Cita la Procuraduría capitalina a declarar a López Dóriga

El próximo 20 de junio el conductor Joaquín López Dóriga deberá presentarse en calidad de “testigo” ante la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para rendir su declaración en la demanda que interpuso la inmobiliaria Abilia, propiedad de la empresaria María Asunción Aramburuzabala, en contra del personal de la Secretaría de Protección capitalina por haber clausurado la obra de la calle Rubén Darío 225, en 2015.

Será la primera vez que el ex conductor del noticiario estelar de Televisa se presente a las oficinas de la procuraduría capitalina para declarar, junto con otros vecinos del inmueble ubicado en la calle Rubén Darío 223, en la larga batalla en tribunales que la empresaria Aramburuzabala emprendió en contra de él, de su esposa Teresa Adriana Pérez Romo, de otros representantes vecinales y del abogado Mario Alberto Pocoroba por el presunto intento de extorsión.

El juicio de la empresa Abilia en contra del personal de Protección Civil capitalina es uno de los tres que están pendientes en los tribunales de la Ciudad de México desde 2015: uno por la tentativa de extorsión; otro por abuso de autoridad del INVEA al clausurar la obra inmobiliaria; y este tercero en contra de Protección Civil.

En este caso, según explicó el abogado Javier Coello, se trata de una victoria jurídica para la empresaria Aramburuzabala ya que la misma procuraduría capitalina había considerado como “ociosos e irrelevantes” los testimonios de los vecinos y determinó en agosto de 2016 el “no ejercicio de la acción penal”, en el caso de la demanda por intento de extorsión.

A pesar de que el pasado 31 de enero de este año, Aramburuzabala ganó el amparo ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México, la esposa de López Dóriga y otros coacusados (Gabriela Torres, Paloma Baños, Mario Alberto Pocoroba y Erika Mendoza) interpusieron un recurso de revisión para frenar la posibilidad de que declaren los vecinos.

Sin embargo, los abogados de Aramburuzabala lograron que la misma procuraduría los cite a declarar en calidad de “testigos” en el otro expediente en contra de los funcionarios de Protección Civil.

En este caso se busca constatar quién fue el sujeto que interpuso las denuncias ante Protección Civil por presuntas violaciones en la construcción del desarrollo inmobiliario de Rubén Darío 225 y “cuáles fueron los fundamentos y razones por las cuales se inició el procedimiento administrativo que dio origen al operativo reclamado y a la suspensión temporal de la obra”, según explicó el abogado Coello.

López Dóriga, Juez y Parte

La batalla entre la heredera del emporio de la Cervecería Modelo y el ex conductor de Televisa se hizo pública hace dos años cuando los abogados de Aramburuzabala interpusieron una demanda por intento de extorsión en contra de los probables responsables de pedir un pago de 5 millones de dólares, más 600 mil dólares por pago de honorarios al abogado Mario Becerra Pocoroba.

El litigio inició como un aparente conflicto vecinal entre los representantes del Comité Ciudadano de Bosque de Chapultepec, así como los propietarios de departamentos del edificio contiguo de Rubén Darío 223, en contra de la inmobiliaria Abilia que en el predio Rubén Darío 225 realiza un gran desarrollo inmobiliario con 122 departamentos en una de las zonas de mayor plusvalía en la Ciudad de México.

Desde el inicio del conflicto, el matrimonio López Dóriga-Pérez Romo estuvo involucrado, ya que son propietarios de un departamento en el complejo Rubén Darío 223 y hablaron a nombre de todos los vecinos sin contar con la plena anuencia de todos.

El mismo López Dóriga dio cobertura al tema en su noticiario en Radio Fórmula. El 8 de junio de 2015, López Dóriga entrevistó durante 15 minutos a Gabriela Torres, representante del Comité Ciudadano del Bosque de Chapultepec.

Después de cuestionar la opacidad en el ejercicio de los 45.3 millones de pesos que el gobierno de Miguel Angel Mancera recaudó en 2014 por los parquímetros en la colonia Polanco,  Gabriela Torres abordó  “un caso particular” que beneficia a los desarrolladores inmobiliarios.

“-¿Cuál es este caso particular? –preguntó López Dóriga.

“-Está sobre la calle de Rubén Darío y es particular desde muchos puntos de vista porque esta autorización se dio sobre la base de una excepción a la ley de 1992 que es y nos lo han dicho abogados, vecinos y muchas autoridades del DF de que se tiene que reconsiderar esos permisos, además de que el expediente contiene muchas irregularidades.

“-¿Qué ha pasado aquí?

“-Todo ocurre por años. Los vecinos tenemos más de un año peleando este caso y simplemente nos ponen mesas y mesas de trabajo, reuniones cada ocho días, he estado en cientos de reuniones, y siempre nos dicen que van a estudiar, que el expediente es muy largo, que es muy complejo. Al día de hoy, Joaquín, 8 de junio, no tengo una respuesta. Y a mí se me había prometido una respuesta el día de ayer y no la tengo.

“-Pero sí tienes un rechazo de la Seduvi.

“-Sí, muchos.

“-Pero esta carta que me muestras…

“-Recurrí por el apoyo de los 10 coordinadores vecinales de Polanco y recurrí al Tribunal de lo Contencioso para decirles que este caso no es de una colonia en particular sino de todo Polanco. Todos los coordinadores quieren frenarlo. Metimos una carta al tribunal y aceptó la carta como prueba y resulta que Seduvi le pidió que deseche esa carta. Seduvi lo que pide es que a los vecinos no nos hagan caso.

-“De nuevo tendremos que recurrir a Miguel Angel Mancera para que fije una posición sobre este caso…Bonita autoridad. El tema de esto es que se convierte en una respuesta sospechosa”, editorializó López Dóriga.

“La Seduvi, la autoridad siempre se pone del lado de los ricos. Punto. La justicia siempre es de los ricos”, expresó indignado López Dóriga en aquella emisión.

Los Juicios y el Intento de Extorsión

Después de esta entrevista, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y 10 vecinos encabezados por la esposa de López Dóriga y Gabriela Torres interpusieron juicios de lesividad para interrumpir la obra. La autoridad capitalina puso sellos de clausura.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo falló a favor de la empresa Abilia y el 24 de septiembre de 2015 la Conserjería Jurídica del Gobierno del Distrito Federal afirmó mediante un comunicado que acataría la resolución. Y se levantaron los sellos de clausura.

Días antes se reveló un video donde se escucha el presunto intento de extorsión por 5 millones de dólares “y la reconstrucción de aproximadamente la mitad de las banquetas de la colonia Polanco y sus luminarias”, protagonizado por el abogado Becerra Pocoroba en las oficinas de la inmobiliaria Abilia, a cambio de que cesen los juicios de lesividad. El también ex diputado federal panista habló a nombre de Gabriela Torres y de Adriana Pérez Romo López Dóriga.

Aramburuzabala interpuso una denuncia contra estos personajes y afirmó que estaba dispuesta a mantener el litigio en tribunales por dos años más si fuera necesario porque “se trata de una batalla contra el mal uso del poder y de la corrupción de un conductor para enriquecerse, para extorsionar”.

López Dóriga es propietario de varios bienes inmuebles en Polanco. De acuerdo con los datos del Registro Público de la Propiedad, él y su esposa son propietarios de 6 departamentos en el Club de Golf Bosques, cuatro de ellos a nombre de Adriana Pérez Romo, otro a nombre del conductor y un sexto a nombre de la hija Adriana López Dóriga Pérez Romo.

En Polanco es propietario de un predio en Lamartine 204 que le “vendió” a Astron Publicidad, cuya apoderada legal es su esposa; en la colonia Lomas de Chapultepec es propietario de una oficina en Acueducto No. 28, y el departamento A-8, en la calle Rubén Darío 223, justo al lado del desarrollo inmobiliario de Aramburuzabala.