La “grilla” contra Quirino Ordaz

Una consulta a fuentes de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la PGR, nos dejó aclarado, en principio, un rumor que los maledicentes hicieron circular contra Quirino Ordaz Coppel.

Aunque el mazatleco es egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y es cercano a Alfredo del Mazo González -a quien se le atribuyó la paternidad de la candidatura al gobierno de Sinaloa-, no hay pruebas contundentes de que esté apoyando con líquido o en especie la campaña del candidato priista a la sucesión de Eruviel Ávila, Alfredo del Mazo Maza, según rezan aquellos chismes.

¿De dónde dinero? o como reza el refrán: ¿De donde charcos si no ha llovido? Las arcas de Sinaloa fueron saqueadas. Así las heredó Quirino.

Es cierto que del Mazo Maza está remando contra la corriente para exorcizar la jettatura que señorea sobre la figura de su padre, Del Mazo González, pero para un eventual triunfo el 4 de junio cree que le basta la operación montada desde la Oficina de Presidencia en Los Pinos.

Exacto, en 1987, Alfredo del Mazo González fue acelerado por Heriberto Galindo Quiñones y David López Gutiérrez para que le disputara la candidatura presidencial del PRI a Carlos Salinas de Gortari. Como es del dominio público, perdió el lance.

Alfredo del Mazo González pasó por la gerencia general del Banco Obrero. La institución desapareció. Del Mazo González llegó en 1985 a la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal (Semip) en relevo de Francisco Buenaventura Labastida Ochoa. La Semip se extinguió.

En 1997, aun con el apoyo del profesor Carlos Hank González, Alfredo del Mazo Gonzáles terminó derrotado en su pretensión de ser primer jefe de Gobierno del Distrito Federal. Lo dejó en la lona Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

Algo le ocurre a Del Mazo González. Hace unas semanas se vio envuelto en escándalo mediático porque en libaciones en la Ciudad de México con David López Gutiérrez, el sinaloense se fue de la lengua hablando de la pachorra de su ex jefe Enrique Peña Nieto.

Contra ese espectro paternal se enfrenta Alfredo del Mazo Maza, pero hasta ahora no se confirma que Quirino Ordaz Coppel le esté brindado auxilios “ni amistosos ni materiales” ¿Con qué ojos divina tuerta?

No hay evidencias, según nos aclara la fuente de la  Fepade, de que brigadas de sinaloenses (salvo Galindo Quiñones y López Gutiérrez), anden en el Estado de México promoviendo el voto para el mexiquense que, dicho sea de paso, fue desplazado hace seis años por el propio Peña Nieto en su aspiración para llegar al Palacio en Toluca.

Ahora bien: Lo que si es del conocimiento público, con expedientes abiertos en el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF y la propia Fepade, es que la disputa por la gubernatura del Estado de México se ha vuelto un rosario de transgresiones a las normas electorales.

A los beligerantes por la gubernatura del Estado de México, sin distingo de partidos, les importa un bledo pagar 100, 300, 500 millones de pesos de multa por infracciones probadas al código electoral estatal: Está de por medio un botín de más de mil millones de pesos que suma el presupuesto de egresos sexenal de la entidad. La inversión en multas es redituable.

Como decía el célebre cacique guerrerense, Rubén Figueroa Figueroa, “la carga pesa, pero el flete lo recompensa”.

La bolsa presupuestal estatal cuenta, pero cuenta más el interés de Enrique Peña Nieto por retener para el PRI el Estado de México. Ahí se definirá la sucesión presidencial de 2018, en cuyo caso estamos hablando de 25 billones de pesos en el sexenio.

El Estado de México es, pues, el epicentro de 2018. Y aquí entramos en un giro al tema: La jauría sinaloense anda desatada en la disputa por las candidaturas al Congreso de la Unión. Desatada en Sinaloa, en medio del infernal ambiente.

Les tenemos noticias a esos acelerados, sobre todo a aquellos que nominalmente ocupan las delegaciones federales en el estado. Nominalmente, precisamos, porque esas delegaciones han sido prácticamente abandonada por sus titulares en manos de sus chalanes, para dedicarse por la libre a la grilla.

En el centro de esta advertencia está la peste de la corrupción pública. Sabemos que el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMEC), la organización civil Mexicanos contra la Corrupción y Transparencia Internacional están acometiendo un plan cautelar para el sexenio 2018-2024.

Un pequeño abono a ese plan  anticorrupción se anunció la semana pasada: El IMEC emplazó a todos los candidatos al gobierno del Estado de México a que por escrito se comprometan a cumplir once objetivos de gobierno. Está dicho organismo en espera de la respuesta al buscapiés.

Pero la presa mayor, es la próxima administración pública federal. El criterio de las instituciones citadas es que, a 17 meses de que concluya el mandato de Peña Nieto, ya no es posible reparar el entuerto dadas las dilaciones a los nombramientos del Fiscal Anticorrupción y los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Vale más prevenir que lamentar: Los tres organismos nombrados, con el auxilio de otras organizaciones de la sociedad civil que luchan contra la corrupción, han hecho una selección de mil 500 puestos federales.

Suponiendo que en automático titulares de las secretarías encargadas de despacho, las subsecretarías y las oficiales mayores quedan a criterio del próximo jefe del Ejecutivo, las direcciones generales, direcciones, jefaturas de departamento y unidades administrativas quedan sujetas a otro tipo de evaluaciones.

La observación preliminar es la siguiente: En las dependencias administrativas de segundo nivel se incuba el huevo de la corrupción federal. La continuidad de esos funcionarios, es necesaria a los nuevos grandes jefes para perpetuar las felonías, porque éstos saben como hacerlo.

Esos burócratas de “peluche” tienen un doble amparo: Los servicios Civil y Profesional de Carrera. Cualquier amenaza a su cese o remoción tiene que pasar por las instancias del Tribunal Federal de Administración. Los litigios son largos y caros.

El propósito del IMEC, de Mexicanos contra la Corrupción y de Transparencia Internacional, es que los nombramientos para 2018-2024 pasen (como ahora se hace con los maestros o los policías) por una instancia colegiada que haga la evaluación de su idoneidad.

No se pretende, aclara los representantes de esos organismos, de que el Estado quede en manos químicamente puras, pero al menos el futuro Presidente demostrará que tiene voluntad política para contener el flagelo, cosa que no ocurre con Peña Nieto.

De ello sigue -retornamos a Sinaloa-, que los delegados federales, que se sienten la última coca cola en el desierto, tienen sus meses contados: Su permanencia o su reacomodo no dependerá de los amigochos que se acomoden en el gabinete futuro.

Ahí es, para muchos de esos delegados en Sinaloa, donde la puerca va a torcer el rabo. Los gestores del nuevo modelo de construcción de la Administración Pública Federal, tienen a un equipo de especialistas revisando las compulsas de las Cuentas Públicas, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados, en el renglón específico de Gasto Federal Participable.

Ese gasto es el que administran en cada estado las delegaciones federales. Las secretarías federales a las  que más exorbitantes recursos se asignan son, por ejemplo, las de Desarrollo Social (Sedesol) y Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

Ya existen, como resultado de las pesquisas de la Auditoría Superior de la Federación, más de 300 recomendaciones y observaciones (algunas corridas a vistas de la PGR) sobre desvíos, simulaciones contables, contratos a empresas fantasmas, etcétera, particularmente en el caso de la Sagarpa.

Esa es “la explicación” del activismo electorero de algunos delegados federales en Sinaloa: En vez de poner sus barbas a remojar, están buscando la protección -si al alance de ellos está- del fuero legislativo. O de algún  cómplice en el Congreso federal que le garantice impunidad.

En cuanto a Quirino Ordaz Coppel, tiene cuerda para lo que le resta del joven sexenio. Especímenes como Galindo Quiñones y López Gutiérrez (a éste se la acaba el agua del bule dentro de 14 meses) pueden apostar su “resto”, que es morralla, a Edomex. Lo mismo, a algunos empresarios sinaloenses que tienen contratos con Eruviel Ávila. Esta manga de vividores de la teta pública tiene mucho que perder.

Los sinaloenses todos, lo que exigen es que “el que tenga tienda que la atienda”.

Álvaro Aragón Ayala

Conductor del programa de radio Ruta Mexico y analista politico en Radio UAS, Diario de Sinaloa y Director Ejecutivo de Proyecto 3.