.
Los códigos de ética son arrolladas por los arroyos de lodo que inundan todos los espacios.
Las reglas son burladas y el desarrollo del proceso queda al garete.
La autoridad electoral queda anulada.
A las ambiciones de los candidatos se agrega la belicosidad  de sus asesores y estrategas, quienes  hacen de las campañas auténticas guerras durante las cuales muere la cortesía cívica y política. No hay tregua.
El objetivo central, único, es masacrar a los contrarios hasta que queden inertes.
Esta es, invariablemente, la película electoral mexicana y local.
Al paso de las décadas y los siglos, sólo cambiar los actores y, ligeramente, los guiones.
El 2018, para propios y extraños, se ve complejo.
Para algunos, será un momento de alto riesgo debido a que el nivel de hartazgo social es alto.
Además de competido, el proceso  federal próximo para elegir al sucesor del presidente Enrique Peña Nieto, desde la óptica del pesimismo, se anuncia como una conflagración inédita con resultados impredecibles.
El mismo 2018, Sinaloa tendrá sus elecciones para renovar los ayuntamientos y el propio Congreso del Estado.
Las modificaciones a las leyes electorales propuestas por el Ejecutivo bien pueden contribuir a la celebración de campañas más limpias y amigables con el medio ambiente, así como de mayor respeto entre los adversarios.
Ojalá así sea.
De por sí, los sinaloenses cargamos ya sobre nuestras cabezas y hombros una carga ominosa a la que lo menos deseable es agregar un disturbio electoral incontrolable.