Miente PROFEPA en apoyo a FLO y “Leovi”

La declaración de manifiesta complicidad del procurador federal del ambiente, Guillermo Haro Bélchez, de que la planta de amoniaco que se instala afectando el noven humedal más importante de México, en la bahía de Topolobampo, no afecta la zona protegida Ramsar, sólo puede explicarse por dos razones:

Uno: que el procurador debió pronunciarse así por las presiones políticas de muy alto nivel a favor de la dupla Francisco Labastida Ochoa y Eduvigildo “Leovi” Carranza Beltrán, aunque este solapando el ecocidio.

Dos: que el funcionario desconoce el tema y habló de bote pronto, a favor de los amigos influyentes en las más altas esferas de los gobiernos federal y del estado.

Porque instituciones de gobierno y privadas que se dedican a la preservación del medio ambiente dicen una y otra vez que la industria que contra toda resistencia ambientalista y social tratan de edificar el ex gobernador y su socio como el negocio de su vida sí ocupa un humedal, que incluso está en rellenado con material pétreo.

Si el terreno comprado al ex diputado federal Rubén Félix Hays sólo fuera agostadero, como indican las escrituras notariales, no se haría trabajo para ganar superficie al agua. Pero Haro Bélchez cierra los ojos ante las evidencias, con tal de complacer a los poderosos inversionistas y a las altas autoridades federales.

La obra fue interrumpida debido a un amparo interpuesto por un grupo de ciudadanos. Pero la arrogancia de los promotores no se detiene ante semejante obstáculo y consiguieron que Haro Bélchez entrara a defender lo indefendible por el interés de los influyentes, afirmando que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente no encontró afectación alguna al sitio RAMSAR, en verificación realizada en septiembre del 2016.

Sin embargo, instancias prestigiosas y reconocidas, verdaderamente conocedoras del asunto, más que el procurador arribista y complaciente, opinan lo contrario.

En concreto, son coincidentes los puntos de vista del Centro Interdisciplinario de Investigaciones para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR), dependiente del Instituto Politécnico Nacional, con sede en Guasave; la propia Comisión Nacional para la Protección del Medio Ambiente, del sector SEMARNAT, y PRO-ESTEROS, organismo privado con 30 años de defensa de las áreas protegidas.

La ambientalista doctora Laura Martínez Ríos del Río, directora general de PRO-ESTEROS, declaró para Proyecto 3, voces que rompen el silencio, que la información cartográfica de que disponen indica sin lugar a dudas que la pretendida fábrica de amoniaco sí afecta la zona protegida de la bahía Santa María-Topolobampo-Ohuira.

Y la afectación es por codicia, ya que Félix Hays compró poco más de las 100 hectáreas que requiere la empresa de Carranza Beltrán y Labastida Ochoa, pero en la reventa, se incluyen 27 hectáreas del humedal en proceso de relleno.

“La fábrica de amoniaco está sobre la zona Ramsar”, afirmó la doctora Martínez Ríos del Río, luego de señalar que México “puede enfrentar problemas si no respeta el convenio internacional” que protege los santuarios naturales.

En el orden jurídico, enfatizó, “primero es la Constitución y luego los compromisos internacionales. Son leyes supremas ambas”.

Mostró una foto aérea (que se reproduce con esta misma nota), para mostrar el área que debe ser preservada de la contaminación y el punto donde se ubicaría la fábrica.

EL CÓDIGO SUPREMO DEL INFLUYENTISMO DICE LO CONTRARIO

Desde el gobierno de Mario López Valdez, los planes de Labastida y “Leovi” Carranza, el zar atunero, han tenido trato oficial de preeminencia. Y así continúa en la administración de Quirino Ordaz Coppel.

La voluntad política-empresarial del régimen federal también se manifiesta a favor del proyecto, que no solo afecta la flora y la fauna de la bahía, sino que pone en riesgo la seguridad de la población del puerto de Topolobampo.

Las plantas de amoniaco que se instalan en cualquier país del mundo, deben quedar alejadas de centros poblados, por los efectos de cualquier accidente que provoque fuga del gas tóxico.

Sólo en Sinaloa no se aplican los protocolos de seguridad a centros poblados y menos se respetan las normas Ramsar a que se obliga México desde los años setenta.

La terquedad en instalar la fábrica en la vecindad con Topolobampo, es de Labastida Ochoa, sólo porque el terreno fue proporcionado como intermediario por el ex diputado federal Rubén Benjamín Félix Hays, su protegido desde que se sumó a la campaña presidencial del año 2000 como promotor del voto joven del empresariado mexicano. En realidad, Félix aportó muy poco al esfuerzo del PRI en aquella ocasión, porque precisamente en ese sector fue más evidente el apoyo al panista Vicente Fox Quezada.

Pero la cercanía Félix-Labastida quedó sellada para siempre, esta vez con cargo al interés social.

LA CARGADA FEDERAL A FAVOR DE LA PLANTA DE AMONIACO

Al margen de los compromisos del ex gobernador para cumplir su promesa de que “la industria vá porque vá”, y del espaldarazo de su sucesor en este mismo sentido, Labastida y el poderío económico de su socio, de raíces guasavenses pero asentado en Mazatlán, han ganado la mejor disposición al negocio de diversos secretarios de estado.

Es tupida la red de complicidades entre Culiacán y Ciudad de México, suficiente para pisotear premisas internacionales en la preservación del medio ambiente.

Cada socio vinculado a través de Labastida debe recibir la tajada de beneficio a que se comprometieron los empresarios.

Como lo hemos señalado reiteradamente, en esa línea se cuentan los oficios de Rafael Pacchiano Alamán, de SEMARNAT y jefe directo del procurador Haro Bélchez, así como Pedro Joaquín Coldwell, de SENER; Ildefonso Guajardo Villarreal, de Economía y hasta José Antonio Meade Kuribreña, por lo que representa el apoyo a su proyecto político de parte de la clase empresarial sinaloense, con la que ha tenido contactos personales con visión futurista.