Víctimas inocentes en cárceles de Sinaloa

Menores de 4 años también en prisión 

En Sinaloa hay víctimas invisibles del delito que son escondidos en la fachada de un discurso institucional, que se niega a reconocer los derechos de menores de edad que se encuentran recluidos en las cárceles sin ofrecerles ayuda jurídica, psicológica ni de reinserción social.
Se trata de diez niños menores de cuatro años que viven y conviven con habitantes de los sistemas carcelarios de la entidad porque, sin haber cometido ningún delito, vieron la luz primera de su vida, pero viven el pecado de no ser vistos por las instituciones de atención a las personas vulnerables y dentro de los penales carecen de alimentación adecuada, vestido, pañales, medicamentos y atención pediátrica.
En los penales hay personal que se encarga de la salud física y psicológica para personas mayores de edad, pero se carece de estrategias para solventar la convivencia entre familiares y los menores de edad. En suma no hay instalaciones que permitan mejorar la calidad de vida de los niños que fueron procreados en condiciones impropias para un normal desarrollo humano.
Las convenciones internacionales sobre los derechos del niño, el menor y la familia en Sinaloa tienen carácter de letra muerta porque no han aterrizado en la práctica los programas para la creación de instalaciones donde las madres que se encuentran recluidas convivan con sus hijos en equilibrio de las necesidades afectivas y clínicas para ambas partes pues carecen del derecho a una guardería y los menores de edad, al llegar a los cuatro años, son arrancados de los brazos maternos para ser integrados a las filas de las instituciones, donde los niños esperan ser reclamados por sus familiares y en muchos de los casos son entregados en adopción.
Es decir, en su nacimiento los niños que nacieron en los penales llevan su penitencia.
Desde el cuadrante legislativo, el senador de la república por Sinaloa, Francisco Salvador López Brito, se mostró sorprendido de la falta de atención a un renglón humanitario como es el de los menores recluidos en las cárceles y reconoció que no hay ninguna iniciativa que permita encaminar acciones a favor de este sector vulnerable de la sociedad, ya que no se ha asomado ningún proyecto de ley encaminado a lograr que los niños nacidos en las cárceles tengan un horizonte de vida apropiado para abrirse paso en la sociedad.
SENADORES, TIBIOS O DE PLANO OMISOS
El resto de los senadores sinaloenses, es decir Aron Irízar López, Daniel Amador y Diva Hadamira Gastelum Bajo, se hicieron aun lado del tema, sus representantes en las oficinas gestoras de la entidad explicaron que no tenían tiempo para hablar sobre el tema y justificaron que estos senadores han tenido una agenda completa de asuntos más prioritarios que el de los niños en las cárceles.
Por su parte, López Brito, en su papel de Presidente de la Comisión de Salud en el Congreso de la Unión, explicó que si los niños que nacieron de madres recluidas en los centros penitenciarios de la entidad no son atendidos convenientemente tendrán una sentencia de por vida, por lo que se debe atajar todos los riesgos armando programas de atención directa y al corazón del problema, pues si se le saca la vuelta a las necesidades de este sector vulnerable, los niños pudieran ser acosados mediante señalamientos dolorosos que otros menores pudieran hacerles sobre el origen de su nacimiento desde un vientre recluido en los penales del estado.
Es decir, si se les señala su origen y nacimiento de una madre recluida pudiera tener un costo psicológico elevado para los niños, y la sociedad y el gobierno serían los responsables de las consecuencias que pueda acarrear la falta de atención a la situación que privan las cárceles estatales.
No se trata de arrancar de los brazos de su madre a los menores, sino que los niños tengan condiciones de desarrollo en zonas construidas en los propios centros de readaptación, donde convivan con su madre y a la misma vez se les prepare psicológicamente y clínicamente para volar en libertad como lo proponen las convenciones internacionales formuladas en favor de la niñez.
El fenómeno de los niños en las cárceles es un asunto nacional, por lo que sus derechos mantienen al país como campeón en desatención a este sector vulnerable.
NO HAY PRESUPUESTO PARA MENORES NACIDOS EN CÁRCELES
Todo ello ocurre en un escenario en donde los tres poderes de gobierno tratan de esconder su fachada y desviarse de las obligaciones que tienen para atender este reclamo, porque a pesar de los presupuestos asignados a la seguridad y a la readaptación social no se han construido las condiciones necesarios para la reinserción social de los delincuentes y se colocan barreras para darle a los niños que viven en las cárceles un vida emocional ajena al entorno contaminado en el que vieron su luz primera.
El manejo de los dineros para seguridad y ayuda a las víctimas del delito es ocultado y no se aplica en los renglones más prioritarios de la materia. Todo ello crea la tormenta perfecta en el futuro de la niñez en la entidad, sean o no hijos de reclusos.
De acuerdo con el Organismo no Gubernamental –ONG-, México Unido contra la Delincuencia, una sombra en el camino de los programas de atención a las familias que han quedado vulnerables por la inseguridad, es que desde las cumbres del gobierno federal se maquillan las cifras y se inflan los gastos para no aplicarlos correctamente.
Tampoco el Sistema DIF se interesa en el problema, porque tiene saturado su clientela de necesitados. En ninguna instancia del organismo, federal, estatal o municipal, existe un programa específico y con plena aplicación, en favor de los niños. Si falta atención a los pequeños de la calle, más omisa es la actitud ante los hijos de reclusas.
INFLAN Y DESVÍAN PRESUPUESTO PARA EL SECTOR
El organismo detalla que tan solo de la partida 33701, que se refiere a seguridad pública y nacional, el poder legislativo le autorizo 796 millones de pesos para gastos discrecionales en la materia, pero los funcionarios terminaron gastando 18 mil 539 millones de pesos, lo cual significa que el presupuesto se infló alrededor de 20 veces a lo que inicialmente se había contemplado y aun así no alcanzaron a reducir la violencia en el año 2016.
Lo más sorprendente es que el destino de los recursos no ha sido especificado y la ley de transparencia no ha sido suficiente para abrir las puertas de una investigación para saber en qué se aplicaron los recursos mencionados.
En términos de la UNICEF, la vulnerabilidad de los menores de edad lo hace un bocado de tentación para el crimen y en México los adolescentes no encuentran la ruta de un futuro prometedor, porque siempre están acechados por la pobreza y las necesidades de su familia.
De acuerdo a cifras de este organismo, en el país existen 31 millones de menores de edad, de los cuales el 54 por ciento vive en condiciones de pobreza alimentaria y cohabitan con una sociedad que cataliza los riesgos para que abandonen sus estudios.
Además, las cifras de organizaciones no gubernamentales del país, especifican que existen alrededor de 30 mil niños y adolescentes que están bajo el yugo del crimen y su vida orbita en torno a todo lo que significa la violencia.
De acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal, en el 2014 fueron procesados 13 mil 960 menores por diferentes delitos, de los cuales el cuatro por ciento, es decir 539 de estos niños fueron acusados de asesinos.
Ese año, fue la única ocasión en la que permeó a la sociedad la cifra de la criminalidad cometida por menores de edad, porque las instituciones gubernamentales blindaron sus datos durante el año 2015 y 2016 en los que la lucha contra la violencia fue debilitada y se abrieron espacios para que creciera el reclutamiento de pobres para formar las tropas de la criminalidad.
En Sinaloa no hay un plan armado para atender las necesidades de los menores de edad, y como lo muestra el caso de los niños nacidos de madres recluidas, son prácticamente invisibles porque nacieron con las puertas cerradas a una vida similar a la de otros niños procreados por familias integrales.